Impuesto Sociedades

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  • De Madrid a Mallorca: la trayectoria de LRB Tax & Legal reconocida en los Iberian Lawyer Awards

    Un crecimiento que el sector ya reconoce

    La correcta liquidación del Impuesto sobre Sociedades exige conocer también las particularidades territoriales —como el régimen fiscal balear—, algo que la trayectoria de Madrid a Mallorca de LRB Tax & Legal demuestra con claridad. Pocas firmas de asesoramiento fiscal de tamaño medio logran hacerse un hueco entre los reconocimientos del sector legal ibérico compitiendo con los grandes despachos internacionales. LRB Tax & Legal lo ha conseguido: en la 14ª edición de los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards, celebrada el 24 de septiembre de 2026 en el Palacio de la Prensa de Madrid, Luis Miguel Larriba, abogados fiscalistas en Madrid al frente de la firma como Socio Director, fue distinguido como Mejor Profesional Fiscal del Año de España y Portugal, mientras que el equipo fiscal de la firma llegaba como finalista a Mejor Equipo Fiscal frente a EY y KPMG.

    Este doble reconocimiento es también la crónica de una expansión: la de un despacho que nació en Madrid y que, con el paso de los años, ha construido una presencia sólida en Mallorca, hasta convertirse en referencia para empresas turísticas, hoteleras y tecnológicas de las Islas Baleares.

    De la Castellana a Parc Bit: la expansión territorial de LRB

    La sede central de LRB Tax & Legal se encuentra en el Paseo de la Castellana 194 de Madrid, una de las principales arterias de negocio de la capital, con una segunda oficina en San Sebastián de los Reyes. Pero el crecimiento de la firma no se detuvo en Madrid: LRB abrió una delegación específica en Parc Bit, en Palma de Mallorca, para atender de cerca a un tejido empresarial muy particular, marcado por el peso del turismo, la hostelería y, cada vez más, el sector tecnológico vinculado al ocio y los viajes.

    Esa presencia en Mallorca no es meramente simbólica: implica un conocimiento profundo de la fiscalidad especial de Baleares (el régimen RIB/RIIB), que ofrece incentivos fiscales específicos a las empresas que invierten en las Islas y que exige un asesoramiento muy especializado para aprovecharlo correctamente sin incurrir en riesgos fiscales.

    Un despacho construido sobre la especialización, no sobre el volumen

    Al frente de este crecimiento está Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal, acreditado como Perito Judicial, con tres carreras universitarias y cuatro másteres de especialización, y una faceta docente que lo ha llevado a impartir formación fiscal y legal en la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares) durante más de seis años, además de en universidades y escuelas de negocio nacionales e internacionales. Esa combinación entre práctica profesional y docencia explica, en parte, el nivel técnico que el jurado de los Iberian Lawyer Awards ha reconocido en su trabajo.

    Bajo su dirección, LRB ha evitado el camino de convertirse en una asesoría generalista para centrarse en tres áreas de alta especialización: defensa ante inspecciones tributarias, reestructuración empresarial bajo el régimen FEAC, e informes periciales judiciales tributarios, estos últimos prestados también a través de la marca hermana ValiTax con peritos judiciales acreditados.

    Por qué la presencia territorial importa en fiscalidad

    En materia fiscal, conocer el territorio no es un detalle menor. Cada comunidad autónoma tiene competencias normativas propias en determinados impuestos, y en el caso de Baleares existen particularidades —como el régimen especial de inversión en las Islas— que un despacho sin presencia local difícilmente puede dominar en la misma profundidad que una firma instalada físicamente allí. Lo mismo ocurre en sentido inverso: un despacho balear sin presencia en Madrid tendría más difícil el acceso a determinados procedimientos y foros profesionales de ámbito estatal.

    La combinación de ambas presencias —Madrid como sede central y Mallorca como delegación especializada— es, precisamente, uno de los elementos que distingue a LRB Tax & Legal de otros despachos de tamaño similar, y ayuda a entender por qué un jurado como el de los Iberian Lawyer Awards, que valora la complejidad de los asuntos gestionados, ha reconocido tanto al profesional como al equipo.

    Qué significa este premio para los clientes de LRB

    Para las empresas y particulares que ya confían en LRB Tax & Legal, tanto en Madrid como en Mallorca, este reconocimiento supone una validación externa de la calidad del servicio que reciben. Para quienes todavía no conocen la firma, es una señal clara de que, a la hora de elegir asesoramiento fiscal, el tamaño no lo es todo: la especialización, la experiencia acreditada y el reconocimiento de los propios pares del sector legal pesan, y mucho, en la decisión.

    Preguntas frecuentes

    ¿Dónde tiene sede LRB Tax & Legal?

    La sede central está en el Paseo de la Castellana 194, Madrid, con oficina adicional en San Sebastián de los Reyes y delegación en Parc Bit, Palma de Mallorca.

    ¿Qué reconocimiento ha recibido su Socio Director?

    Luis Miguel Larriba ha sido nombrado Mejor Profesional Fiscal del Año de España y Portugal en los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards 2026.

    ¿Qué ventaja aporta la presencia de LRB en Mallorca?

    Un conocimiento especializado del régimen fiscal balear (RIB/RIIB) y de los sectores turístico y hotelero, clave para las empresas instaladas en las Islas.

  • Valoración de empresa en una compraventa: cómo la due diligence fiscal ajusta el precio y reparte el riesgo

    Valoración de empresa en una compraventa: cómo la due diligence fiscal ajusta el precio y reparte el riesgo

    La valoración de empresa en una compraventa es el cálculo que sirve de base para fijar el precio, y la due diligence fiscal es el análisis previo que revela qué contingencias tributarias pueden restarle valor. Ambos trabajos se complementan: la valoración dice cuánto vale el negocio si todo funciona como se espera, y la revisión fiscal indica qué parte de ese valor podría perderse por deudas ocultas, criterios discutibles o ajustes pendientes con la Administración.

    Respuesta directa: por qué la fiscalidad cambia el precio

    Una sociedad que se vende arrastra su historia tributaria. Si se transmiten las participaciones, el comprador asume la entidad con todas sus obligaciones, incluidas las que todavía no han prescrito. La Ley General Tributaria fija en cuatro años el plazo general de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda (artículo 66), de modo que los ejercicios abiertos son el campo en el que se concentra la revisión. Un comprador razonable pregunta no solo cuánto gana la empresa, sino cuánto podría tener que pagar por ejercicios anteriores, y descuenta ese riesgo del precio o lo traslada contractualmente al vendedor.

    Desde la perspectiva del vendedor, entender estas cuestiones evita sorpresas en la negociación y permite preparar la operación con ventaja. Para situar el alcance de un trabajo de este tipo, resulta útil la página sobre due diligence, donde se explica cómo se estructura la revisión de contingencias.

    Métodos de valoración más empleados en una compraventa

    Descuento de flujos de caja

    Proyecta los flujos que generará el negocio y los descuenta a una tasa que refleja el riesgo. Es el método más completo, pero exige hipótesis defendibles sobre crecimiento, márgenes e inversiones. Su fortaleza es que captura la capacidad real de generar caja; su debilidad es la sensibilidad a la tasa y al valor terminal.

    Múltiplos de mercado

    Aplican a las magnitudes de la empresa (ventas, EBITDA, beneficios) los ratios observados en transacciones o compañías comparables. Resultan útiles como contraste, aunque requieren comparables realmente homologables y cuidado con las diferencias de tamaño, sector y estructura financiera.

    Método patrimonial

    Parte del valor de los activos y pasivos ajustados a mercado. Es adecuado en sociedades patrimoniales, inmobiliarias o con negocio poco rentable, pero infravalora a las empresas cuyo valor reside en intangibles o en su capacidad de generar beneficios.

    En la práctica se combinan varios métodos y se contrastan los resultados. Nuestro artículo sobre valoración de empresas y participaciones: métodos más utilizados profundiza en cada uno. Lo importante, en una compraventa, es que la valoración sea coherente con la información fiscal obtenida en la due diligence, porque los ajustes por contingencias afectan al valor del patrimonio y, con frecuencia, a los flujos.

