Impuesto Sociedades

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  • Diferencias entre un informe de parte y una prueba pericial judicial

    Cuando una empresa se enfrenta a una discrepancia contable, una discusión sobre el valor de una participación societaria o una liquidación tributaria controvertida, tarde o temprano surge la necesidad de un dictamen técnico. Sin embargo, no todos los informes técnicos tienen el mismo valor procesal ni cumplen la misma función. Entender la diferencia entre un informe de parte y una prueba pericial judicial resulta esencial para administradores, directores financieros y asesores que deben decidir qué tipo de dictamen encargar según el momento y el objetivo del conflicto.

    Qué es un informe de parte

    Un informe de parte es el dictamen que una de las partes de un litigio o de una negociación encarga directamente a un perito o experto de su confianza, normalmente antes de que exista un procedimiento judicial abierto o en paralelo a él. Su finalidad es aportar al proceso un análisis técnico —contable, fiscal, financiero o de valoración— que respalde la posición de quien lo solicita. En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, este tipo de informe suele emplearse para cuantificar el efecto de un ajuste extracontable, defender la razonabilidad de una operación vinculada o justificar el valor atribuido a un activo intangible en una reestructuración.

    El informe de parte se incorpora a las actuaciones como documento aportado por una de las partes y, aunque tiene pleno valor probatorio, el tribunal o el órgano administrativo puede valorarlo con cierta cautela precisamente porque no es imparcial: quien lo encarga y quien lo paga tiene un interés directo en el resultado.

    Qué es la prueba pericial judicial

    La prueba pericial judicial, por su parte, es aquella que se practica dentro de un procedimiento judicial ya iniciado, conforme a las normas procesales (fundamentalmente la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable también por remisión en muchos aspectos a la jurisdicción contencioso-administrativa). Puede tratarse de un perito designado judicialmente por insaculación —sorteo entre los colegiados disponibles— o de un perito de parte que, una vez aportado el informe a la causa, es sometido a las mismas reglas de contradicción, ratificación e interrogatorio que cualquier otra prueba.

    La diferencia clave no reside tanto en quién redacta el informe como en el marco procesal en el que se produce: la prueba pericial judicial está sujeta a plazos, requisitos de tacha, posibilidad de aclaraciones y, sobre todo, a la ratificación en juicio ante el juez, donde el perito puede ser interrogado por ambas partes.

    Principales diferencias prácticas

    • Momento procesal: el informe de parte puede encargarse en cualquier fase, incluso antes de iniciar el litigio; la prueba pericial judicial se propone y admite dentro del procedimiento.
    • Imparcialidad percibida: el perito judicial, aunque haya sido designado por sorteo, goza de una presunción de objetividad mayor que el perito de parte.
    • Coste y control: en el informe de parte, quien encarga el dictamen elige al perito y controla el alcance del encargo; en la pericial judicial designada por el juzgado, las partes no eligen al experto.
    • Valor probatorio: ambos son medios de prueba válidos, pero el juez pondera de forma distinta según la coherencia, la metodología y la solidez técnica de cada dictamen, no solo según su origen.
    • Posibilidad de contradicción: en ambos casos cabe ratificación e interrogatorio, pero es especialmente relevante cuando existen dos informes de parte contradictorios que deben confrontarse ante el tribunal.

    Cuándo conviene un informe de parte y cuándo una pericial judicial

    En materia de Impuesto sobre Sociedades, un informe de parte resulta especialmente útil en fases previas: durante una comprobación de la AEAT, para acompañar alegaciones a un acta de inspección, o para sustentar la valoración de una operación vinculada antes de que exista litigio formal. Permite anticipar argumentos técnicos y reforzar la posición de la empresa desde el primer momento.

    Cuando el conflicto ya ha derivado en un recurso contencioso-administrativo o en un procedimiento civil o mercantil —por ejemplo, una disputa entre socios sobre el valor de una participación, o una reclamación de responsabilidad frente a un asesor—, la prueba pericial judicial adquiere protagonismo, ya sea porque se propone un perito de parte que después será ratificado en juicio, ya sea porque el propio tribunal designa uno de oficio.

    La importancia de encargar el informe de parte con rigor técnico

    Un error frecuente es pensar que el informe de parte, al no ser «judicial», puede ser menos riguroso. En realidad, ocurre justo lo contrario: dado que se presume menos imparcial, debe ser aún más sólido metodológicamente para resistir el contraste con la parte contraria y, eventualmente, con un perito judicial. Un informe de parte bien fundamentado —con normativa aplicable citada con precisión, cálculos trazables y conclusiones claras— puede llegar a convertirse en la base de la prueba pericial que finalmente se ratifique en juicio.

    Por ello, cuando una empresa necesita construir su defensa técnica ante Hacienda o ante un litigio societario, resulta recomendable acudir a un despacho especializado en informe pericial tributario como ValiTax, que combina el conocimiento fiscal con la experiencia en la elaboración de dictámenes preparados tanto para la fase administrativa como para su eventual ratificación judicial.

    Conclusión

    La distinción entre informe de parte y prueba pericial judicial no es meramente terminológica: condiciona la estrategia procesal, el momento de actuación y el nivel de contradicción al que se someterá el dictamen. Para una pyme o un grupo empresarial que afronta una discrepancia con la AEAT o un litigio societario relacionado con el Impuesto sobre Sociedades, contar con un asesoramiento pericial especializado desde el primer informe de parte puede marcar la diferencia entre una defensa sólida y una posición débil ante el tribunal.

  • Recurso de alzada y otras vías dentro de la vía económico-administrativa

    Cuando una empresa recibe una resolución desfavorable de un Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local en relación con una liquidación del Impuesto sobre Sociedades, no siempre esa resolución supone el fin del camino administrativo. Existen vías adicionales dentro del propio sistema económico-administrativo antes de tener que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, y entender el recurso de alzada económico-administrativo y sus alternativas permite a la empresa agotar correctamente todas las posibilidades de defensa disponibles.

    La estructura de los Tribunales Económico-Administrativos

    El sistema económico-administrativo español se organiza en varios niveles: los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales, competentes con carácter general en primera instancia, y el Tribunal Económico-Administrativo Central, que actúa como órgano superior dentro de esta vía administrativa especializada. Esta estructura permite, en determinados supuestos, recurrir en alzada las resoluciones de los tribunales regionales o locales ante el órgano central antes de tener que acudir a los tribunales de justicia.

    Qué es el recurso de alzada

    El recurso de alzada ordinario es el recurso mediante el cual se impugna ante el Tribunal Económico-Administrativo Central una resolución dictada por un Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local, siempre que la cuantía de la reclamación supere el umbral establecido reglamentariamente para acceder a esta vía, o cuando concurran otras circunstancias que la normativa contempla para su admisión. Se interpone en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución impugnada, y su tramitación sigue un procedimiento similar al de la reclamación económico-administrativa en primera instancia, con posibilidad de alegaciones y prueba.

