Impuesto Sociedades

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  • Segunda opinión pericial sobre una propuesta de regularización: cuándo y cómo pedirla

    Segunda opinión pericial sobre una propuesta de regularización: cuándo y cómo pedirla

    Una segunda opinión pericial es el análisis independiente que un perito realiza sobre una propuesta de liquidación o de regularización ya formulada por la Administración, con el fin de comprobar si las cifras, los criterios de valoración y la motivación que la sustentan resisten un examen técnico. No es un recurso ni un trámite obligatorio: es una herramienta que el contribuyente puede utilizar, sobre todo en los días posteriores a recibir la propuesta, para decidir con fundamento si conviene aceptarla, negociarla o discutirla.

    Respuesta directa: cuándo tiene sentido pedirla

    Tiene sentido cuando la propuesta descansa en estimaciones, valoraciones o criterios técnicos que la empresa no comparte y el plazo para reaccionar es corto. En el Impuesto sobre Sociedades esto ocurre con frecuencia: precios de operaciones vinculadas, correlación de gastos, deterioros, valoración de aportaciones o de activos. Una segunda opinión permite saber, antes de contestar, si el argumento de la Administración es sólido, si existen errores de cálculo o de hecho, y qué prueba convendría aportar. La página sobre segunda opinión experta describe cómo se plantea este tipo de revisión y qué entregables incluye.

    En qué momento del procedimiento suele pedirse

    La propuesta de regularización puede aparecer en distintos procedimientos, y cada uno marca un calendario diferente. Como orientación general:

    • Comprobación limitada. Antes de dictar la liquidación, la Administración notifica una propuesta y concede un trámite de alegaciones (artículo 156 de la LGT).
    • Inspección. En las actas de disconformidad, el obligado puede presentar alegaciones en el plazo que fija el reglamento de gestión e inspección tributaria, que es breve. En las actas de conformidad o con acuerdo, la decisión de firmar debe tomarse con información completa.
    • Procedimiento sancionador. Tras la regularización puede iniciarse un expediente para imponer sanciones, con su propio trámite de alegaciones.
    • Fase de recurso. La reposición o la reclamación económico-administrativa permiten aportar pruebas que demuestren por qué la liquidación es incorrecta.

    Los plazos varían según el procedimiento y se computan con reglas específicas, de modo que es imprescindible comprobar en cada notificación cuánto tiempo hay para responder. Si el plazo es de días, la segunda opinión debe encargarse de inmediato.

    Qué analiza una segunda opinión pericial

    Los hechos que sirven de base

    El primer control consiste en verificar si los hechos que menciona la propuesta son correctos: fechas, importes, partes, contratos, cuentas contables. Un error en un dato de partida contamina todo el razonamiento posterior.

    Los criterios de valoración

    Si la propuesta incluye una valoración —de una operación vinculada, de un activo, de unas participaciones—, el perito examina el método empleado, los comparables, las hipótesis y las fuentes. Se pregunta si la elección del método es coherente con la naturaleza del bien o de la operación y si el resultado se ha obtenido de forma reproducible.

    Los cálculos

    Se revisan las operaciones aritméticas, la aplicación de tipos, la imputación temporal y la determinación de intereses y recargos. Los errores de cálculo son más frecuentes de lo que parece, sobre todo en regularizaciones que afectan a varios ejercicios.

    La motivación

    Aunque la valoración jurídica corresponde al abogado, el perito puede señalar si la propuesta explica de forma suficiente por qué descarta la documentación aportada por la empresa o si se limita a afirmar conclusiones sin argumentarlas. Esta observación es útil para construir alegaciones.

    Las alternativas

    Un análisis completo no se limita a criticar. Muestra qué cifra resultaría de aplicar otro método razonable o de corregir el error detectado, de modo que la empresa pueda cuantificar el riesgo y decidir si negocia o litiga.

    Qué se obtiene: del dictamen a la estrategia

    1. Un diagnóstico claro de la solidez de la propuesta: qué puntos son defendibles, cuáles son débiles y cuáles pueden aceptarse.
    2. Una cuantificación del impacto de las discrepancias, útil para valorar si compensa el coste de discutirlas.
    3. Un listado de documentación adicional que conviene aportar para reforzar la posición.
    4. Un texto utilizable en las alegaciones o, si procede, un informe formal para incorporar al expediente.
    5. Un criterio para decidir sobre la conformidad o la disconformidad, y sobre las reducciones de la sanción previstas en el artículo 188 de la LGT.

    No se trata de una garantía de éxito, sino de reducir la incertidumbre. En algunos casos, la segunda opinión concluye que la propuesta es razonable y que conviene aceptarla para beneficiarse de las reducciones previstas; esa es también una conclusión valiosa.