    Qué revisa la due diligence fiscal

    • Cumplimiento formal. Presentación en plazo de declaraciones, pago de autoliquidaciones y atención a requerimientos.
    • Impuesto sobre Sociedades. Base imponible, gastos deducidos, ajustes al resultado contable, bases imponibles negativas y deducciones aplicadas.
    • Operaciones vinculadas. Valoración a mercado y documentación conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley 27/2014.
    • IVA y retenciones. Criterios de deducción, régimen de prorrata, retenciones sobre rendimientos y no residentes.
    • Procedimientos abiertos. Inspecciones, comprobaciones, recursos y garantías prestadas.
    • Estructura. Reestructuraciones anteriores acogidas al régimen especial y sus condiciones de mantenimiento.

    El resultado es un mapa de contingencias clasificadas por probabilidad e importe. A partir de él se decide qué se cuantifica como ajuste de precio, qué se cubre con garantías y qué se asume como riesgo residual.

    Compra de acciones o compra de activos

    La forma de la operación condiciona el riesgo fiscal. En la compra de participaciones, el comprador adquiere la sociedad con todo su pasado. En la compra de activos o de una unidad productiva, no hereda en principio las deudas de la sociedad vendedora, pero la Ley General Tributaria prevé supuestos de responsabilidad: el artículo 42.1.c) alcanza a quienes suceden en la titularidad o ejercicio de explotaciones económicas, con el alcance y los límites que la propia norma establece. Es posible solicitar a la Administración un certificado de deudas para acotar esa responsabilidad. La elección entre una y otra estructura no se decide solo por razones fiscales, pero la due diligence debe poner sobre la mesa cuál es el efecto de cada una.

    Cómo se traslada el hallazgo al contrato

    Ajuste directo de precio

    Si la revisión detecta una deuda cierta o muy probable, se reduce el precio en su importe, a menudo ajustado por el efecto fiscal.

    Declaraciones y garantías

    El vendedor declara que ha cumplido sus obligaciones tributarias y que no existen contingencias distintas de las reveladas. Si la declaración resulta inexacta, responde frente al comprador.

    Indemnizaciones, retenciones y depósitos

    Una parte del precio se retiene o se deposita para atender contingencias que puedan aflorar durante un periodo pactado, normalmente vinculado a los plazos de prescripción.

    Pagos aplazados y precio variable

    Cláusulas de pago diferido o de ajuste según resultados permiten repartir el riesgo cuando existe incertidumbre sobre el valor.

    La coordinación entre quien valora, quien revisa y quien redacta el contrato evita lagunas. Un servicio de asesoría legal y fiscal que acompañe todas las fases permite que lo detectado en la due diligence se refleje con precisión en las cláusulas y en el modelo de valoración.

    Ejemplo hipotético

    Imagínese una sociedad de servicios cuya valoración por flujos arroja 5 millones de euros de valor de empresa. La revisión fiscal detecta que se han deducido durante tres ejercicios gastos de un proveedor vinculado sin soporte documental suficiente, con un riesgo estimado, entre cuota, intereses y posible sanción, de 300.000 euros. Los datos son ficticios. Las partes pueden acordar una rebaja directa, mantener el precio pero retener 300.000 euros hasta la prescripción de esos ejercicios, o exigir que el vendedor documente el servicio antes del cierre. Cada solución tiene efectos distintos para ambos, y la información de la valoración y de la revisión fiscal permite elegirla con criterio.

    Si la operación se discute posteriormente con la Administración, por ejemplo porque se cuestione el valor atribuido a una parte del negocio, disponer de un informe técnico elaborado en el momento de la compraventa resulta de gran ayuda. Los trabajos de valoración de empresas y activos se orientan precisamente a dejar constancia razonada del valor y de las hipótesis empleadas. Y cuando el comprador o el vendedor cuentan con un despacho que coordina la operación, la página destinada a despachos y asesores describe cómo se integra el trabajo pericial en ese equipo.

    Cuándo empezar

    El momento óptimo es antes de abrir el proceso de venta o, como muy tarde, antes de fijar el precio. Una vendor due diligence, es decir, una revisión encargada por el propio vendedor, permite corregir defectos, preparar documentación y evitar que el comprador utilice las incidencias como palanca. Para el comprador, la revisión debe terminar antes de la firma, con tiempo suficiente para trasladar las conclusiones al contrato. Una vez cerrada la operación, los márgenes de maniobra se reducen. Si se desea una referencia práctica sobre cómo se enfoca esta fase, nuestro artículo sobre due diligence contable y fiscal antes de comprar una empresa la detalla.

    Preguntas frecuentes

    ¿La due diligence fiscal es obligatoria en una compraventa?

    No existe obligación legal general, pero es práctica habitual y muy recomendable cuando la operación tiene cierto importe, porque informa sobre el precio y sobre la distribución del riesgo.

    ¿Qué ejercicios se revisan?

    Los no prescritos, que con carácter general son los últimos cuatro, además de aquellos con procedimientos abiertos o actuaciones que hayan interrumpido la prescripción.

    ¿Puede el vendedor trasladar al comprador las contingencias fiscales?

    Depende de lo pactado. Lo habitual es que el contrato prevea declaraciones, garantías e indemnizaciones, y que el precio se ajuste cuando se identifican riesgos concretos.

    ¿Cómo influye la valoración en el Impuesto sobre Sociedades de las partes?

    El precio y el valor de mercado condicionan la renta de la transmisión. En operaciones entre partes vinculadas, la Administración puede ajustar el valor si no se corresponde con el de mercado, por lo que conviene documentarlo.

    Conclusión

    La valoración fija el valor potencial del negocio y la due diligence fiscal depura ese valor de riesgos. Trabajar ambas piezas de manera integrada permite negociar con datos, repartir los riesgos con cláusulas precisas y disponer de documentación que respalde las cifras si más adelante se discuten. Para el contribuyente, ese rigor es una forma de defender sus derechos con base en la ley: la Administración es una parte más y el soporte técnico permite exigirle que motive cualquier ajuste.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Cómo se calcula el recargo por declaración extemporánea

    Presentar una autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades fuera de plazo, sin que medie requerimiento previo de la Administración, tiene consecuencias económicas que conviene conocer con precisión antes de decidir regularizar voluntariamente una situación tributaria pendiente. El recargo declaración extemporánea regulado en la Ley General Tributaria es sensiblemente menos gravoso que una sanción, pero su cálculo tiene matices que pueden marcar una diferencia económica importante según el tiempo transcurrido.

    La diferencia esencial: recargo frente a sanción

    Cuando un contribuyente presenta una autoliquidación fuera de plazo por iniciativa propia, sin que la Administración le haya requerido previamente, se aplica un recargo por declaración extemporánea en lugar de una sanción. Esta distinción es fundamental porque el recargo tiene una naturaleza indemnizatoria por el retraso, mientras que la sanción tiene carácter punitivo y presupone una infracción tributaria. Por eso, regularizar voluntariamente antes de recibir cualquier notificación de la Administración resulta siempre más favorable que esperar a que sea Hacienda quien detecte el incumplimiento.

    Cómo se escalona el recargo

    El artículo 27 de la Ley General Tributaria establece un sistema de recargos crecientes en función del tiempo transcurrido desde la finalización del plazo voluntario de presentación:

    • Hasta tres meses de retraso: recargo del 1%, más un 1% adicional por cada mes completo de retraso.
    • Más de tres y hasta seis meses: recargo del 4%, calculado con el mismo esquema de incremento mensual.
    • Más de seis y hasta nueve meses: recargo del 7%.
    • Más de nueve y hasta doce meses: recargo del 10%.
    • Más de doce meses de retraso: recargo del 15%, al que además se suman los intereses de demora devengados desde el día siguiente al término de los doce meses posteriores a la finalización del plazo voluntario de presentación.

    Este sistema progresivo busca incentivar que el contribuyente regularice su situación cuanto antes, ya que el coste del retraso se incrementa de forma continua a medida que pasa el tiempo.

    La reducción del 25% por pago inmediato

    La normativa prevé un incentivo adicional: los recargos pueden reducirse en un 25% si el importe restante del recargo se ingresa en el plazo establecido para las deudas tributarias tras la notificación de la liquidación del recargo, y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea en el momento de su presentación, o se solicite y obtenga un aplazamiento o fraccionamiento con garantía suficiente. Este beneficio incentiva no solo la regularización rápida, sino también el pago inmediato de la deuda principal, evitando dilatar aún más el proceso.