    Otras vías dentro del sistema económico-administrativo

    • Recurso de anulación: tiene carácter excepcional y se dirige contra la propia resolución del tribunal económico-administrativo cuando se ha producido, por ejemplo, un defecto de procedimiento que ha impedido al reclamante formular sus alegaciones o proponer prueba, o cuando la resolución incurre en incongruencia respecto de lo planteado.
    • Recurso extraordinario de revisión: permite impugnar resoluciones firmes en supuestos tasados y excepcionales, como la aparición de documentos de valor esencial desconocidos al dictarse la resolución, o cuando la resolución se ha basado en documentos declarados falsos.
    • Recurso extraordinario para la unificación de criterio: mecanismo específico dirigido a unificar la doctrina de los tribunales económico-administrativos regionales o locales cuando se aprecian criterios discrepantes en resoluciones no susceptibles de recurso de alzada ordinario.
    • Recurso contencioso-administrativo: una vez agotada la vía económico-administrativa, queda abierta la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para una revisión judicial plena de la controversia.

    Cuándo tiene sentido acudir al recurso de alzada

    El recurso de alzada resulta especialmente relevante cuando la cuantía de la controversia es elevada y existe la convicción, respaldada por un análisis técnico sólido, de que el criterio aplicado por el tribunal regional o local es erróneo o contrario a la doctrina consolidada del Tribunal Económico-Administrativo Central. Acudir a esta vía permite obtener una revisión adicional dentro del sistema administrativo antes de asumir el coste y la duración, generalmente mayor, de un procedimiento contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia.

    Aspectos a valorar antes de recurrir

    Antes de decidir si interponer un recurso de alzada o acudir directamente a la vía judicial una vez agotada la instancia regional, conviene analizar la solidez jurídica de los argumentos disponibles, la existencia de doctrina previa del Tribunal Económico-Administrativo Central favorable o desfavorable a la posición del contribuyente, y el coste económico y temporal de cada alternativa. Esta decisión estratégica debe tomarse con una visión de conjunto del procedimiento, considerando también la posibilidad de que la controversia acabe finalmente en sede judicial con independencia de la vía elegida en esta fase.

    La importancia de una defensa técnica sólida en cada instancia

    Cada fase del procedimiento económico-administrativo exige una argumentación cuidadosamente construida, apoyada en la documentación y en los criterios jurisprudenciales más favorables a la posición del contribuyente. Contar con defensa ante inspección de la AEAT de ValiTax desde el inicio del procedimiento, y mantener esa misma estrategia coherente a lo largo de las distintas instancias, incluido el recurso de alzada cuando resulte procedente, aumenta significativamente las probabilidades de obtener un resultado favorable.

    Conclusión

    El recurso de alzada económico-administrativo y las demás vías extraordinarias dentro del sistema económico-administrativo ofrecen a las empresas oportunidades adicionales de defensa antes de tener que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Conocer cuándo resulta procedente cada una de estas vías, y construir una estrategia de defensa coherente desde el inicio del procedimiento, es esencial para agotar correctamente todas las posibilidades de éxito frente a una liquidación tributaria cuestionable.

  • Canje de valores y neutralidad fiscal en reestructuraciones societarias

    Entre las distintas operaciones que pueden acogerse al régimen especial de neutralidad fiscal previsto para las reestructuraciones empresariales, el canje de valores ocupa un lugar particular por su utilidad para articular estructuras de holding y facilitar la concentración de participaciones bajo una única sociedad matriz. Entender bien el canje de valores neutralidad fiscal resulta esencial para cualquier grupo empresarial que quiera reorganizar su estructura de participaciones sin generar una tributación inmediata.

    Qué es una operación de canje de valores

    El canje de valores consiste en que una entidad, denominada adquirente, adquiere una participación en el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto de esta última, o bien, disponiendo ya de esa mayoría, adquiere una nueva participación adicional, entregando a cambio a los socios de la sociedad adquirida valores representativos del capital social de la propia entidad adquirente. Esta operación permite, en la práctica, que los socios de una sociedad operativa pasen a serlo de una nueva sociedad holding, sin necesidad de una venta que genere tributación inmediata.

    El requisito de la mayoría de derechos de voto

    Para que la operación pueda calificarse como canje de valores a efectos del régimen especial, es imprescindible que la entidad adquirente obtenga, como resultado de la operación, la mayoría de los derechos de voto de la sociedad cuyas participaciones se canjean. Este requisito busca garantizar que la operación responde a una verdadera reorganización del control societario, y no a una simple permuta de participaciones minoritarias sin efecto real en la estructura de poder del grupo.

    Efectos fiscales de la neutralidad en el canje de valores

    Cuando la operación cumple los requisitos del régimen especial, los socios que aportan sus participaciones no tributan por la plusvalía tácita generada en el canje, difiriendo esa tributación hasta el momento en que transmitan a un tercero las nuevas participaciones recibidas en la sociedad adquirente. Esta neutralidad fiscal es la que convierte al canje de valores en una herramienta muy utilizada para constituir estructuras de holding familiares o empresariales, permitiendo concentrar la titularidad de varias sociedades operativas bajo una matriz común sin coste fiscal inmediato para los socios.

    El motivo económico válido, también aquí imprescindible

    Como ocurre con el resto de operaciones acogidas al régimen FEAC, el canje de valores debe responder a un motivo económico válido, y no articularse con la finalidad principal de obtener una ventaja fiscal. Motivos como facilitar la sucesión familiar, proteger el patrimonio empresarial mediante una estructura de holding, canalizar la entrada de nuevos inversores o mejorar la gestión centralizada de varias sociedades del grupo suelen considerarse razones empresariales válidas, siempre que estén debidamente documentadas y no se vinculen de forma inmediata a una venta posterior sin justificación adicional.

    Casos habituales de canje de valores en la práctica

    • Constitución de holdings familiares: los socios de una sociedad operativa aportan sus participaciones a una nueva sociedad holding, facilitando la futura sucesión generacional y la gestión patrimonial conjunta.
    • Concentración de participaciones dispersas: cuando varios socios de distintas sociedades del mismo sector deciden unificar su titularidad bajo una estructura común para ganar eficiencia de gestión.
    • Preparación para la entrada de un inversor: crear una sociedad holding que reciba las participaciones operativas antes de negociar la incorporación de un nuevo socio institucional.

    Riesgos y obligaciones formales asociadas

    Al igual que el resto de operaciones acogidas al régimen especial, el canje de valores exige comunicar la operación a la Administración tributaria y reflejarla adecuadamente en la memoria de las cuentas anuales durante los ejercicios en que persista la vinculación fiscal derivada de la operación. El incumplimiento de estas obligaciones formales, aunque no siempre implica la pérdida automática del régimen, puede generar sanciones independientes y dificultar la defensa de la operación en caso de comprobación.

    Por qué conviene diseñar la operación con apoyo especializado

    Dada la complejidad técnica de estas operaciones y la relevancia del análisis del motivo económico válido, resulta muy recomendable contar con asesoramiento especializado para diseñar una estructura de holding que aproveche correctamente el canje de valores de LRB Tax & Legal, garantizando que la operación se estructura con las garantías necesarias para resistir cualquier revisión posterior de la Agencia Tributaria.

    Conclusión

    El canje de valores neutralidad fiscal es una herramienta especialmente útil para constituir estructuras de holding y reorganizar la titularidad de participaciones societarias sin coste tributario inmediato, siempre que se cumplan los requisitos legales exigidos, entre ellos la obtención de la mayoría de derechos de voto y la existencia de un motivo económico válido. Planificar esta operación con rigor técnico desde el inicio es la mejor garantía de que la neutralidad fiscal se mantendrá firme ante cualquier comprobación futura.

