Un tributo directo, personal y periódico que grava la renta obtenida por las sociedades y demás entidades jurídicas residentes en España. Se calcula partiendo del resultado contable y corrigiéndolo con las reglas de la Ley 27/2014. Véase qué es el Impuesto sobre Sociedades.

El tipo general es el 25 % de la base imponible, no del beneficio contable. Hay tipos reducidos por tamaño y el 15 % de las entidades de nueva creación, varios en aplicación gradual. Véase tipos de gravamen.

Todas las sociedades mercantiles desde su constitución, tengan o no actividad y obtengan beneficio o pérdida, además de otras entidades que la ley declara contribuyentes. Las excepciones son muy pocas. Véase quién está obligado a declarar.

No. Tributa en régimen de atribución de rentas: la renta se imputa a los comuneros y tributa en su impuesto personal. Sí lo presentan las sociedades civiles con objeto mercantil.

Sí. La denominación legal es Impuesto sobre Sociedades; en el lenguaje corriente se usan ambas indistintamente para referirse al mismo tributo.

En los veinticinco días naturales siguientes a los seis meses posteriores al cierre del período impositivo. Para ejercicio natural, del 1 al 25 de julio. Véase plazo de presentación.

El plazo se cuenta igualmente desde su cierre: seis meses y veinticinco días. Los pagos fraccionados, en cambio, se presentan en abril, octubre y diciembre para todas las sociedades.

Si hay cantidad a ingresar y no ha mediado requerimiento, se aplica un recargo por declaración extemporánea creciente con el retraso, sin sanción. Si media requerimiento, se abre la vía sancionadora.

Sí, y es lo habitual. Se declara con las cuentas que se prevé aprobar; si las finalmente aprobadas difieren, se presenta complementaria en el plazo previsto.

El pago fraccionado a cuenta del impuesto, que se ingresa tres veces al año. Hay dos modalidades de cálculo con efectos de tesorería muy distintos. Véase pagos fraccionados.

La declaración informativa de operaciones vinculadas, que se presenta en noviembre para ejercicio natural. Tiene plazo y sanción propios y se olvida con frecuencia. Véase modelo 232.

No, y confundirlos es el error más común. Entre uno y otra median los ajustes extracontables, las reservas y la compensación de bases negativas. Véase ajustes extracontables.

Sí. Si los ajustes positivos —gastos no deducibles, deterioros no admitidos, exceso de amortización— superan la pérdida contable, la base imponible resulta positiva. Es legal y más frecuente de lo que parece.

Los del artículo 15: retribución de fondos propios, el propio impuesto, multas y sanciones, donativos y liberalidades, gastos contrarios al ordenamiento, operaciones con paraísos fiscales y algunos más, además del exceso de atenciones a clientes sobre el 1 % de la cifra de negocios. Véase gastos no deducibles.

Sí, si los estatutos prevén el carácter retribuido del cargo y su sistema, y la junta ha aprobado el importe máximo. Sin esa cobertura, la Administración regulariza con frecuencia. Véase administradores y socios.

Solo si está afecto exclusivamente a la actividad y se puede probar. La carga de la prueba recae en la sociedad, y sin elementos objetivos la Administración regulariza amortización, combustible, seguro y reparaciones.

Sí, contabilizándola en el ejercicio en que se registra, siempre que de ello no derive una tributación inferior a la del devengo. Véase imputación temporal.

Cuando hayan transcurrido seis meses desde el vencimiento —plazo inferior para empresas de reducida dimensión—, el deudor esté en concurso, esté procesado por alzamiento de bienes o la deuda esté reclamada judicialmente. No cabe si el deudor es una parte vinculada. Véase deterioros y provisiones.

Una reducción de la base imponible por el incremento de fondos propios, es decir, por no repartir beneficio. Exige mantener ese incremento y dotar una reserva indisponible. Véase reserva de capitalización.

Un diferimiento exclusivo de las empresas de reducida dimensión: minora hasta el 10 % de la base, con el límite de un millón, anticipando la compensación de pérdidas futuras. Véase reserva de nivelación.

El que aplican las entidades con cifra de negocios inferior a diez millones de euros. Da acceso a amortización acelerada, libertad de amortización con creación de empleo, deterioro global de créditos y reserva de nivelación. Véase reducida dimensión.

Si desarrolla actividades que encajen en los conceptos legales de investigación, desarrollo o innovación tecnológica, sí. La clave es la calificación técnica y la contabilidad analítica por proyecto. Véase deducción por I+D+i.

Sí, mediante la monetización del artículo 39.2, con un descuento y cumpliendo requisitos de plantilla, reinversión e informe motivado. Véase monetización de la I+D+i.

No. Se compensan sin límite temporal, con límites porcentuales por ejercicio y una franquicia de un millón de euros. Pero la Administración puede comprobar su origen durante diez años. Véase bases imponibles negativas.

Aquella en la que más de la mitad del activo son valores o elementos no afectos a una actividad económica. La calificación hace perder el régimen de reducida dimensión, los tipos reducidos y, en los socios, la exención en Patrimonio y la reducción en Sucesiones. Véase entidades patrimoniales.

Cuando hay varias sociedades operativas, cuando se prevé vender una división o entrar un inversor, cuando se quiere ordenar la sucesión o cuando el beneficio se va a reinvertir. Véase holdings.

Las realizadas entre la sociedad y sus socios con al menos el 25 %, sus administradores, sus familiares hasta el tercer grado, u otras entidades del mismo grupo. Deben valorarse a mercado y, según los umbrales, documentarse. Véase operaciones vinculadas.

Sí, con contrato escrito, renta de mercado y la retención que proceda. Es una operación vinculada perfectamente lícita si el precio es el que pactarían partes independientes.

Identificar qué procedimiento es y su alcance, comprobar el plazo de contestación y reunir la documentación de la partida concreta antes de responder. Véase requerimientos de la AEAT.

Cuatro para liquidar, pero diez para comprobar las bases negativas y las deducciones que se aplican en un ejercicio no prescrito. Véase prescripción.

No. La sanción exige que la Administración motive la culpabilidad, y no procede si se actuó conforme a una interpretación razonable de la norma. Es un procedimiento distinto de la liquidación. Véase sanciones tributarias.

Sí: complementaria si resulta más a ingresar, o solicitud de rectificación si resulta a su favor. No son intercambiables. Véase complementaria y rectificación.

Sí, es uno de los encargos más frecuentes: una segunda lectura de la liquidación entre abril y mayo, con margen para corregir. Véase revisión del impuesto.