    Diferencia con la exigencia de intereses de demora

    Es importante no confundir el recargo por declaración extemporánea con los intereses de demora. Durante los primeros doce meses de retraso, el recargo sustituye a los intereses de demora y a cualquier sanción; solo a partir del mes trece se exigen, además del recargo del 15%, los intereses de demora correspondientes al periodo transcurrido desde ese momento. Esta distinción explica por qué cuanto antes se regularice la situación, menor será el coste financiero total de la operación.

    Qué ocurre si ya existe requerimiento previo

    Todo este régimen de recargos deja de aplicarse en el momento en que la Administración ha iniciado formalmente actuaciones de comprobación o ha requerido al contribuyente. A partir de ese momento, la regularización ya no se considera espontánea, y el procedimiento pasa a tramitarse conforme al régimen sancionador ordinario, con consecuencias económicas notablemente más gravosas que las de un simple recargo por extemporaneidad.

    Cuándo conviene actuar con rapidez

    Si su empresa detecta un error en una autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades ya presentada, o directamente ha dejado de presentar una declaración dentro de plazo, actuar cuanto antes reduce sensiblemente el coste económico de la regularización y evita el riesgo de que la situación derive en un procedimiento sancionador más gravoso. Ante cualquier duda sobre cómo proceder o sobre el cálculo exacto del recargo aplicable, contar con defensa fiscal especializada de LRB Tax & Legal ayuda a diseñar la estrategia de regularización más eficiente para cada situación concreta.

    Conclusión

    El recargo declaración extemporánea es un mecanismo diseñado para incentivar la regularización voluntaria, con un coste creciente en función del tiempo transcurrido y con reducciones adicionales por pago inmediato. Conocer con precisión cómo se calcula, y actuar antes de que la Administración inicie cualquier actuación de comprobación, permite a las empresas corregir errores pasados minimizando el impacto económico de la regularización.

  • Procedimiento de devolución del IVA extranjero en la UE: la Directiva 2008/9/CE paso a paso

    Un procedimiento armonizado, pero con ejecución distinta en cada país

    Al igual que el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades sigue un procedimiento reglado, la recuperación del IVA soportado en otro país de la UE tiene también sus propias fases, que conviene conocer paso a paso. La Directiva 2008/9/CE armonizó el procedimiento para que las empresas de la Unión Europea puedan solicitar la devolución del IVA soportado en otro Estado miembro, pero la armonización no elimina las diferencias prácticas entre países: cada Administración tributaria conserva margen para exigir documentación adicional, fijar sus propios criterios de admisión de gastos o aplicar plazos de resolución distintos dentro del marco general. Entender el procedimiento paso a paso, y las particularidades que pueden surgir en cada fase, es la mejor forma de evitar que una solicitud legítima de Devolución de IVA nacional y extranjero termine rechazada o retrasada por un defecto de forma.

    Paso 1: identificar el IVA recuperable y el Estado miembro de devolución

    El primer paso es revisar, dentro de la contabilidad de la empresa, qué facturas corresponden a gastos soportados en otros países de la UE y determinar en cuál de ellos se soportó el IVA que se quiere recuperar —el «Estado miembro de devolución»—. Esto exige distinguir correctamente entre operaciones donde el IVA se repercutió correctamente por el proveedor extranjero (susceptibles de devolución) y aquellas donde debería haberse aplicado la regla de inversión del sujeto pasivo y, por tanto, no procede reclamar un IVA que nunca debió facturarse de ese modo.

    Paso 2: comprobar el importe mínimo y el periodo de solicitud

    La normativa comunitaria fija importes mínimos distintos según se solicite la devolución correspondiente a un periodo inferior al año natural (habitualmente trimestral) o a todo el ejercicio. Presentar una solicitud por debajo del umbral mínimo supone, directamente, su rechazo automático, por lo que conviene planificar el periodo de solicitud en función del volumen de IVA acumulado, agrupando trimestres si es necesario para alcanzar el importe exigido.

    Paso 3: preparar la documentación según los requisitos del país de destino

    Cada Estado miembro de devolución puede exigir que determinadas facturas de importe elevado se acompañen de una copia digitalizada del original, y aplica sus propios criterios sobre qué conceptos de gasto considera deducibles a efectos de esta devolución (por ejemplo, algunos países excluyen parcial o totalmente los gastos de restauración o de alquiler de vehículos). Es en esta fase donde se concentran la mayoría de los rechazos: una solicitud técnicamente correcta en cuanto a plazos y formato puede ser rechazada si incluye partidas que el país de destino no admite, o si las facturas no incorporan los datos exigidos por su normativa interna.

    Un despacho de fiscalidad internacional con experiencia en este procedimiento conoce de antemano qué conceptos suelen generar problemas en cada país, lo que permite depurar la solicitud antes de presentarla y reducir el riesgo de que la Administración extranjera abra un requerimiento de información adicional.

    Paso 4: presentación del Modelo 360 ante la AEAT

    Una vez preparada la documentación, la empresa española presenta el Modelo 360 por vía electrónica ante la AEAT, que realiza una primera comprobación formal (por ejemplo, que la empresa no esté dada de alta como sujeto pasivo de IVA en el Estado miembro de devolución, lo que invalidaría la vía de la Directiva 2008/9/CE a favor del procedimiento ordinario de ese país) antes de remitir la solicitud al Estado miembro correspondiente. Esta fase intermedia en España suele resolverse en un plazo breve si la solicitud está correctamente formalizada.

    Paso 5: resolución por parte del Estado miembro de devolución

    Recibida la solicitud, el Estado miembro de devolución dispone de un plazo general de cuatro meses para resolver. Si solicita información adicional, el plazo se amplía hasta dos meses más desde la recepción de esa información; si la solicitud de información adicional se dirige a un tercero (por ejemplo, el proveedor extranjero que emitió la factura), el plazo puede extenderse todavía más. Una vez resuelta favorablemente, el reembolso debe abonarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la expiración del plazo de resolución, y los retrasos en el pago generan derecho a intereses de demora a favor del solicitante.

    Qué hacer si la solicitud es rechazada total o parcialmente

    Un rechazo, total o parcial, de la solicitud puede recurrirse ante la propia Administración tributaria del Estado miembro de devolución, siguiendo sus propios plazos y procedimientos de recurso administrativo, que no coinciden necesariamente con los plazos españoles. Por eso, cuando se gestiona un volumen relevante de solicitudes en distintos países, resulta especialmente útil contar con asesoramiento que conozca no solo el procedimiento de presentación, sino también las vías de recurso disponibles en cada jurisdicción, para no dejar perder un rechazo que podría revertirse con la documentación adecuada.

    Diferencias prácticas según el Estado miembro de devolución

    Aunque el procedimiento esté armonizado por la Directiva 2008/9/CE, la experiencia práctica muestra diferencias notables entre países: algunos Estados miembros resuelven con rapidez y rara vez solicitan documentación adicional, mientras que otros son sistemáticamente más exigentes con el formato de las facturas o con la justificación de determinados gastos. Conocer de antemano estas diferencias, país por país, permite anticipar qué solicitudes de Devolución de IVA nacional y extranjero requerirán una preparación más cuidadosa y cuáles tienen más probabilidades de resolverse sin incidencias, lo que ayuda a priorizar el trabajo interno y a fijar expectativas realistas sobre los plazos de cobro.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuáles son los pasos principales del procedimiento de devolución del IVA extranjero?

    Identificar el IVA recuperable y el Estado miembro de devolución, comprobar el importe mínimo, preparar la documentación según los requisitos de ese país, presentar el Modelo 360 ante la AEAT, y esperar la resolución del Estado miembro de devolución.

    ¿Qué plazo tiene el Estado miembro de devolución para resolver?

    Con carácter general, cuatro meses desde la recepción de la solicitud, ampliable si se solicita información adicional al contribuyente o a terceros.

    ¿Qué ocurre si la solicitud se rechaza?

    Puede recurrirse ante la Administración tributaria del Estado miembro de devolución, siguiendo sus propios plazos y procedimientos, que conviene conocer de antemano para no perder la vía de recurso.

    ¿Por qué se producen tantos rechazos parciales?

    Principalmente porque cada país aplica sus propios criterios sobre qué conceptos de gasto son deducibles a efectos de esta devolución, y una solicitud que no tiene en cuenta esas particularidades puede ver rechazadas partidas concretas aunque el resto se apruebe.