  • Reestructuración empresarial y régimen FEAC: la experiencia premiada de Luis Miguel Larriba (LRB Tax & Legal)

    Un premio que reconoce también la experiencia en operaciones corporativas

    Las operaciones de reestructuración societaria bajo el régimen FEAC tienen un impacto directo en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios siguientes, lo que hace especialmente relevante para cualquier empresa el reconocimiento recibido por LRB Tax & Legal en este ámbito. Cuando una empresa se plantea una fusión, una escisión o una reorganización de su grupo societario, la fiscalidad de la operación puede llegar a ser tan determinante como su lógica de negocio. Es en ese terreno —el de la reestructuración empresarial bajo el régimen FEAC— donde LRB Tax & Legal ha construido buena parte de su reputación, reconocida ahora también por el sector legal ibérico: su Socio Director, Luis Miguel Larriba, fue distinguido como mejor abogado fiscalista de España y Portugal en los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards 2026, celebrados el 24 de septiembre en Madrid, mientras el equipo fiscal de la firma llegaba como finalista a Mejor Equipo Fiscal frente a EY y KPMG.

    Qué es el régimen FEAC y por qué es tan sensible fiscalmente

    El régimen especial de Fusiones, Escisiones, Aportaciones de activos y Canje de valores (FEAC) permite a las empresas reorganizar su estructura societaria —fusionando sociedades, escindiendo ramas de actividad o aportando activos a cambio de participaciones— sin que esa operación tribute de forma inmediata, siempre que exista un motivo económico válido detrás de la reestructuración. La clave, y la principal fuente de riesgo fiscal, está precisamente ahí: acreditar que la operación no tiene como finalidad principal el fraude o la evasión fiscal, sino una razón empresarial legítima como la racionalización de la estructura del grupo, la sucesión familiar o la entrada de nuevos socios.

    Cuando la Inspección de Hacienda revisa una operación de este tipo —algo que puede ocurrir años después de haberse ejecutado—, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, que debe justificar documentalmente el motivo económico. Un asesoramiento deficiente en el momento de diseñar la operación puede convertir lo que iba a ser una reestructuración neutra en una contingencia fiscal de gran magnitud.

    La experiencia que hay detrás del reconocimiento

    Es precisamente en este tipo de operaciones donde LRB Tax & Legal, bajo la dirección de Luis Miguel Larriba, ha desarrollado buena parte de su especialización, junto con la defensa ante inspecciones tributarias y la elaboración de informes periciales judiciales tributarios —estos últimos, a través de la marca hermana ValiTax, con perito judicial tributario acreditado—. La combinación de estas tres áreas no es casual: una reestructuración bien diseñada anticipa los criterios que aplicará la Inspección años después, y si la operación acaba discutiéndose ante los tribunales, contar con informes periciales sólidos puede ser determinante para el resultado del litigio.

    El jurado de los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards valora precisamente ese tipo de trabajo: no solo el volumen de operaciones gestionadas, sino su complejidad técnica y el impacto real para los clientes. Que Luis Miguel Larriba haya sido distinguido en la categoría fiscal, y que el equipo de LRB haya llegado a la final frente a departamentos fiscales de la talla de EY y KPMG, respalda la solidez de este enfoque.

    Errores habituales en las reestructuraciones empresariales

    La experiencia acumulada por despachos especializados como LRB permite identificar los errores más frecuentes en este tipo de operaciones: no documentar adecuadamente el motivo económico en el momento de ejecutar la operación (y no años después, cuando ya es tarde); subestimar el impacto de la reestructuración en impuestos indirectos como el IVA o el ITP-AJD; no valorar correctamente los activos aportados en operaciones de canje de valores; o no anticipar cómo afectará la operación a la tributación de los socios personas físicas, especialmente en operaciones que combinan sociedades operativas con sociedades patrimoniales o estructuras de holding.

    Evitar estos errores exige un equipo que combine conocimiento fiscal, mercantil y contable, trabajando de forma coordinada desde el diseño de la operación hasta su ejecución y su eventual defensa posterior ante una inspección.

    Un despacho con visión de largo plazo

    Con sede en Madrid y delegación en Mallorca, LRB Tax & Legal ha construido su reputación en este ámbito trabajando con grupos empresariales de sectores tan diversos como el turístico, el hotelero, el tecnológico o el agroalimentario, muchos de ellos con presencia en las Islas Baleares. Esa diversidad sectorial, unida a la especialización técnica en reestructuraciones FEAC, explica por qué el sector legal ibérico ha decidido reconocer tanto a Luis Miguel Larriba como profesional individual como al equipo fiscal de la firma en su conjunto.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es el régimen FEAC?

    Es el régimen fiscal especial que permite realizar fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores con neutralidad fiscal, siempre que exista un motivo económico válido.

    ¿Qué riesgo tiene una reestructuración mal planificada?

    Que Hacienda considere, en una inspección posterior, que la operación no tuvo un motivo económico válido, lo que puede derivar en la pérdida del régimen de neutralidad fiscal y en sanciones.

    ¿Qué avala la experiencia de LRB Tax & Legal en este ámbito?

    El premio a Luis Miguel Larriba como Mejor Profesional Fiscal de España y Portugal y la condición de finalista de su equipo fiscal en los Iberian Lawyer Awards 2026.

  • Gastos de vehículo de renting: IVA y deducción en el Impuesto sobre Sociedades

    El renting se ha consolidado como una de las fórmulas preferidas por las pymes españolas para incorporar vehículos a su flota sin necesidad de una inversión inicial elevada. Sin embargo, la fiscalidad de esta modalidad de financiación presenta particularidades que conviene conocer bien, tanto en materia de IVA como en el Impuesto sobre Sociedades. Analizar correctamente el renting vehículo IVA deducción permite a la empresa aprovechar al máximo las ventajas fiscales de esta fórmula sin incurrir en errores que puedan generar contingencias futuras.

    Qué es el renting y por qué es fiscalmente atractivo

    El renting es un contrato de arrendamiento operativo mediante el cual la empresa paga una cuota periódica a cambio del uso del vehículo, incluyendo habitualmente servicios adicionales como mantenimiento, seguro y sustitución en caso de avería. A diferencia de la compra o el leasing, el renting no implica la adquisición de la propiedad del vehículo, lo que simplifica su tratamiento contable y fiscal al tratarse, con carácter general, de un gasto corriente y no de una inversión que deba activarse y amortizarse.

    El tratamiento del IVA en el renting

    Las cuotas de renting incluyen IVA, que la empresa puede deducirse en función del grado de afectación del vehículo a la actividad económica. La normativa del IVA establece una presunción de afectación del 50% para los vehículos turismos utilizados por la empresa, salvo que se trate de alguno de los supuestos con presunción de afectación del 100%, como los vehículos destinados al transporte de mercancías, al transporte de viajeros mediante contraprestación, a la formación de conductores, o a la actividad de agentes o representantes comerciales. Fuera de estos supuestos específicos, la empresa puede deducir un porcentaje superior al 50% si acredita un grado de afectación mayor mediante prueba admitida en derecho.