    Segunda opinión frente a informe pericial completo

    Conviene distinguir ambas figuras. La segunda opinión suele ser una revisión rápida y acotada, pensada para decidir en un plazo corto; el informe pericial completo es un dictamen formal, con metodología desarrollada y destinado a ser aportado como prueba y, si hace falta, ratificado en juicio. Muchas veces el primero es el paso previo al segundo: si la revisión revela que la posición del contribuyente es defendible, se procede a elaborar el informe completo. Sobre el contenido que se espera de un dictamen formal puede consultarse la página sobre finalidades de los informes periciales.

    Un ejemplo hipotético

    Una sociedad recibe una propuesta de regularización por la que la Administración rechaza la deducibilidad de 150.000 euros pagados a una entidad vinculada por servicios de gestión, alegando que no se acredita su necesidad ni su valor de mercado. La empresa dispone de diez días para alegar. Encarga una segunda opinión pericial que revisa los contratos, la documentación de los servicios y los precios de mercado, y detecta que la propuesta ha tomado como referencia una tarifa que no corresponde al tipo de servicio prestado y que no ha valorado los entregables aportados. Con ese análisis, la defensa redacta unas alegaciones concretas y acompaña un breve informe técnico. Los importes y plazos del ejemplo son ficticios; solo ilustran el modo de trabajar.

    Cómo organizar el trabajo cuando el plazo es corto

    • Enviar la notificación completa al perito el mismo día. Propuesta, anexos, diligencias y requerimientos previos.
    • Reunir la documentación de soporte. Contratos, facturas, correos, contabilidad y justificantes de pago.
    • Definir el alcance. Qué puntos se revisan y cuáles quedan fuera, para ajustar tiempos y costes.
    • Coordinar con la defensa jurídica. El perito aporta el análisis técnico, y el abogado decide cómo incorporarlo a las alegaciones.
    • Solicitar ampliación de plazo cuando proceda. Si la complejidad lo justifica y la norma lo permite, conviene pedirlo en tiempo.

    Para esta coordinación resulta útil contar con un servicio de defensa fiscal con LRB, en el que la estrategia jurídica y el análisis técnico avanzan juntos desde el primer día. Y cuando el expediente está ya en fase inspectora, la página sobre defensa ante la inspección de la AEAT explica cómo se encaja la prueba pericial en esa fase.

    Si quiere profundizar en la fase de actas, puede leer nuestro artículo sobre actas de inspección: qué son y cómo se firman con o sin conformidad.

    Errores frecuentes

    • Esperar al último día para buscar un perito y limitarse a un informe superficial.
    • Pedir la segunda opinión al mismo profesional que preparó las cuentas o la operación discutida, con el consiguiente riesgo de falta de distancia.
    • Entregar documentación incompleta, de modo que el análisis queda condicionado por supuestos.
    • Confundir la revisión técnica con un dictamen de parte listo para aportar sin más al expediente.
    • Olvidar que la Administración es una parte más: su propuesta merece análisis, no deferencia automática.

    Preguntas frecuentes

    ¿La segunda opinión suspende los plazos?

    No. Encargarla no interrumpe ni amplía ningún plazo. Por eso conviene hacerlo en cuanto se recibe la notificación y, en su caso, solicitar formalmente la ampliación que la norma permita.

    ¿Se puede aportar la segunda opinión como prueba?

    Puede servir de base para las alegaciones y, si el perito lo formaliza, convertirse en informe aportable al expediente. Si se prevé litigar, suele ser preferible un dictamen completo, con declaración de imparcialidad y metodología detallada.

    ¿Qué ocurre si concluye que la propuesta es correcta?

    Es una información útil: permite valorar la conformidad y las reducciones de sanción que la ley contempla, y evitar un conflicto con pocas posibilidades de éxito.

    ¿Es lo mismo que contratar a otro asesor?

    No necesariamente. El perito aporta una revisión técnica y neutral de cifras y criterios; el asesor define la estrategia jurídica. Son funciones complementarias.

    Conclusión

    Recibir una propuesta de regularización genera presión y poco margen de tiempo. La segunda opinión pericial ayuda a convertir esa presión en una decisión informada: permite comprobar los hechos, auditar los criterios de valoración, cuantificar el riesgo y planificar las alegaciones con datos. Es una forma sensata de ejercer con base legal los derechos del contribuyente, recordando que la Administración es una parte más y que su propuesta debe estar suficientemente motivada para prosperar.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Recurso de reposición vs reclamación económico-administrativa: cuál elegir

    Cuando una empresa recibe una liquidación del Impuesto sobre Sociedades que considera incorrecta, tiene que decidir cómo impugnarla, y en ese momento surge una de las dudas más habituales en la práctica tributaria: elegir entre el recurso reposición vs reclamación económico-administrativa. Ambas vías tienen la misma finalidad —revisar el acto administrativo antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa— pero presentan diferencias procesales relevantes que conviene conocer antes de decidir cuál interponer.