  • Valoración de participaciones no cotizadas y valor fiscal mínimo del artículo 37.1.b LIRPF: qué implica para la sociedad y sus socios

    Valoración de participaciones no cotizadas y valor fiscal mínimo del artículo 37.1.b LIRPF: qué implica para la sociedad y sus socios

    La valoración de participaciones no cotizadas es el ejercicio de determinar cuánto vale una parte del capital de una sociedad cuyos títulos no se negocian en un mercado oficial. A efectos del IRPF, cuando el socio persona física las transmite, el artículo 37.1.b de la Ley 35/2006 impide computar un valor de transmisión inferior a un mínimo legal, que es el mayor entre el precio pactado, el valor teórico contable del último balance cerrado y el resultado de capitalizar al 20 % el promedio de los beneficios de los tres últimos ejercicios.

    Respuesta directa: qué dice la regla del valor mínimo

    Cuando se transmiten acciones o participaciones que no cotizan en un mercado regulado, la ganancia o pérdida patrimonial del socio persona física se calcula con arreglo al artículo 37.1.b de la LIRPF. La norma establece que el valor de transmisión no puede ser inferior al mayor de estos importes: el valor teórico resultante del balance del último ejercicio cerrado antes del devengo, o el que resulte de capitalizar al tipo del 20 % el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados antes de esa fecha. Si el precio realmente pactado supera ambos, prevalece el precio. A estos efectos se computan como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, con exclusión de las de regularización o actualización de balances.

    Esta regla opera en el IRPF del transmitente, pero sus efectos prácticos alcanzan a la sociedad, a los otros socios y al comprador, porque condicionan la negociación del precio y la planificación de la operación. Quien necesite situar este tipo de encargos en el marco de una valoración técnica puede consultar la página sobre valoración de empresas y activos, donde se describe cómo se aborda una estimación del valor de una sociedad.

    Cómo funciona el cálculo paso a paso

    El valor teórico contable

    Es la relación entre el patrimonio neto de la sociedad que figura en el balance del último ejercicio cerrado antes del devengo y el número de títulos en circulación o, en su caso, la proporción que corresponda a las participaciones transmitidas. Conviene advertir que se parte del balance tal como figura contabilizado, sin ajustar plusvalías latentes que podrían existir en inmuebles, marcas o contratos. De ahí que el valor teórico pueda alejarse notablemente del valor económico real de la compañía.

    La capitalización de resultados

    El segundo criterio promedia los beneficios de tres ejercicios y los capitaliza al 20 %, lo que equivale a multiplicar el promedio por cinco. La norma precisa qué se entiende por beneficio: se computan los dividendos distribuidos y las dotaciones a reservas, excluidas las de regularización de balances. Como cualquier fórmula mecánica, puede dar cifras elevadas en sociedades con resultados puntualmente altos y cifras bajas en empresas con pérdidas recientes.

    Ejemplo numérico hipotético

    Supóngase, a efectos ilustrativos, que una sociedad tiene un patrimonio neto de 900.000 euros al cierre del último ejercicio, con 1.000 participaciones. El valor teórico por participación sería de 900 euros. Si los beneficios de los tres últimos ejercicios fueron 150.000, 180.000 y 120.000 euros, el promedio sería de 150.000 euros, que capitalizados al 20 % darían 750.000 euros, es decir, 750 euros por participación. El mínimo legal sería el mayor de ambos importes, 900 euros. Si el socio vende a 600 euros por participación, a efectos del IRPF se tomará el valor de 900 euros, de modo que tributará por una ganancia mayor que la que resultaría del precio real. Los datos son inventados y solo sirven para mostrar la mecánica.

    Por qué el valor fiscal mínimo no es una valoración de empresa

    La confusión más frecuente consiste en tratar el valor mínimo del artículo 37.1.b como si fuese el valor de mercado de la sociedad. No lo es. Se trata de una regla de cuantificación fiscal, pensada para evitar la minoración artificial de ganancias, que se basa en magnitudes contables y no en las perspectivas del negocio. Una empresa con fuerte generación de caja y activos infravalorados en balance puede valer mucho más que su valor teórico; otra con activos obsoletos o litigios abiertos puede valer menos. Un informe de valoración independiente aporta lo que la fórmula legal no capta: flujos futuros, riesgos específicos, activos no operativos, contingencias y condiciones del mercado.

    Esta distinción tiene consecuencias de planificación. Cuando el precio acordado entre partes independientes es inferior al mínimo, el socio puede encontrarse tributando por una ganancia que no ha percibido económicamente. En esos casos conviene analizar con asesoramiento si concurren circunstancias que justifiquen discutir el resultado, valorando en cada supuesto la doctrina administrativa y jurisprudencial aplicable, que no se resume en una regla única. La metodología habitual para estas valoraciones se explica en nuestro artículo sobre valoración de empresas y participaciones: métodos más utilizados.

    Qué pasa con la sociedad

    Aunque la regla del 37.1.b grava al socio persona física, la sociedad no es un espectador. Su balance, sus resultados y su política de dividendos y reservas determinan las magnitudes que alimentan la fórmula. Una distribución extraordinaria de dividendos o una dotación elevada a reservas pueden modificar el promedio de beneficios; un saneamiento contable puede reducir el valor teórico. Por eso, antes de una transmisión relevante, el órgano de administración debería conocer cómo evolucionan esas cifras y qué efecto tiene cada decisión sobre la tributación de los socios.

    En el Impuesto sobre Sociedades la referencia es distinta. El artículo 17 de la Ley 27/2014 exige valorar por su valor de mercado determinadas operaciones, y el artículo 18 lo hace para las operaciones entre partes vinculadas. Si una sociedad adquiere participaciones de un socio por un importe que la Inspección considera distinto del de mercado, puede surgir un ajuste con efectos en ambas partes. La valoración técnica documentada es, en ese contexto, un elemento de prueba de primer orden. Sobre la forma de planificar este tipo de actuaciones, la página sobre el informe pericial resume el contenido que se espera de un dictamen.

    Cuándo conviene encargar una valoración independiente

    • Antes de fijar el precio de una compraventa de participaciones entre socios o con un tercero.
    • Cuando el valor mínimo de la LIRPF difiere de forma significativa del precio que se prevé acordar.
    • Si la sociedad tiene activos con plusvalías latentes que el balance no refleja, como inmuebles o participadas.
    • En operaciones entre partes vinculadas, donde hay que acreditar el valor de mercado.
    • Si se anticipa una comprobación de valores o un conflicto con otros socios.

    Un informe elaborado con anterioridad a la operación tiene más fuerza probatoria que uno redactado cuando ya existe un requerimiento. Además, permite al socio y a la sociedad tomar decisiones con información, en lugar de reaccionar ante una regularización. Para coordinar la valoración con la estrategia fiscal y contractual, un servicio de asesoría legal y fiscal permite alinear el cálculo del valor con las cláusulas del contrato y con las consecuencias tributarias de cada alternativa.

    Errores habituales

    1. Dar por hecho que el precio real de venta es siempre la base del cálculo, sin comprobar el mínimo legal.
    2. Utilizar un balance que no corresponde al último ejercicio cerrado antes del devengo.
    3. Olvidar que las asignaciones a reservas también cuentan como beneficio para la capitalización.
    4. Presentar una valoración sin explicar la metodología ni las hipótesis, lo que debilita su valor probatorio.
    5. Ignorar las posibles diferencias entre el valor fiscal mínimo y el valor de mercado a efectos de otros impuestos.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se aplica el artículo 37.1.b también a las personas jurídicas?

    No. Es una regla del IRPF para los contribuyentes personas físicas. Las sociedades que transmiten participaciones se rigen por la Ley del Impuesto sobre Sociedades y su valoración de mercado.

    ¿Qué ocurre si el precio pactado es mayor que el mínimo?

    En ese caso se toma el precio, porque la norma prevé que el valor de transmisión sea el mayor entre el precio y los dos criterios de referencia.

    ¿Un informe pericial puede modificar el valor mínimo?

    La regla es una norma de cuantificación y no se sustituye por un informe. Lo que el dictamen aporta es la acreditación del valor económico real, útil para fundamentar el precio, negociar y, cuando proceda, sustentar una discrepancia razonada con la Administración.

    ¿Cuándo se entiende devengada la ganancia?

    En el momento de la alteración patrimonial, que en una compraventa coincide, por regla general, con la transmisión. El balance de referencia es el del último ejercicio cerrado antes de esa fecha.