    La deducción en el Impuesto sobre Sociedades

    A efectos del Impuesto sobre Sociedades, las cuotas de renting satisfechas se consideran, con carácter general, gasto deducible del ejercicio en que se devengan, sin necesidad de activarlas como inmovilizado, lo que simplifica notablemente la gestión fiscal frente a la compra directa del vehículo. No obstante, esta deducibilidad también está condicionada al grado de afectación del vehículo a la actividad económica, de manera que si el vehículo se destina a un uso mixto, solo resultará deducible la parte de la cuota correspondiente al uso empresarial acreditado.

    Diferencias entre el criterio del IVA y el del Impuesto sobre Sociedades

    Un aspecto que genera confusión con frecuencia es que el porcentaje de deducción aplicado en el IVA no tiene por qué coincidir exactamente con el aplicado en el Impuesto sobre Sociedades, ya que cada impuesto cuenta con su propia normativa y criterios de afectación, aunque en la práctica muchas empresas tienden a aplicar un porcentaje homogéneo para simplificar la gestión. Resulta recomendable analizar ambos impuestos de forma coordinada, documentando adecuadamente el grado de afectación real del vehículo, para evitar incoherencias que puedan llamar la atención de la Administración en una comprobación conjunta de ambos tributos.

    Ventajas prácticas del renting frente a otras fórmulas

    • Simplicidad contable: al no activarse como inmovilizado, se evita la gestión de tablas de amortización y de posibles deterioros de valor.
    • Previsibilidad del gasto: la cuota mensual fija facilita la planificación de tesorería de la empresa.
    • Servicios incluidos: el mantenimiento y el seguro suelen estar incorporados en la cuota, lo que reduce la carga administrativa asociada a la gestión del vehículo.
    • Renovación flexible: al finalizar el contrato, la empresa puede optar por un vehículo nuevo sin necesidad de gestionar la venta del anterior.

    Cómo evitar errores frecuentes en la deducción

    Es habitual que las empresas apliquen de forma automática un porcentaje de deducción sin analizar si su situación concreta permite justificar un grado de afectación superior, perdiendo así la oportunidad de deducir un mayor importe. También es frecuente que no se documente adecuadamente el uso del vehículo, lo que debilita la posición de la empresa ante una eventual comprobación. Para las pymes que gestionan varios vehículos en renting, contar con asesoría fiscal para pymes de LRB Tax & Legal ayuda a establecer criterios homogéneos y bien documentados de deducibilidad para toda la flota.

    Conclusión

    El correcto tratamiento del renting vehículo IVA deducción exige coordinar el análisis del IVA soportado en las cuotas con la deducibilidad del gasto en el Impuesto sobre Sociedades, prestando especial atención al grado de afectación del vehículo a la actividad económica. Documentar adecuadamente este uso desde el inicio del contrato permite a la empresa aprovechar plenamente las ventajas fiscales del renting sin generar contingencias futuras frente a la Agencia Tributaria.

  • Valoración de participaciones en un conflicto entre socios: el valor razonable del artículo 353 LSC

    Valoración de participaciones en un conflicto entre socios: el valor razonable del artículo 353 LSC

    En un conflicto entre socios que desemboca en la salida de uno de ellos, la cifra que se pague por sus participaciones suele ser el punto más disputado. La Ley de Sociedades de Capital resuelve el problema de fondo con un concepto, el valor razonable, y con un mecanismo, la designación de un experto independiente por el registrador mercantil cuando no hay acuerdo (artículo 353). Entender qué significa ese valor, cómo se calcula y qué papel juega la fiscalidad de la sociedad es esencial para quien se separa, para quien es excluido y para la compañía que debe pagar.

    Respuesta directa: qué dice el artículo 353 LSC

    El artículo 353 de la Ley de Sociedades de Capital establece que, en los casos de separación o exclusión de un socio, las participaciones o acciones se valoran por su valor razonable en la fecha en que se ejercitó el derecho de separación o se acordó la exclusión, y que, a falta de acuerdo sobre su importe, ese valor lo determina un experto independiente designado por el registrador mercantil del domicilio social, a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios afectados. Es decir, la ley no fija una fórmula; fija un estándar y un procedimiento. La página sobre valoración de empresas y activos explica el modo en que se estructura un trabajo de este tipo, desde la elección del método hasta la documentación que se maneja.

    En qué situaciones se aplica

    La valoración del artículo 353 aparece en los supuestos de separación y de exclusión de socios. Entre los más habituales:

    • Separación por causa legal (artículo 346), como cambios sustanciales de objeto social, traslado del domicilio al extranjero o modificaciones que afectan a los derechos del socio.
    • Separación por causa estatutaria, cuando los estatutos reconocen causas adicionales.
    • Separación por falta de distribución de dividendos, en los términos del artículo 348 bis, cuya aplicación ha estado sometida a vicisitudes legislativas y exige comprobar su régimen vigente.
    • Exclusión de socios por incumplimiento de obligaciones, por conducta contraria al interés social u otras causas previstas en la ley o los estatutos.

    En todos ellos, el socio saliente tiene derecho a recibir el valor de su participación, y la sociedad debe pagarlo en las condiciones y plazos que la ley establece.

    Qué significa «valor razonable»

    La ley no define el valor razonable con una fórmula, pero la práctica y la doctrina coinciden en algunos puntos. No es el valor nominal ni el valor contable sin más, aunque el balance sea un punto de partida. Tampoco es el precio al que el socio estaría dispuesto a vender en una negociación concreta. Se aproxima al valor que un tercero informado pagaría por la participación, teniendo en cuenta la empresa, su rentabilidad, sus activos, sus riesgos y sus perspectivas. Y no resulta automático aplicar descuentos por minoría o por falta de liquidez: su procedencia depende de las circunstancias y debe justificarse en el informe.

    Métodos habituales

    • Descuento de flujos de caja, cuando la empresa tiene previsiones fiables.
    • Múltiplos de empresas comparables, como complemento o contraste.
    • Método patrimonial ajustado, útil en sociedades con activos relevantes o patrimoniales.
    • Combinaciones, ponderando resultados con justificación expresa.

    El método debe elegirse por su adecuación a la naturaleza del negocio, no por el resultado al que conduzca. El informe tiene que explicar por qué se utiliza y por qué se descartan otros.

    El experto designado por el registrador mercantil

    Cuando socio y sociedad no se ponen de acuerdo, cualquiera de ellos puede solicitar el nombramiento de un experto independiente. El experto no representa a ninguna de las partes: su misión es determinar el valor razonable con criterios técnicos. Esto tiene implicaciones prácticas. Las partes pueden facilitarle información, pero no dictar sus conclusiones; el informe debe estar motivado, y los datos que utilice deben ser contrastables.

    La existencia de un experto designado no impide que las partes encarguen informes propios. Al contrario: un dictamen de parte bien documentado permite negociar con fundamento antes de que se designe al experto, anticipar los argumentos que se plantearán y, si el resultado no convence, sustentar una discrepancia razonada. En esta fase conviene también contar con una visión jurídica; la página sobre informes jurídico-empresariales describe cómo se enlazan el análisis económico y el societario.

    La dimensión fiscal que suele olvidarse

    La valoración de las participaciones se hace en un contexto en el que el Impuesto sobre Sociedades condiciona la cifra y las consecuencias de pagarla.

