Categoría: Informes Periciales, Valoración y Litigios Societarios

Cuando una sociedad recibe una comunicación de inicio de actuaciones inspectoras, la reacción natural es centrarse en la parte jurídica del expediente. Sin embargo, en un número creciente de casos —valoraciones de operaciones vinculadas, discusiones sobre el valor de mercado de un inmueble, cálculo de amortizaciones o cuantificación de un daño económico— la controversia no es jurídica sino técnico-contable o de valoración. Ahí es donde entra en juego la defensa pericial ante la inspección de la AEAT, una figura cada vez más determinante en los procedimientos tributarios complejos.

Qué aporta el perito en un procedimiento de inspección

El perito tributario no sustituye al abogado ni al asesor fiscal: los complementa. Mientras el asesor articula los argumentos jurídicos y el procedimiento, el perito aporta el análisis técnico independiente que respalda esos argumentos con metodología, cálculos y comparables verificables. La defensa pericial ante la inspección de la AEAT resulta especialmente valiosa cuando la discrepancia gira en torno a magnitudes cuantificables: el valor de mercado de una operación entre partes vinculadas, el importe de una amortización, la existencia de merma en materias primas o la razonabilidad de un ajuste extracontable.

Fases en las que interviene el perito

1. Fase de instrucción

Antes incluso de que la inspección plantee una propuesta de regularización, el perito puede elaborar un informe técnico previo que sustente la posición del contribuyente, anticipándose a los criterios que probablemente utilizará el actuario. Este informe se aporta como prueba documental dentro del propio expediente.

2. Fase de alegaciones

Tras el acta o la propuesta de liquidación, el perito puede rebatir de forma técnica los cálculos de la Administración, señalando errores metodológicos, comparables inadecuados o hipótesis de valoración poco realistas.

3. Fase de recurso o reclamación

Si el expediente llega al Tribunal Económico-Administrativo o a la vía contencioso-administrativa, el informe pericial se convierte en una prueba central, y el perito puede ser llamado a ratificarlo o incluso a intervenir en vista oral.

Metodología habitual del informe pericial

• Descripción del objeto de la pericia y delimitación de la cuestión controvertida.
• Análisis normativo y contable aplicable (Plan General de Contabilidad, normas del Impuesto sobre Sociedades, directrices de la OCDE en precios de transferencia si procede).
• Selección de comparables y justificación del método de valoración empleado.
• Cálculos detallados con hojas de trabajo trazables.
• Conclusiones motivadas, redactadas de forma comprensible para un tribunal no especializado en la materia técnica concreta.

Casos típicos en el Impuesto sobre Sociedades

La defensa pericial ante la inspección de la AEAT es especialmente frecuente en discusiones sobre operaciones vinculadas (artículo 18 de la Ley 27/2014), valoración de aportaciones no dinerarias, deterioros de activos, amortizaciones aceleradas, y determinación del valor razonable en fusiones y escisiones acogidas al régimen FEAC. En todos estos supuestos, el criterio técnico independiente y bien fundamentado pesa mucho más que una simple discrepancia de opinión con el actuario.

Por qué la independencia del perito es determinante

Un informe elaborado por el propio departamento financiero de la empresa tiene un valor probatorio limitado, porque el tribunal lo percibe como parte interesada. Un informe pericial elaborado por un profesional independiente, con la metodología y el rigor exigibles, tiene una fuerza probatoria muy superior y puede llegar a inclinar la resolución de un procedimiento que, de otro modo, se resolvería en contra del contribuyente simplemente por falta de contraprueba técnica.

Cuándo solicitar apoyo pericial

• Cuando la propuesta de regularización se basa en una valoración que la empresa considera errónea o desproporcionada.
• Cuando existen operaciones vinculadas relevantes en el ejercicio inspeccionado.
• Cuando el actuario utiliza métodos de estimación indirecta o comparables discutibles.
• Cuando el asunto puede terminar en vía judicial y conviene reforzar la prueba desde el inicio.

Recomendación

Ante un procedimiento de inspección con contenido técnico relevante, conviene valorar desde el primer momento el apoyo de los servicios periciales de ValiTax, que permiten construir una defensa sólida, verificable y adaptada a los criterios que exigen tanto la AEAT como los tribunales económico-administrativos y judiciales.

Conclusión

La defensa pericial ante la inspección de la AEAT se ha convertido en una pieza esencial de la estrategia de defensa tributaria en expedientes complejos. No se trata de un recurso accesorio, sino de una herramienta que aporta el rigor técnico necesario para equilibrar la posición del contribuyente frente a una Administración que, en muchas ocasiones, dispone de medios de comprobación y bases de datos muy superiores a los de la propia empresa.