    Conclusión

    El valor fiscal mínimo del artículo 37.1.b de la LIRPF es una pieza que todo socio de una sociedad no cotizada debería conocer antes de vender, porque puede alejar la tributación del precio realmente cobrado. Entenderlo exige distinguirlo de la valoración económica, que depende de flujos, riesgos y activos que la fórmula no recoge. Una valoración independiente, documentada y anterior a la operación ayuda a negociar el precio, a anticipar la tributación y a disponer de prueba si la Administración cuestiona las cifras, recordando que esta es una parte más y que su criterio debe justificarse. Sobre cómo se estructura el trabajo técnico, puede consultarse la metodología de valoración y peritaje que sigue ValiTax.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Requisitos del motivo económico válido en una reestructuración FEAC

    El régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores permite ejecutar reorganizaciones societarias con neutralidad fiscal, pero su aplicación no es un derecho automático que se obtenga por el simple hecho de formalizar una operación de reestructuración. La Administración tributaria exige acreditar la concurrencia de un motivo económico válido FEAC, y este requisito se ha convertido en el principal campo de batalla entre contribuyentes y AEAT en materia de reestructuraciones empresariales.

    Qué exige la normativa

    El artículo 89.2 de la Ley 27/2014 establece que el régimen FEAC no se aplicará cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal, presumiéndose esta circunstancia cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. Esta redacción traslada al contribuyente la carga de acreditar, de forma convincente, que la reorganización responde a razones empresariales genuinas y no únicamente a una planificación fiscal.

    Ejemplos de motivos económicos válidos reconocidos

    • Racionalización de estructuras empresariales: simplificar un grupo con múltiples sociedades inactivas o con actividades duplicadas.
    • Separación de patrimonios y riesgos: segregar el patrimonio inmobiliario de la actividad operativa para proteger los activos frente a riesgos del negocio.
    • Preparación de una sucesión familiar: reorganizar la estructura societaria para facilitar el relevo generacional y la incorporación ordenada de los sucesores.
    • Facilitar la entrada de un socio inversor: crear una estructura de holding que permita canalizar la inversión sin necesidad de que el inversor participe directamente en cada sociedad operativa.
    • Mejora de la eficiencia operativa y de gestión: unificar funciones administrativas, financieras o comerciales que antes estaban duplicadas en distintas sociedades del grupo.

    Cuándo la Administración sospecha de un motivo puramente fiscal

    La AEAT presta especial atención a aquellas reestructuraciones que preceden, de forma cercana en el tiempo, a una venta de participaciones o activos que de otro modo tributaría de forma más gravosa. El patrón que suele generar más controversia es el siguiente: una sociedad realiza una escisión o aportación de rama de actividad acogida al régimen FEAC, y poco después se transmiten a un tercero las participaciones de la entidad resultante, aprovechando condiciones fiscales más favorables que si se hubiera transmitido directamente el activo original. Esto no significa que toda reestructuración previa a una venta carezca de motivo económico válido, pero sí que la Administración examinará con mayor rigor estas operaciones, exigiendo una justificación empresarial sólida y anterior en el tiempo a cualquier negociación de venta.

    Cómo se acredita el motivo económico válido

    La prueba del motivo económico válido debe construirse, idealmente, antes de ejecutar la operación, no a posteriori cuando ya ha surgido una controversia. Resulta recomendable documentar mediante actas de reuniones del consejo o de socios, informes internos, planes estratégicos y correspondencia interna, las razones empresariales que motivan la reorganización, dejando constancia de que la operación responde a una necesidad de negocio real y no a una mera búsqueda de ventaja fiscal. Cuanto más anterior en el tiempo y más independiente de cualquier operación de venta posterior sea esta documentación, mayor solidez tendrá la defensa del motivo económico válido.

    Consecuencias de que se cuestione el motivo económico

    Si la Administración concluye que no existió motivo económico válido, la consecuencia es la pérdida del régimen de neutralidad fiscal para toda la operación, lo que implica la tributación inmediata de las plusvalías generadas, con los correspondientes intereses de demora y, en función de la conducta del contribuyente, posibles sanciones. Dado el impacto económico que esto puede suponer, especialmente en reestructuraciones de cierto volumen, conviene abordar esta cuestión con el máximo rigor desde el diseño inicial de la operación.

    La importancia de planificar con antelación

    Antes de ejecutar cualquier fusión, escisión o aportación de rama de actividad, resulta muy recomendable someter la operación a un análisis previo que permita construir y documentar sólidamente el motivo económico válido, minimizando el riesgo de que la Administración cuestione posteriormente la operación. Contar con el apoyo de especialistas en reestructuración acogida al régimen FEAC de ValiTax desde las fases iniciales del proyecto permite diseñar la operación con las garantías necesarias para resistir una eventual comprobación de la AEAT.

    Conclusión

    El motivo económico válido FEAC es el elemento central que determina si una reestructuración empresarial puede disfrutar de la neutralidad fiscal prevista en la normativa. Documentar con antelación y de forma sólida las razones empresariales que justifican cada operación, evitando vincularla temporalmente a una venta posterior sin causa empresarial adicional, es la mejor garantía para que el régimen especial no se cuestione años después.

  • Prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa: cómo se practica en los recursos del Impuesto sobre Sociedades

    Prueba pericial en la vía económico-administrativa y contenciosa: cómo se practica en los recursos del Impuesto sobre Sociedades

    La prueba pericial tributaria es el medio por el que un especialista aporta a la Administración o a un tribunal los conocimientos económicos, contables o de valoración que permiten resolver una discrepancia sobre hechos. En los recursos del Impuesto sobre Sociedades se aporta junto con el escrito de alegaciones en la reclamación económico-administrativa y junto con la demanda, o en el periodo probatorio, en el contencioso-administrativo; en ambos casos se valora conforme a las reglas de la sana crítica y exige que el perito la defienda cuando se le requiere.

    Respuesta breve: cuándo y cómo se practica

    El contribuyente que recurre una liquidación del Impuesto sobre Sociedades dispone de dos escalones sucesivos. El primero es la reclamación económico-administrativa ante el tribunal económico-administrativo competente, que debe interponerse en el plazo de un mes desde la notificación del acto (artículo 235 de la Ley General Tributaria). El segundo es el recurso contencioso-administrativo, con un plazo de dos meses desde la notificación de la resolución (artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). La prueba pericial puede intervenir en ambos, aunque con una dinámica distinta que conviene conocer antes de decidir cuándo encargarla.

    La regla general la fija el artículo 106 de la LGT: los medios y valoración de la prueba en materia tributaria se rigen por lo dispuesto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa. De ahí que los artículos 335 a 352 de la LEC sean la referencia para el contenido del dictamen, la declaración de imparcialidad del perito y su ratificación. Quienes necesiten una panorámica del encargo desde el punto de vista del perito pueden consultar la página sobre prueba pericial judicial, donde se explica cómo se prepara un informe pensado para ser defendido en sala.

    La prueba pericial en la vía económico-administrativa

    Qué se puede aportar y en qué momento

    En la reclamación económico-administrativa el interesado puede aportar las pruebas que estime oportunas, normalmente con el escrito de interposición o con el de alegaciones, una vez puesto de manifiesto el expediente. El Reglamento general de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa (Real Decreto 520/2005) regula la apertura del periodo probatorio cuando existen hechos controvertidos y la forma de practicar las pruebas. Una práctica habitual consiste en acompañar el dictamen pericial ya elaborado, de modo que el tribunal pueda examinarlo con el resto del expediente.

    Conviene tener presente que el tribunal económico-administrativo revisa lo que la Administración resolvió, pero lo hace con plena capacidad de enjuiciar los hechos. Esto significa que un informe que explique con método una valoración, una vida útil o la necesidad de un gasto puede cambiar el sentido del fallo, siempre que se articule en torno a las razones concretas por las que se rechazó la posición del contribuyente.

    Límites prácticos

    Las reclamaciones se resuelven con un volumen de trabajo considerable y los tribunales tienden a valorar con cautela los dictámenes que llegan sin vinculación con el expediente. Un informe genérico sobre «cómo se valora una sociedad» tiene escaso recorrido; uno que rebate punto por punto el método y los datos empleados por la Inspección resulta mucho más persuasivo. Además, algunos órganos se muestran reticentes a admitir pruebas que el interesado pudo aportar en la fase de comprobación, de modo que lo ideal es no aplazar el dictamen a la segunda instancia.