    Efecto sobre el valor de la sociedad

    La carga fiscal latente de plusvalías no realizadas, las bases imponibles negativas pendientes de compensar y las contingencias tributarias abiertas influyen en el valor patrimonial y en los flujos futuros. Un informe riguroso las analiza y las refleja, porque un comprador independiente lo haría.

    Efecto para el socio que sale

    El socio persona física que recibe el reembolso o el precio de sus participaciones puede generar una ganancia o pérdida patrimonial, cuya cuantificación depende de su valor de adquisición y de las reglas del IRPF, entre ellas las aplicables a participaciones en sociedades no cotizadas. Si el socio es una sociedad, intervienen las reglas del Impuesto sobre Sociedades sobre transmisión de participaciones. No hay una respuesta uniforme: hay que analizar cada caso.

    Efecto para la sociedad

    Dependiendo de cómo se articule la salida —adquisición de participaciones propias, reducción de capital, compra por otros socios—, las consecuencias fiscales y mercantiles son distintas. La estructura debe diseñarse con asesoramiento antes de cerrar el pago.

    Un ejemplo hipotético

    Una sociedad familiar de tres socios con el 40 %, el 40 % y el 20 % de las participaciones experimenta un desacuerdo grave. El socio minoritario ejerce su derecho de separación por una causa legal. La sociedad propone un valor basado en el patrimonio neto contable, que asciende a 600.000 euros en total; el socio considera que la empresa vale mucho más por su cartera de contratos y por un inmueble registrado a coste histórico. Sin acuerdo, se solicita la designación de un experto. Mientras tanto, el socio encarga un informe que ajusta el inmueble a mercado, descuenta flujos de caja y descuenta la carga fiscal latente de la plusvalía. Las cifras del ejemplo son ficticias; muestran cómo el método y los ajustes pueden separar notablemente dos valoraciones.

    Cómo prepararse si se está en un conflicto entre socios

    1. Identificar el supuesto legal de separación o exclusión y la fecha de referencia para la valoración.
    2. Reunir la documentación: cuentas anuales, balances intermedios, contratos relevantes, estatutos, pactos parasociales y declaraciones fiscales.
    3. Encargar un informe propio con metodología clara y declaración de imparcialidad.
    4. Analizar la fiscalidad de cada alternativa de salida, tanto para el socio como para la sociedad.
    5. Negociar con fundamento antes de solicitar la designación del experto o durante el procedimiento.
    6. Prever la vía judicial por si el resultado se impugna; en ese caso, el perito deberá ratificar su dictamen, como describe la página sobre prueba pericial judicial.

    Para coordinar la estrategia societaria, fiscal y probatoria, un equipo de defensa fiscal con LRB permite que los tres planos avancen en paralelo, evitando decisiones que luego condicionen el resultado. Para profundizar en la valoración de las participaciones en los procesos de separación, también puede consultarse nuestro artículo sobre valoración pericial en la separación de socios.

    Errores frecuentes

    • Confundir el valor razonable con el valor contable y no ajustar plusvalías latentes ni contingencias.
    • Aplicar de manera automática descuentos por minoría o iliquidez sin justificarlos.
    • Elegir la fecha de valoración equivocada.
    • Ignorar el coste fiscal de la operación para el socio o para la sociedad.
    • Presentar un informe sin explicar hipótesis ni datos, lo que facilita su rechazo.
    • Olvidar que la Administración también puede cuestionar el valor si la operación tiene efectos tributarios.

    Preguntas frecuentes

    ¿Quién paga al experto designado por el registrador?

    El régimen de honorarios está previsto en la propia norma y en el procedimiento de designación. Conviene consultar el texto vigente del artículo 353 y la resolución de nombramiento para saber a quién corresponde el pago y cómo se adelanta.

    ¿Se puede discutir la valoración del experto?

    Sí. La valoración puede ser objeto de discrepancia por las vías procesales que correspondan, aportando informes de parte y demostrando errores de método o de datos. Cuanto más documentada esté la discrepancia, más posibilidades tendrá de ser considerada.

    ¿Qué fecha se toma como referencia?

    La que establece la ley para cada supuesto, que por regla general es la del ejercicio del derecho de separación o la del acuerdo de exclusión. Elegir mal la fecha altera las cifras de partida.

    ¿Es lo mismo valor razonable que valor de mercado?

    Se aproximan, pero el valor razonable se determina con criterios técnicos en un contexto concreto de separación o exclusión y debe fundamentarse. La clave es que se explique el método y se apoye en datos verificables.

    Conclusión

    El artículo 353 de la Ley de Sociedades de Capital da una respuesta equilibrada al conflicto entre socios: un estándar de valor razonable y un tercero independiente que lo determina cuando no hay acuerdo. Para que ese mecanismo funcione, hace falta que cada parte llegue con información ordenada, con una valoración propia bien argumentada y con una visión clara de las consecuencias fiscales. Quien lo hace ejerce con base legal sus derechos como socio, recordando que la sociedad es una parte más y que su propuesta de valor, como la de cualquiera, debe demostrarse con datos.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Plazos y requisitos para solicitar la devolución del IVA pagado en otro país de la UE

    El plazo que más dinero hace perder a las empresas: el 30 de septiembre

    Las empresas que cumplen con rigor los plazos del Impuesto sobre Sociedades deberían aplicar la misma disciplina a otro plazo, menos conocido pero igualmente perentorio: el de la devolución del IVA soportado en otros países de la Unión Europea. De todos los requisitos que rodean la devolución del IVA soportado en otros países de la Unión Europea, el que genera más pérdidas económicas evitables es, con diferencia, el plazo de presentación: la solicitud debe presentarse, como máximo, el 30 de septiembre del año siguiente a aquel en que se soportó el IVA. Superado ese plazo, el derecho a la devolución se pierde de forma definitiva, sin posibilidad de subsanación ni de presentación tardía. Para evitarlo, conviene tratar la revisión del IVA extranjero recuperable, a través del procedimiento de Devolución de IVA nacional y extranjero, como una tarea más del cierre fiscal anual, no como un trámite opcional que se revisa «si hay tiempo».

    Plazos del procedimiento, paso a paso

    Más allá del plazo límite de presentación, el procedimiento tiene varios hitos temporales que conviene tener presentes: el periodo mínimo de solicitud es, por regla general, trimestral (aunque puede solicitarse también de forma anual, agrupando todo el ejercicio); el Estado miembro de devolución dispone de cuatro meses para resolver desde la recepción de la solicitud; si solicita información adicional, el plazo se amplía dos meses más desde que recibe esa información, y hasta ocho meses en total si la solicitud de información es especialmente compleja; y, una vez aprobada la devolución, el Estado miembro debe abonarla en un plazo de diez días hábiles desde que expira el plazo de resolución, generando intereses de demora en caso de retraso.

    Requisitos formales que hay que cumplir desde el primer momento

    Para que una solicitud de devolución de IVA extranjero tenga opciones reales de ser aprobada sin incidencias, debe cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: la empresa solicitante debe estar dada de alta como sujeto pasivo de IVA en su Estado miembro de establecimiento y no debe realizar en el Estado miembro de devolución operaciones que la obliguen a presentar declaraciones de IVA allí; las facturas deben cumplir los requisitos formales exigidos por la normativa del país donde se soportó el gasto (no solo los españoles); el importe mínimo de la solicitud debe alcanzar el umbral fijado para el periodo solicitado; y los conceptos de gasto reclamados deben estar entre los que el Estado miembro de devolución admite, lo que exige conocer previamente las exclusiones específicas de cada país.