Cuando un litigio societario, mercantil o fiscal llega a los tribunales, la prueba pericial suele convertirse en la pieza que inclina la balanza. Sin embargo, no todos los informes periciales tienen el mismo valor procesal. Existe una diferencia esencial entre el trabajo de un perito judicial acreditado y un simple informe de parte que nunca llega a ratificarse ante el juez. Entender esta diferencia es clave para cualquier empresario, administrador o director financiero que se enfrente a una disputa societaria, una discrepancia de valoración o una controversia con la Agencia Tributaria que pueda acabar en sede judicial.

Qué distingue a un perito judicial acreditado

Un perito judicial acreditado es un profesional con formación y experiencia demostrable que emite su informe siguiendo las exigencias de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), incorporando la declaración de imparcialidad exigida en el artículo 335.2 LEC y sometiéndose, si la parte contraria lo solicita, a ratificación y contradicción en sede de vista o juicio. No basta con tener conocimientos técnicos: el perito judicial acreditado debe poder defender su metodología, sus fuentes y sus conclusiones ante el tribunal, respondiendo a las preguntas de ambas partes y del propio juzgador.

Esta acreditación no es un mero formalismo. La jurisprudencia viene reiterando que el valor probatorio de la prueba pericial se mide, entre otros factores, por la solidez de la metodología empleada, la coherencia interna del informe y la capacidad del perito de sostener sus conclusiones en el acto de ratificación.

El problema del informe de parte no ratificado

Es habitual que una empresa encargue un informe técnico o económico a un asesor de confianza para reforzar su posición en una negociación o incluso en un procedimiento administrativo. El problema surge cuando ese documento se pretende utilizar como prueba en un procedimiento judicial sin que su autor comparezca a ratificarlo y sin que se haya elaborado con el rigor procesal exigido. En estos casos, el tribunal puede:

• Otorgar al documento un valor probatorio muy limitado, tratándolo como una mera alegación de parte.
• Desestimarlo si la parte contraria impugna su origen o su falta de contradicción.
• Valorarlo únicamente como indicio, nunca como prueba pericial en sentido estricto.

Esta debilidad procesal resulta especialmente peligrosa en materia societaria y tributaria, donde las cifras (valoraciones de participaciones, cálculo de perjuicios, corrección de operaciones vinculadas) son determinantes para el fallo.

Ratificación y contradicción: el verdadero valor añadido

La ratificación judicial permite que el perito explique, bajo juramento o promesa de decir verdad, cómo ha llegado a sus conclusiones. Es en ese momento cuando se somete a contrainterrogatorio por la parte contraria, lo que obliga a que el informe original esté construido con solidez técnica desde el primer momento. Un informe elaborado pensando únicamente en convencer al cliente, sin anticipar las preguntas de la parte contraria o del juzgador, suele desmoronarse en el acto de ratificación.

Elementos que refuerzan un informe pericial acreditado

• Metodología explícita y contrastable, con referencia a normas técnicas de valoración cuando proceda.
• Documentación de las fuentes de información utilizadas (contabilidad, escrituras, contratos, comparables de mercado).
• Declaración expresa de imparcialidad e independencia respecto de las partes.
• Disponibilidad real del perito para acudir a ratificar el informe cuando sea requerido.

Aplicación práctica en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades

En materia de Impuesto sobre Sociedades, la prueba pericial acreditada resulta decisiva en supuestos como la valoración de operaciones vinculadas, la determinación del valor de mercado en una reestructuración societaria, la cuantificación de un deterioro contable cuestionado por la Inspección o la defensa frente a una regularización basada en comprobaciones de valor. Un informe pericial bien construido y ratificable puede ser la diferencia entre ganar o perder una liquidación tributaria recurrida ante los tribunales económico-administrativos o contencioso-administrativos.

Por ello, cuando una empresa prevé que una controversia puede acabar teniendo trascendencia judicial, resulta mucho más eficiente encargar desde el primer momento un informe elaborado por un perito judicial acreditado, y no un simple informe de parte que después habrá que reconstruir o reforzar bajo presión de plazos procesales. Contar con el respaldo de un perito judicial tributario con experiencia contrastada en litigios societarios y fiscales, como el que ofrece LRB Tax & Legal, permite que el informe nazca ya preparado para superar el filtro de la contradicción judicial.

Cómo elegir al perito adecuado

A la hora de seleccionar un perito para un asunto de naturaleza societaria o tributaria conviene valorar su experiencia previa en ratificaciones judiciales, su especialización en la materia concreta (valoración de empresas, fiscalidad, operaciones vinculadas) y su capacidad de comunicación técnica ante un tribunal que, habitualmente, no tiene formación económica especializada. Un buen perito no solo domina la técnica contable o fiscal, sino que sabe explicarla con claridad y defenderla con firmeza.

Conclusión

La diferencia entre un perito judicial acreditado y un informe de parte no ratificado no es cosmética: afecta directamente al resultado del procedimiento. Invertir en un informe pericial riguroso desde el inicio, elaborado por un profesional dispuesto y preparado para ratificarlo en sede judicial, es una decisión estratégica para cualquier empresa que afronte un litigio societario o tributario relevante.