    La prueba pericial en el contencioso-administrativo

    En el orden contencioso la prueba pericial adquiere su forma más completa. La Ley de la Jurisdicción regula el recibimiento a prueba en los artículos 60 y 61 y se remite a la LEC en lo no previsto. Si el hecho que se discute es económico (el valor de una participación, el precio de mercado de una operación vinculada, la razonabilidad de una provisión), el recurrente puede proponer el dictamen de un perito que ratifique ante el tribunal.

    El artículo 265 de la LEC, aplicado con carácter supletorio, prevé que los dictámenes se acompañen a la demanda cuando el recurrente los considere necesarios, y el artículo 336 permite que se aporten con el escrito inicial. Si no se hizo en ese momento, todavía cabe solicitar la práctica en el periodo probatorio, siempre con la debida justificación de su pertinencia. En la vista o en la fase de conclusiones, el perito puede ser llamado para explicar el informe y contestar a las preguntas que formulen las partes y el tribunal.

    Para el contribuyente esto abre una posibilidad real de contradicción. La Administración defenderá su liquidación con el expediente y, en ocasiones, con el informe de un técnico propio; ese informe se valorará con el mismo estándar que el del recurrente, porque la Administración es una parte más del proceso y no goza de una presunción de acierto que desplace a la prueba. Un tribunal que debe resolver sobre cifras prefiere los razonamientos verificables a las afirmaciones apodícticas, vengan de quien vengan. Sobre cómo se integra esta prueba en la fase judicial puede leerse nuestro análisis de el informe pericial como prueba en el contencioso-administrativo tributario.

    Cómo se valora: la sana crítica

    El artículo 348 de la LEC dispone que el tribunal valorará los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica. No existe, por tanto, una jerarquía automática entre el perito de la Administración y el del contribuyente, ni una regla que obligue al juez a aceptar el informe más extenso. En la práctica influyen varios factores:

    • Coherencia interna. Que las premisas, los datos y las conclusiones encajen sin saltos.
    • Calidad de las fuentes. Que los comparables, las tasas de descuento o los índices empleados sean verificables.
    • Respuesta a la tesis contraria. Que el informe se haga cargo de los argumentos de la Administración en lugar de ignorarlos.
    • Solvencia en la ratificación. Que el perito mantenga y explique sus conclusiones cuando se le pregunta.
    • Independencia. Que no haya vínculos que comprometan la objetividad del dictamen.

    Ejemplo hipotético en una liquidación del Impuesto sobre Sociedades

    Supóngase, a efectos ilustrativos, una sociedad a la que la Inspección corrige la valoración de un inmueble aportado a una filial, por entender que el valor de mercado era superior al declarado. La sociedad reclama en vía económico-administrativa y aporta un dictamen que aplica comparables de transacciones cercanas y justifica los ajustes por estado y cargas. El tribunal desestima por entender que el informe no analizaba un testigo relevante invocado por la Administración. Al acudir al contencioso, el perito completa el estudio, incorpora ese testigo y ratifica el dictamen ante la Sala. El caso, que no corresponde a ningún expediente real, sirve para mostrar un principio: la prueba pericial funciona mejor cuando se ajusta a lo discutido y se actualiza ante las objeciones.

    Errores frecuentes al proponer la prueba

    1. Aportar el informe cuando ya se ha agotado la ocasión procesal oportuna y alegar después que no pudo presentarse antes.
    2. Dirigir el dictamen a cuestiones estrictamente jurídicas, que el tribunal resuelve sin necesidad de perito.
    3. No acompañar los anexos y la documentación de soporte, lo que impide reproducir los cálculos.
    4. Omitir la declaración de imparcialidad exigida por el artículo 335.2 de la LEC.
    5. Descuidar la preparación de la ratificación, que puede ser el momento decisivo.

    La coordinación entre el equipo jurídico y el perito evita buena parte de estos problemas. Un servicio de defensa fiscal con LRB permite delimitar desde el principio qué hechos hay que probar, cuándo aportar la prueba y qué preguntas debe responder el dictamen. Cuando el conflicto nace en una inspección en curso, la página dedicada a la defensa en inspecciones de la AEAT describe cómo se articula la intervención pericial en esa fase.

    Relación entre la prueba pericial y las demás pruebas

    La pericial no sustituye a la documental; la ordena e interpreta. Un dictamen apoyado en contratos, facturas, cuentas anuales y correspondencia comercial será más sólido que uno que parte únicamente de lo que la empresa afirma. A la inversa, una montaña de documentos sin análisis obliga al tribunal a reconstruir por sí mismo los hechos. El mejor planteamiento consiste en que cada conclusión del perito remita a un soporte identificable, de modo que el juez pueda comprobarlo sin esfuerzo.

    También es relevante la prueba testifical y los documentos internos de la Administración. En los procedimientos del Impuesto sobre Sociedades es habitual que el informe de la Inspección, el acta y la propuesta de resolución contengan referencias a datos que el contribuyente debe contrastar. El perito puede utilizarlos para identificar inconsistencias, siempre que el expediente completo se haya solicitado y estudiado con tiempo. Por eso el informe pericial tributario debe integrarse en una estrategia de prueba y no contemplarse como un anexo aislado. En materia de formación del criterio sobre el alcance de estos dictámenes resulta útil la página sobre informes periciales tributarios.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es obligatorio aportar prueba pericial en una reclamación económico-administrativa?

    No. Solo conviene cuando la discusión versa sobre hechos económicos, cifras o valoraciones que no pueden acreditarse con la documentación ordinaria. En cuestiones puramente jurídicas el dictamen aporta poco.

    ¿Puede el tribunal rechazar un informe pericial sin motivarlo?

    No debería. Si la Administración o el tribunal se apartan del dictamen deben razonar por qué, porque la valoración de la prueba conforme a la sana crítica exige expresar el proceso lógico seguido. La falta de motivación puede ser un argumento de impugnación.

    ¿Qué diferencia hay entre aportar el informe y practicar la prueba?

    Aportarlo significa incorporarlo al procedimiento. Practicarlo implica, además, que el perito comparezca, lo ratifique y responda a las preguntas cuando el tribunal o las partes lo soliciten.

    ¿Se puede completar el dictamen en el contencioso si ya se aportó en la vía administrativa?

    Sí. Es frecuente actualizarlo para responder a la resolución del tribunal económico-administrativo y a los argumentos de la Administración, siempre dentro de las posibilidades procesales de cada fase.

    ¿Qué ocurre si la Administración aporta su propio perito?

    Se enfrentan dos dictámenes que el tribunal valora con el mismo criterio. En ese escenario resultan decisivos el rigor metodológico y la capacidad de explicar las diferencias entre ambos.

    Conclusión

    La prueba pericial en las vías económico-administrativa y contenciosa es una herramienta para demostrar hechos, no para sustituir la argumentación jurídica. Su eficacia depende del momento en que se aporta, de que responda a lo realmente discutido y de que el perito pueda ratificarla con solvencia. Para el contribuyente, supone la oportunidad de discutir con datos verificables frente a una Administración que es una parte más del proceso. Quien planifique la prueba con antelación y la coordine con su defensa estará en mejor posición para que sus razones sean examinadas y valoradas con rigor.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Gastos de vehículos de empresa: cuándo son deducibles y en qué porcentaje

    Pocos gastos generan tantas dudas y controversias con la Agencia Tributaria como los relacionados con vehículos de empresa. La deducibilidad vehículos de empresa depende de un factor determinante que muchas pymes pasan por alto al planificar su fiscalidad: el grado de afectación real del vehículo a la actividad económica. Entender bien esta cuestión permite evitar tanto la sobrevaloración de un gasto no deducible como la infrautilización de un beneficio fiscal legítimo.

    El principio general: afectación exclusiva a la actividad

    La normativa del Impuesto sobre Sociedades exige, como regla general, que los gastos relacionados con un vehículo —adquisición, amortización, combustible, seguro, mantenimiento— sean deducibles en la medida en que el bien esté afecto a la actividad económica de la sociedad. Cuando la afectación es exclusiva y puede acreditarse, el gasto resulta deducible al 100%. El problema surge en la práctica habitual de muchas pymes, donde el vehículo se utiliza tanto para fines empresariales como para desplazamientos particulares del socio o administrador, lo que introduce la necesidad de determinar qué porcentaje del gasto corresponde realmente a la actividad.