    Qué empresas deberían revisar sistemáticamente estos plazos

    Cualquier empresa con actividad internacional recurrente —viajes de negocio frecuentes, participación en ferias, logística transfronteriza, servicios contratados en otros países de la UE— debería incorporar una revisión anual, idealmente antes del verano, del IVA extranjero soportado durante el ejercicio anterior, precisamente para evitar llegar al límite de septiembre sin margen de maniobra si se detecta documentación incompleta o facturas que necesitan subsanarse ante el proveedor extranjero antes de poder incluirse en la solicitud.

    Contar con asesores fiscales en Madrid especializados en fiscalidad internacional permite calendarizar esta revisión dentro de los procesos recurrentes de cierre fiscal de la empresa, en lugar de depender de que alguien se acuerde del plazo en el último momento.

    Qué hacer si se detecta IVA de ejercicios anteriores aún recuperable

    Si al revisar la contabilidad se detecta IVA extranjero de un ejercicio cuyo plazo de solicitud (el 30 de septiembre del año siguiente) ya ha expirado, lamentablemente no existe vía de recuperación: el derecho se ha perdido de forma irreversible. Esto convierte la gestión preventiva —revisar cada ejercicio antes de que termine el plazo del siguiente— en la única estrategia realmente eficaz, frente a intentar «rescatar» IVA de años anteriores una vez vencido el plazo, lo que no es posible bajo la normativa comunitaria actual.

    Cómo no quedarse sin margen antes del límite del 30 de septiembre

    La forma más eficaz de evitar llegar al límite sin margen de maniobra es fijar, dentro del calendario fiscal interno de la empresa, una fecha de revisión del IVA extranjero bastante anterior al 30 de septiembre —idealmente en el primer semestre del año—, de modo que quede tiempo suficiente para subsanar facturas incompletas, solicitar duplicados a proveedores extranjeros o resolver cualquier incidencia documental antes de presentar la solicitud de Devolución de IVA nacional y extranjero. Dejar esta revisión para las últimas semanas antes del plazo multiplica el riesgo de perder el derecho a recuperar el IVA simplemente por falta de tiempo para corregir incidencias menores.

    Preguntas frecuentes

    ¿Cuál es el plazo máximo para solicitar la devolución del IVA soportado en otro país de la UE?

    El 30 de septiembre del año siguiente a aquel en que se soportó el IVA; superado ese plazo, el derecho se pierde de forma definitiva.

    ¿Se puede solicitar la devolución de IVA de ejercicios ya prescritos?

    No. Una vez superado el plazo del 30 de septiembre del año siguiente, no existe ninguna vía para recuperar ese IVA, por lo que la revisión preventiva anual es fundamental.

    ¿Con qué periodicidad se puede solicitar la devolución?

    Como mínimo de forma trimestral, aunque también puede solicitarse de forma anual agrupando todo el ejercicio, siempre que se alcance el importe mínimo exigido para cada periodo.

    ¿Qué pasa si el Estado miembro de devolución tarda en pagar una solicitud aprobada?

    Debe abonar la devolución en un plazo de diez días hábiles desde que expira el plazo de resolución; si se retrasa, genera intereses de demora a favor de la empresa solicitante.

  • Tipos de gravamen y particularidades del Impuesto sobre Sociedades en clínicas veterinarias

    El sector veterinario español ha experimentado una notable profesionalización en los últimos años, con clínicas que han pasado de estructuras muy pequeñas a centros con varios profesionales, equipamiento diagnóstico sofisticado y servicios cada vez más especializados. Este crecimiento hace imprescindible conocer bien los tipos de gravamen y particularidades del impuesto sobre sociedades en clínicas veterinarias, un sector con singularidades fiscales que no siempre se abordan con el rigor necesario.

    El tipo general y el tipo reducido de nueva creación

    Como el resto de sociedades españolas, las clínicas veterinarias constituidas como sociedad tributan, con carácter general, al tipo del 25% del Impuesto sobre Sociedades. Las clínicas de reciente constitución pueden beneficiarse del tipo reducido del 15% durante el primer periodo impositivo en que obtengan una base imponible positiva y el siguiente, siempre que cumplan los requisitos exigidos para las entidades de nueva creación, lo que resulta especialmente relevante para veterinarios que dan el salto de ejercer como autónomos a constituir su propia sociedad profesional.

    Particularidades contables y fiscales del sector veterinario

    • Inversión en equipamiento diagnóstico: ecógrafos, equipos de radiología, analizadores de laboratorio y quirófanos representan inversiones significativas sujetas a amortización, cuyo correcto cálculo influye directamente en la base imponible de cada ejercicio.
    • Gestión de existencias de medicamentos y productos: las clínicas veterinarias manejan un inventario relevante de fármacos, piensos terapéuticos y productos sanitarios, cuya valoración correcta al cierre del ejercicio es esencial para determinar el resultado contable con precisión.
    • Servicios de urgencias y guardias: muchas clínicas ofrecen atención fuera del horario habitual, lo que genera estructuras de costes de personal específicas que conviene documentar y contabilizar correctamente.
    • Colaboración con especialistas externos: es habitual recurrir a veterinarios especialistas en determinadas disciplinas que facturan como profesionales independientes, lo que exige analizar cuidadosamente su calificación fiscal y laboral.

    Deducciones aplicables al sector

    Además del tipo reducido de nueva creación, las clínicas veterinarias pueden beneficiarse de incentivos generales del Impuesto sobre Sociedades cuando cumplan los requisitos correspondientes, como la reserva de capitalización, que permite reducir la base imponible cuando la sociedad incrementa y mantiene sus fondos propios, o la deducción por actividades de investigación y desarrollo cuando la clínica participa en proyectos de innovación veterinaria, algo cada vez más frecuente en centros de referencia que colaboran con universidades o laboratorios farmacéuticos.

    El Modelo 200 en el cierre de una clínica veterinaria

    Al preparar el Modelo 200, conviene revisar con especial atención los ajustes extracontables relacionados con la amortización del equipamiento diagnóstico, la correcta valoración del inventario de medicamentos, la deducibilidad de los gastos derivados de la formación continua obligatoria para el personal veterinario, y la eventual compensación de bases imponibles negativas generadas en los primeros ejercicios de actividad, especialmente en clínicas que han realizado una inversión inicial elevada en equipamiento.

    Riesgos fiscales específicos que vigila la inspección

    La Agencia Tributaria presta atención en este sector a cuestiones como la correcta facturación de los servicios prestados, especialmente cuando se combinan consultas, intervenciones quirúrgicas y venta de productos en un mismo establecimiento, la calificación de colaboradores externos como autónomos frente a una posible relación laboral encubierta, y la deducibilidad de gastos vinculados a la formación continua y a la actualización del equipamiento, que debe estar debidamente justificada como necesaria para el desarrollo de la actividad.