    Vehículos con presunción de afectación total

    Existe un listado de vehículos que la normativa presume afectos al 100% a la actividad económica, salvo prueba en contrario por parte de la Administración: los vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías, los destinados a la prestación de servicios de transporte de viajeros mediante contraprestación, los utilizados en la enseñanza de conductores mediante contraprestación, los empleados por representantes o agentes comerciales en sus desplazamientos profesionales, y los destinados a ser objeto de cesión de uso con habitualidad y onerosidad, como los vehículos de renting o alquiler. Fuera de estos supuestos específicos, la afectación exclusiva debe acreditarse por otros medios.

    El criterio habitual para turismos de uso mixto

    Para el resto de vehículos, especialmente los turismos utilizados por socios, administradores o comerciales que combinan uso profesional y personal, tanto la Administración como los tribunales han venido aplicando en la práctica un criterio de afectación parcial, admitiendo habitualmente un porcentaje de deducibilidad en torno al 50% cuando no existe prueba concluyente de un uso exclusivamente empresarial, salvo que el contribuyente pueda acreditar un grado de afectación superior mediante medios de prueba admitidos en derecho. Es importante subrayar que este criterio del 50% no aparece como un porcentaje legal automático para el Impuesto sobre Sociedades, sino como una referencia práctica derivada de la aplicación analógica de reglas del IVA y de la casuística administrativa y judicial, por lo que conviene analizar cada caso concreto.

    Cómo acreditar el grado de afectación

    • Registro de kilómetros y desplazamientos: llevar un diario o control de uso que distinga viajes profesionales de particulares refuerza notablemente la posición del contribuyente.
    • Características del vehículo y del puesto: un vehículo de gama alta asignado a un puesto sin necesidad de desplazamiento intensivo genera más dudas que uno de gama media asignado a un comercial con cartera de clientes dispersa geográficamente.
    • Disponibilidad de vehículo particular: si el socio o administrador dispone de otro vehículo para uso personal, refuerza el argumento de afectación empresarial del vehículo de la sociedad.
    • Política interna de uso de vehículos: disponer de una política escrita que regule el uso de los vehículos de empresa aporta un elemento probatorio adicional.

    El IVA soportado en la adquisición y el mantenimiento

    Además de la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades, conviene tener presente que el IVA soportado en la adquisición y en los gastos asociados al vehículo sigue sus propias reglas de deducibilidad, que no siempre coinciden exactamente con el criterio aplicado en el Impuesto sobre Sociedades, lo que exige un análisis coordinado de ambos impuestos para evitar incoherencias que puedan llamar la atención de la Administración en una comprobación conjunta.

    Cuándo conviene un análisis pericial de la situación

    Cuando la empresa cuenta con una flota relevante de vehículos, o cuando ya ha recibido un requerimiento de la Administración cuestionando la deducibilidad aplicada, puede resultar muy útil contar con un análisis técnico que documente objetivamente el grado de afectación real de cada vehículo a la actividad. Un informe pericial tributario de ValiTax puede aportar el rigor necesario para sostener ante la Administración o los tribunales el porcentaje de deducibilidad aplicado, especialmente en situaciones de cierta complejidad o cuando la cuantía en juego lo justifica.

    Conclusión

    La deducibilidad vehículos de empresa depende, en última instancia, de la capacidad del contribuyente para acreditar el grado real de afectación del bien a la actividad económica. Documentar adecuadamente el uso del vehículo desde el primer momento, conocer los supuestos de presunción legal de afectación total y coordinar el criterio aplicado en el Impuesto sobre Sociedades con el del IVA son las claves para que este gasto no se convierta en una fuente de conflicto con Hacienda.

  • Informe de valoración en una reestructuración FEAC: cuándo es necesario y qué debe contener

    Informe de valoración en una reestructuración FEAC: cuándo es necesario y qué debe contener

    Un informe de valoración en una reestructuración FEAC (fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores) documenta el valor de los elementos transmitidos o intercambiados y, en la práctica, sirve para soportar dos cosas: el valor al que se registra la operación y la coherencia económica de la ecuación de canje. No es un requisito universal del régimen especial del Impuesto sobre Sociedades, pero resulta muy aconsejable porque en cualquier comprobación posterior la discusión suele girar en torno a cuánto valía lo que se aportó y por qué se hizo la operación.

    Qué exige el régimen y qué no exige

    El régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 (artículos 76 y siguientes) permite que las operaciones de reestructuración tributen de forma neutral: las rentas puestas de manifiesto no se integran en la base imponible en el momento de la operación y los elementos recibidos conservan, con carácter general, los valores fiscales que tenían en la entidad transmitente. A cambio, la ley exige que la operación se realice por motivos económicos válidos, como la reestructuración o racionalización de las actividades, y no con la finalidad principal de obtener una ventaja fiscal (artículo 89.2).

    La norma tributaria no impone, con carácter general, un informe pericial de valoración. Sin embargo, otras normas sí lo hacen en supuestos concretos: la Ley de Modificaciones Estructurales y la Ley de Sociedades de Capital prevén la intervención de expertos independientes en determinadas fusiones y en las aportaciones no dinerarias a sociedades anónimas (artículo 67 LSC). Y, con independencia de lo exigido por esas normas, la valoración es el punto en el que más fácilmente coinciden el interés mercantil y el fiscal.

    Para una descripción general del tipo de encargos relacionados, puede consultarse la página sobre informes periciales para reestructuraciones FEAC.

    Para qué sirve un informe de valoración en esta clase de operaciones

    • Determinar la relación de canje entre las sociedades fusionadas o el número de participaciones que recibe el aportante, de manera que ningún socio resulte perjudicado de forma injustificada.
    • Documentar el valor de mercado de la rama de actividad aportada o de las participaciones canjeadas, lo que influye en el registro contable y en el análisis de posibles rentas o desequilibrios.
    • Acreditar que no hay transferencias de valor encubiertas, por ejemplo entre socios con porcentajes distintos o entre sociedades del mismo grupo.
    • Apoyar el motivo económico: una valoración coherente con el plan de negocio refuerza la tesis de que la operación responde a una lógica empresarial.

    Qué debe contener el informe

    Descripción de la operación y de sus partes

    Debe recoger la estructura previa y posterior, el calendario, la finalidad declarada y las partes involucradas. Un informe que no explica la operación pierde conexión con el resto del expediente.

    Fecha de valoración y estándar de valor

    Es preciso indicar a qué fecha se valoran los elementos y qué estándar se aplica (valor de mercado, valor razonable, valor teórico-contable ajustado). Mezclar estándares es uno de los fallos más frecuentes.

    Metodología y contraste

    En operaciones entre sociedades operativas, se suele combinar el descuento de flujos con múltiplos de mercado; en sociedades patrimoniales, domina el método de activos netos ajustados. En cada caso, el informe debe explicar por qué se elige un método y cómo se concilian las diferencias. Quien desee profundizar en las diferencias entre ellos puede leer la página sobre valoración de empresas y activos.

    Hipótesis críticas y análisis de sensibilidad

    La tasa de descuento, las proyecciones y el valor terminal son los parámetros que más afectan al resultado. Presentar un rango de valores y no solo una cifra puntual es una muestra de rigor, y facilita la defensa si el actuario propone otra tasa.

    Conclusión y limitaciones

    El informe debe concluir con claridad y declarar sus limitaciones: documentos no disponibles, información proporcionada por la dirección sin verificación independiente, hechos posteriores.

    Cómo se conecta con la comprobación de Hacienda

    Las operaciones de reestructuración acogidas al régimen especial deben comunicarse a la Administración tributaria en el plazo previsto en el artículo 89.1 de la Ley del Impuesto, y el derecho de la Administración a comprobar se mantiene durante el plazo general de prescripción. Años después de la operación, la Inspección puede cuestionar tanto la aplicación del régimen como los valores atribuidos. Contar con un informe contemporáneo evita tener que reconstruir las razones y los números cuando los directivos han cambiado o la documentación se ha dispersado.

    Cuando la Administración sostiene que la operación persigue un fin esencialmente fiscal, la carga de acreditar los hechos que fundamentan esa calificación recae en ella, pero el contribuyente que aporta una justificación sólida, con valoración y plan de negocio coherentes, se coloca en mejor posición. Sobre el motivo económico, nuestro artículo informe pericial sobre la reestructuración FEAC: el informe de motivo económico válido aborda el tema con más profundidad.