    Por qué conviene un asesoramiento especializado en el sector

    La combinación de inversión intensiva en equipamiento, gestión de inventario de productos sanitarios y colaboración con profesionales externos hace que las clínicas veterinarias se beneficien especialmente de contar con asesoramiento fiscal para empresas de LRB Tax & Legal, capaz de diseñar una estructura fiscal eficiente desde la constitución de la sociedad y de anticipar los criterios que la inspección suele revisar con más frecuencia en este tipo de negocio.

    Conclusión

    Los tipos de gravamen y particularidades del Impuesto sobre Sociedades en clínicas veterinarias combinan las reglas generales del impuesto con especificidades propias del sector sanitario animal: amortización de equipamiento diagnóstico, gestión de inventario, colaboración con especialistas externos y aprovechamiento de incentivos como el tipo reducido de nueva creación. Una planificación fiscal adaptada a esta realidad concreta permite a la clínica crecer con una base tributaria sólida y sin sobresaltos ante futuras comprobaciones.

  • Honorarios de un informe pericial tributario: contenido, plazos y qué influye en el coste

    Honorarios de un informe pericial tributario: contenido, plazos y qué influye en el coste

    Los honorarios de un informe pericial tributario dependen sobre todo de tres variables: el alcance de lo que se pregunta al perito, la cantidad y calidad de la documentación que hay que analizar y el momento en que se pide el trabajo. No existe una tarifa oficial ni un precio estándar; lo razonable es esperar un presupuesto previo que explique qué incluye, qué plazo se prevé y en qué supuestos podría variar. En lo que sigue se explica qué contiene un informe de este tipo, cómo se calcula su calendario y qué factores influyen en su coste, con especial atención a los litigios del Impuesto sobre Sociedades.

    Respuesta directa: qué esperar al encargar un informe

    Al encargar un informe pericial tributario, el contribuyente debería recibir: una definición clara del encargo, una relación de la documentación necesaria, un plazo estimado de entrega, un presupuesto con su forma de cálculo y una declaración sobre la independencia del perito. Si el informe va a utilizarse en un proceso, deberá además incluir la manifestación de objetividad que exige el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el compromiso de ratificarlo. La página de honorarios de ValiTax recoge los criterios generales con los que se plantean estos presupuestos, lo que sirve de referencia para comparar propuestas.

    Qué debe contener un informe pericial tributario

    Aunque cada encargo es distinto, el contenido básico de un dictamen que pretenda tener fuerza probatoria suele incluir los siguientes bloques:

    1. Identificación y cualificación del perito, con su formación y experiencia relacionada con la materia.
    2. Declaración de imparcialidad, con la fórmula que exige la ley procesal.
    3. Objeto del encargo, es decir, las preguntas concretas a las que se responde.
    4. Documentación examinada, con su relación y sus limitaciones.
    5. Antecedentes y hechos, expuestos de forma neutral y verificable.
    6. Metodología, con justificación de los métodos elegidos y de los descartados.
    7. Análisis y cálculos, con hipótesis explícitas y, si procede, escenarios alternativos.
    8. Conclusiones, redactadas con precisión para que puedan citarse sin ambigüedad.
    9. Anexos, con los documentos de soporte y las fuentes de los datos.

    El artículo 336 de la LEC prevé que el dictamen se aporte con los documentos en que se apoye, y el 265 incluye los dictámenes entre los documentos que deben acompañar a los escritos iniciales. Un informe sin anexos suficientes pierde capacidad de convicción, porque el tribunal no puede comprobar de dónde salen las cifras.

    Plazos: de qué depende cuánto tarda

    La disponibilidad de la documentación

    Es el principal factor. Si la empresa entrega desde el inicio contratos, cuentas, declaraciones y correspondencia relevantes, el trabajo avanza con fluidez. Si la información llega por goteo, los tiempos se alargan y el riesgo de omisiones crece.

    La complejidad del análisis

    No es lo mismo revisar la deducibilidad de un gasto concreto que valorar una empresa con varias líneas de negocio o analizar una operación vinculada con comparables. La complejidad afecta tanto al tiempo como al número de profesionales implicados.

    Los plazos del procedimiento

    En ocasiones el calendario viene impuesto por un trámite: un plazo de alegaciones, la fecha límite para aportar la prueba con la demanda o el anuncio del dictamen conforme al artículo 337 de la LEC. El presupuesto debería indicar si el plazo exigido es compatible con el alcance solicitado o si habrá que acotarlo, por ejemplo entregando primero una versión preliminar.

    La necesidad de ratificación

    Si el informe se aporta a un proceso, el perito puede ser citado a la vista para ratificarlo y responder a las preguntas (artículo 347). Esa intervención debe preverse en el calendario y en el presupuesto.

    Honorarios de un informe pericial tributario: cómo se construyen y qué conviene pactar

    Los modelos más habituales son los siguientes:

    Modelo Cómo funciona Cuándo encaja
    Importe cerrado Precio fijo por un alcance definido Encargos acotados y bien delimitados
    Por horas Tarifa horaria con estimación y tope orientativo Alcance incierto o revisión de documentación extensa
    Por fases Pagos vinculados a hitos: análisis, informe, ratificación Asuntos largos con intervención posterior en juicio

    Hay un modelo que conviene evitar: los honorarios condicionados al resultado del procedimiento. Un perito que cobra más si el tribunal da la razón al cliente pierde la apariencia de independencia, y su dictamen puede ser tachado por esa razón. Los honorarios deben corresponder al trabajo realizado, no al resultado.

    Conviene pactar por escrito, además: el alcance exacto, las revisiones incluidas, el coste de la comparecencia en juicio, los gastos de desplazamiento, la forma de pago y las consecuencias de una ampliación del encargo. Una propuesta clara evita malentendidos.

    Factores que encarecen o abaratan el informe

    • Volumen documental. A más años y más operaciones, más horas de análisis.
    • Calidad de la contabilidad. Un soporte ordenado reduce el trabajo de reconstrucción.
    • Urgencia. Los plazos muy cortos pueden requerir más recursos y alterar la planificación.
    • Necesidad de datos externos, como bases de comparables o informes sectoriales.
    • Número de escenarios o ejercicios que deban valorarse.
    • Intervención posterior, como aclaraciones, contrainformes o ratificación.

    Honorarios, costas y deducibilidad

    En un proceso, los honorarios de los peritos forman parte de los gastos del procedimiento (artículo 241 de la LEC) y pueden integrarse en la condena en costas si el tribunal la impone, con los límites que fije la ley para su reclamación. Por eso es importante guardar los justificantes y pedir facturas desglosadas. En el plano fiscal, los honorarios relacionados con la actividad de la empresa pueden ser gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades siempre que cumplan los requisitos generales de contabilización, imputación temporal y justificación. Conviene consultarlo con el asesor para cada caso. Sobre los dictámenes que deben prepararse con calendarios muy ajustados puede leerse nuestro artículo sobre informe pericial exprés: cuándo se necesita un dictamen en plazos reducidos.

    Un ejemplo hipotético de planificación

    Una sociedad recibe una propuesta de regularización relacionada con la valoración de una cesión de activos intangibles a otra empresa del grupo. Dispone de un mes para presentar alegaciones. Reúne contratos, cuentas de los tres últimos ejercicios y estudios previos, y los envía al perito el primer día. El perito propone un presupuesto por fases: una primera de revisión preliminar en pocos días, que permite orientar las alegaciones, y una segunda de informe completo, destinada a aportarse si el asunto avanza. Si el asunto llega a un proceso, un tercer apartado cubre la ratificación. El ejemplo es ficticio, y los tiempos son solo ilustrativos; lo que muestra es que dividir el trabajo en fases ayuda a controlar el calendario y el coste.

    Cómo comparar presupuestos

    1. Verificar que todos se refieren al mismo alcance y a las mismas preguntas.
    2. Comprobar qué documentación asumen que existe y cuál tendría que elaborarse.
    3. Pedir la experiencia concreta del perito con asuntos similares.
    4. Examinar si incluyen la ratificación y las posibles aclaraciones.
    5. Desconfiar de las ofertas muy inferiores al resto: pueden esconder un alcance reducido o una calidad que luego no resista el contraste.

    Para integrar el presupuesto del perito en la estrategia general de defensa, un servicio de asesoría legal y fiscal permite evaluar si el coste es proporcionado a la cuantía en juego. Y para conocer el método de trabajo que se sigue en estos encargos, la página sobre la metodología de ValiTax detalla las fases habituales; la dedicada a los informes periciales tributarios describe los supuestos en que suelen solicitarse.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se puede pedir un presupuesto antes de aportar toda la documentación?

    Sí, y es lo habitual. Con una descripción del asunto y una relación de los documentos disponibles, el perito puede ofrecer una estimación y aclarar qué factores podrían modificarla.

    ¿El informe sirve si se aporta tarde?

    Depende del procedimiento. La ley procesal regula cuándo deben aportarse los dictámenes y cuándo pueden anunciarse, y en vía administrativa los plazos de alegaciones son estrictos. Por eso conviene encargar el trabajo con margen.

    ¿Quién paga si pierdo el pleito?

    Los honorarios del perito se integran en los gastos del proceso y, si hay condena en costas, su inclusión y su cuantía están sujetas a los límites legales. Conviene guardar las facturas y valorar este riesgo desde el principio.

    ¿Puedo ahorrar encargando solo una revisión preliminar?

    En muchos casos sí, sobre todo para decidir si merece la pena litigar. Pero si el objetivo es aportar un dictamen a un proceso, la revisión preliminar no sustituye al informe completo.

    Conclusión

    Un informe pericial tributario bien planteado es un trabajo con contenido, calendario y coste previsibles. El contribuyente debe exigir claridad sobre el alcance, la documentación necesaria, los plazos y la forma de cálculo de los honorarios, y evitar fórmulas que comprometan la independencia del perito. Con esa información puede decidir con criterio si el gasto es proporcionado al riesgo, ejerciendo con base legal sus derechos frente a una Administración que es una parte más y cuyas tesis también deben demostrarse.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Visado colegial y acreditación profesional en un informe pericial

    Cuando una empresa o un particular necesitan aportar un informe pericial en un procedimiento administrativo o judicial, la calidad técnica del contenido es solo una parte de la ecuación: la acreditación formal del perito y, en muchos casos, el visado colegial informe pericial pueden resultar determinantes para que el documento tenga plena validez probatoria. Entender el papel de estos elementos formales evita sorpresas desagradables cuando el informe ya se ha presentado ante un tribunal o una administración.

    Qué es el visado colegial y para qué sirve

    El visado colegial es un control que realiza el colegio profesional correspondiente sobre determinados trabajos elaborados por sus colegiados, verificando aspectos como la identidad y habilitación del profesional que firma el informe, la corrección formal del documento y, en algunos casos, ciertos aspectos técnicos básicos. No todos los informes periciales requieren visado obligatorio: su exigencia depende de la normativa del colegio profesional correspondiente y del tipo de trabajo realizado, por lo que conviene verificar en cada caso concreto si resulta necesario.

    Por qué la acreditación profesional del perito importa tanto

    Más allá del visado, lo verdaderamente relevante para que un informe pericial tenga fuerza probatoria es que quien lo suscribe cuente con la formación, experiencia y habilitación profesional adecuadas para la materia sobre la que se pronuncia. Un tribunal o un órgano administrativo valorará con mayor peso las conclusiones de un perito que pueda acreditar formación específica en fiscalidad, contabilidad forense o valoración de empresas, colegiación vigente cuando resulte exigible, y experiencia previa en la elaboración de informes similares, frente a un análisis firmado por alguien sin esa trayectoria demostrable.

    Elementos que refuerzan la solidez formal de un informe pericial

    • Identificación completa del perito: nombre, titulación, número de colegiado cuando proceda, y declaración expresa de independencia respecto de las partes.
    • Metodología explicada con claridad: el informe debe detallar qué fuentes de información se han utilizado, qué método de análisis se ha aplicado y por qué se ha considerado el más adecuado para el caso concreto.
    • Declaración de juramento o promesa de actuar con objetividad: especialmente relevante en informes destinados a procedimientos judiciales, donde suele exigirse una manifestación expresa sobre la veracidad e imparcialidad del perito.
    • Documentación anexa: los soportes documentales en los que se basa el análisis deben incorporarse o referenciarse adecuadamente, permitiendo verificar la trazabilidad de las conclusiones.

    Consecuencias de un informe sin la acreditación adecuada

    Un informe pericial elaborado sin la acreditación profesional necesaria, o que debiendo contar con visado colegial no lo incorpore, puede ver cuestionada su admisibilidad o, cuando menos, su fuerza probatoria ante el órgano que deba valorarlo. Esto no significa necesariamente que el informe sea rechazado de plano, pero sí que la contraparte puede utilizar esta circunstancia para debilitar su credibilidad, lo que resulta especialmente perjudicial en procedimientos donde la prueba pericial es la pieza central de la defensa.

    Cómo verificar los requisitos antes de encargar el informe

    Antes de encargar un informe pericial, conviene preguntar directamente al profesional o despacho seleccionado sobre su acreditación específica en la materia, su experiencia previa en casos similares, y si el tipo de informe requerido necesita visado colegial según la normativa aplicable. Esta verificación previa evita tener que rehacer el trabajo, con el consiguiente coste de tiempo y dinero, si posteriormente se detecta que el informe no cumple los requisitos formales exigidos por el procedimiento.

    La importancia de acudir a profesionales con trayectoria acreditada

    Dado que la validez de un informe pericial depende tanto de su rigor técnico como de la solvencia formal de quien lo suscribe, resulta especialmente recomendable acudir a profesionales con una trayectoria demostrable en la materia. Contar con un perito judicial tributario de LRB Tax & Legal que combine la formación técnica adecuada con la experiencia práctica en procedimientos administrativos y judiciales aporta la seguridad de que el informe cumplirá todos los requisitos formales necesarios para desplegar su plena eficacia probatoria.

    Conclusión

    El visado colegial informe pericial y la acreditación profesional del perito son elementos que, aunque a veces se perciben como meros trámites formales, pueden resultar decisivos para que un informe técnico despliegue toda su fuerza probatoria ante un tribunal o una administración. Verificar estos aspectos antes de encargar el trabajo, y confiar en profesionales con trayectoria contrastada, es una garantía adicional de que el esfuerzo invertido en el informe no se verá cuestionado por motivos puramente formales.