    Cuándo conviene encargarlo

    El mejor momento es antes de ejecutar la operación o, como máximo, durante su preparación, cuando todavía se pueden ajustar los términos. Las valoraciones preparadas después de una comprobación son útiles, pero se perciben como defensivas. Ejemplos en los que suele ser especialmente recomendable:

    1. Aportación de rama de actividad a una sociedad participada con socios minoritarios.
    2. Fusión entre sociedades con distintos porcentajes de socios o con perfiles de riesgo muy desiguales.
    3. Escisión de un patrimonio inmobiliario que se separa de la actividad operativa en el contexto de una sucesión.
    4. Canje de valores en el que el socio recibe participaciones de una entidad adquirente y existe una contraprestación mixta.

    Un ejemplo ilustrativo (hipotético)

    Una familia titular de dos sociedades, una operativa y otra que posee los inmuebles que usa la primera, decide fusionarlas para simplificar la gestión. Los socios no tienen el mismo porcentaje en ambas. Para fijar la relación de canje, se valora la sociedad operativa por DCF y múltiplos, y la inmobiliaria por el método patrimonial con tasaciones. El informe detalla las hipótesis, concluye con un rango de canje y explica por qué se adopta un valor concreto dentro de él. Años más tarde, ante una comprobación, el documento permite demostrar que la ecuación de canje respondía a criterios objetivos y no a decisiones arbitrarias. Los números del ejemplo son ficticios.

    Errores comunes

    • Valorar a una fecha distinta de la fecha efectiva sin explicar la diferencia.
    • Ignorar pasivos contingentes o garantías pendientes en la sociedad aportante.
    • Utilizar valores contables como si fueran de mercado cuando existen plusvalías latentes relevantes.
    • Elaborar el informe sin conexión con el expediente jurídico de la operación.
    • No guardar el soporte (hojas de cálculo, fuentes de datos) que permitiría reproducir el cálculo.

    Todo ello es más sencillo cuando la reestructuración se acompaña de asesoría legal y fiscal desde el diseño. Para contextos en los que el conflicto se traslada a procedimientos de comprobación, la página de due diligence detalla cómo se preparan las revisiones de los aspectos fiscales y de valor que más suelen discutirse.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es obligatorio el informe para aplicar el régimen FEAC?

    No en términos generales desde la norma tributaria. Puede serlo por exigencia mercantil en determinados casos, y siempre es recomendable como soporte.

    ¿Quién debe elaborarlo?

    Un profesional independiente, con formación en valoración y conocimiento del régimen fiscal. Si interviene un experto designado por el registrador mercantil, su informe tiene un cometido distinto y puede completarse con otro más centrado en lo fiscal.

    ¿Qué ocurre si el informe se hace después de la operación?

    Puede utilizarse, siempre que explique con claridad la fecha de valoración y la información disponible en aquel momento. Su fuerza probatoria será menor que la de uno contemporáneo.

    ¿Sirve el mismo informe para la comprobación y para el conflicto entre socios?

    Puede servir como base, pero cada finalidad exige ajustes: no es lo mismo defender ante Hacienda la neutralidad fiscal que justificar frente a un socio la relación de canje.

    Conclusión

    El régimen especial permite reorganizar sin coste fiscal inmediato, pero la neutralidad se defiende con documentación. Un informe de valoración bien construido, contemporáneo a la operación y coherente con el motivo económico declarado es una de las piezas más eficaces para que la reestructuración resista una comprobación posterior. Su valor no está en el sello, sino en que permite demostrar con números y método lo que la empresa sostiene.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Cierre fiscal y Modelo 200 para gimnasios y centros deportivos

    El cierre del ejercicio fiscal es uno de los momentos más delicados del año para cualquier sociedad, y los gimnasios y centros deportivos no son una excepción. La combinación de ingresos por cuotas recurrentes, inversión en equipamiento y una plantilla que mezcla personal fijo con colaboradores externos exige una preparación cuidadosa antes de abordar el cierre fiscal y modelo 200 para gimnasios y centros deportivos. Planificar este proceso con antelación, en lugar de dejarlo para los últimos días antes del vencimiento, marca la diferencia entre una liquidación optimizada y una llena de sobresaltos.

    Revisión de ingresos: cuotas, bonos y periodificación

    Antes de cerrar el ejercicio, conviene revisar que todos los ingresos por cuotas de socios, bonos de sesiones y servicios complementarios estén correctamente periodificados. Es habitual que los centros deportivos cobren cuotas anuales o trimestrales por adelantado, lo que obliga a imputar a cada ejercicio solo la parte del servicio efectivamente prestado, dejando el resto como ingreso anticipado en el balance. Un error en esta periodificación puede distorsionar significativamente el resultado contable y, por tanto, la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

    Amortización del equipamiento deportivo

    Las máquinas de musculación, cardio y demás equipamiento deportivo constituyen una parte relevante del inmovilizado de estos negocios. Al cerrar el ejercicio es imprescindible revisar que las amortizaciones aplicadas se ajustan a las tablas oficialmente aprobadas, que se han dado de baja correctamente los equipos sustituidos o retirados, y que las inversiones realizadas durante el año se han incorporado al inmovilizado con la fecha de puesta en funcionamiento correcta, ya que de ello depende el cálculo exacto de la amortización deducible.

    Gastos de personal y colaboradores externos

    Muchos gimnasios combinan personal contratado con entrenadores personales que facturan como autónomos. Al cerrar el ejercicio conviene revisar que esta calificación se sostiene con criterios objetivos —autonomía en la organización del trabajo, asunción de riesgo económico, posibilidad de prestar servicios a otros clientes— porque una calificación incorrecta puede derivar en una contingencia laboral y fiscal relevante, con efectos sobre la deducibilidad de esos gastos en el Impuesto sobre Sociedades.

    Ajustes extracontables habituales antes del Modelo 200

    • Gastos no deducibles: sanciones, donativos no acogidos a incentivos fiscales o gastos sin adecuada justificación documental deben identificarse y sumarse al resultado contable.
    • Diferencias por amortización: si se ha aplicado libertad de amortización o algún método fiscal distinto del contable, es necesario realizar el ajuste correspondiente.
    • Reserva de capitalización: si la sociedad ha incrementado sus fondos propios respecto al ejercicio anterior y cumple los requisitos, puede reducir su base imponible hasta un 10% de ese incremento.
    • Compensación de bases imponibles negativas: habitual en centros deportivos de reciente apertura que aún arrastran pérdidas de los primeros ejercicios de actividad.

    El calendario del Modelo 200

    El Modelo 200 debe presentarse, con carácter general, en los veinticinco días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Para las sociedades cuyo ejercicio coincide con el año natural, esto sitúa el vencimiento a finales de julio, lo que hace recomendable iniciar los trabajos de cierre fiscal con varios meses de antelación, especialmente si el negocio ha crecido durante el ejercicio y ha incorporado nuevas líneas de actividad, como clases dirigidas, nutrición o fisioterapia.

    Errores frecuentes en el cierre de centros deportivos

    Entre los errores más habituales que se detectan en el cierre fiscal de gimnasios destacan la falta de periodificación correcta de las cuotas anuales, la aplicación incorrecta de las tablas de amortización al equipamiento, la deducción de gastos personales del socio-administrador sin la debida justificación, y la ausencia de una revisión sistemática de la relación con entrenadores externos. Cualquiera de estos errores puede generar contingencias que se detecten años después en una inspección, con el consiguiente recargo de intereses y, en su caso, sanciones.

    Cuándo conviene replantear la estructura societaria

    A medida que un centro deportivo crece, diversifica su oferta o se plantea abrir nuevas sedes, puede resultar interesante estudiar una reestructuración societaria que optimice la gestión fiscal del grupo. En esos casos, contar con apoyo especializado para diseñar una estructura de holding fiscal de LRB Tax & Legal permite planificar el crecimiento del negocio con una base fiscal sólida desde el principio, evitando tener que reorganizar la sociedad de forma apresurada más adelante.

    Conclusión

    El cierre fiscal y Modelo 200 para gimnasios y centros deportivos exige una atención especial a la periodificación de ingresos, la amortización del equipamiento y la correcta calificación de los colaboradores externos. Iniciar este proceso con antelación suficiente, revisando cada una de estas partidas con rigor, permite presentar una liquidación ajustada a la realidad económica del negocio y reduce sensiblemente el riesgo de contingencias futuras.