    Qué es el recurso de reposición

    El recurso de reposición es un recurso administrativo potestativo que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado, dándole la oportunidad de revisar su propia decisión antes de que el asunto llegue a un órgano revisor independiente. Se presenta en el plazo de un mes desde la notificación del acto, y su resolución también corresponde, con carácter general, a un plazo de un mes desde su interposición, transcurrido el cual sin resolución expresa se entiende desestimado por silencio administrativo.

    Qué es la reclamación económico-administrativa

    La reclamación económico-administrativa se presenta ante los Tribunales Económico-Administrativos, órganos especializados e independientes del órgano que dictó el acto, encargados de revisar la legalidad de las actuaciones tributarias. También se interpone en el plazo de un mes desde la notificación, pero su tramitación es distinta: implica un procedimiento más formal, con posibilidad de alegaciones, prueba y, en su caso, vista, y su resolución puede demorarse considerablemente más que la del recurso de reposición, aunque ofrece un análisis técnico más especializado del caso.

    Diferencias clave entre ambas vías

    • Órgano competente: el recurso de reposición lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto; la reclamación económico-administrativa la resuelve un tribunal independiente especializado en materia tributaria.
    • Carácter: el recurso de reposición es potestativo y previo, mientras que la reclamación económico-administrativa puede interponerse directamente sin necesidad de agotar antes el recurso de reposición.
    • Incompatibilidad simultánea: no pueden interponerse ambos recursos a la vez contra el mismo acto; hay que optar por uno de ellos, aunque si se desestima el recurso de reposición, cabe posteriormente la reclamación económico-administrativa contra esa resolución desestimatoria.
    • Plazos de resolución: el recurso de reposición suele resolverse en plazos más breves que la reclamación económico-administrativa, cuya tramitación puede extenderse considerablemente en función de la carga de trabajo del tribunal correspondiente.
    • Suspensión de la ejecución: en ambas vías es posible solicitar la suspensión de la deuda tributaria mientras se resuelve el recurso, generalmente aportando garantía suficiente, aunque existen matices en los requisitos exigidos según la vía elegida.

    Cuándo conviene el recurso de reposición

    El recurso de reposición puede resultar más adecuado cuando existe un error material, de hecho o aritmético evidente en la liquidación, susceptible de ser corregido rápidamente por el propio órgano gestor sin necesidad de un análisis jurídico complejo. También puede ser útil cuando se busca ganar tiempo antes de preparar una defensa más elaborada, aprovechando el plazo adicional que supone esta primera vía antes de acudir, en su caso, a la reclamación económico-administrativa.

    Cuándo conviene ir directamente a la reclamación económico-administrativa

    Cuando la controversia plantea cuestiones jurídicas de fondo, interpretaciones normativas complejas o discrepancias técnicas relevantes, suele ser más eficiente acudir directamente a la reclamación económico-administrativa, evitando el trámite adicional del recurso de reposición ante un órgano que, en la práctica, raramente revoca sus propias decisiones en asuntos de cierta complejidad técnica. Esta vía permite además preparar con mayor detenimiento la argumentación jurídica y técnica del caso.

    La importancia de una estrategia de defensa bien planteada

    Elegir la vía de impugnación adecuada, y construir desde el primer momento una argumentación sólida respaldada por la documentación pertinente, resulta determinante para el éxito de cualquier controversia tributaria. Ante una liquidación cuestionable derivada de una inspección, contar con ley de segunda oportunidad como recurso adicional para situaciones de dificultad económica sobrevenida, junto con un análisis experto de la vía de impugnación más adecuada, ayuda a definir la estrategia global de defensa más eficaz para cada caso concreto.

    Conclusión

    La elección entre recurso de reposición y reclamación económico-administrativa no es una cuestión meramente formal, sino una decisión estratégica que debe basarse en la naturaleza de la controversia, la complejidad jurídica del asunto y los plazos disponibles. Analizar con cuidado ambas alternativas antes de presentar cualquier recurso permite optimizar las probabilidades de éxito y evitar dilaciones innecesarias en la defensa de los derechos del contribuyente.

  • Informe de valoración Ley de Segunda Oportunidad: qué patrimonio se valora y por qué importa

    Informe de valoración Ley de Segunda Oportunidad: qué patrimonio se valora y por qué importa

    Un informe de valoración Ley de Segunda Oportunidad es el dictamen técnico que determina cuánto valen los bienes y derechos de una persona física que solicita la exoneración de sus deudas, y que permite al juez, a la administración concursal y a los acreedores saber qué patrimonio puede destinarse a pagar y qué parte de la deuda es razonable cancelar. Cuando el deudor es un autónomo o el titular de participaciones en una sociedad, esa valoración incluye a menudo la empresa o la participación, y es ahí donde la fiscalidad y la contabilidad societaria influyen de manera decisiva en el resultado.

    Respuesta directa: para qué sirve el informe de valoración

    El mecanismo de segunda oportunidad, regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) y reformado por la Ley 16/2022, permite que una persona natural de buena fe obtenga la exoneración del pasivo insatisfecho (artículos 486 y siguientes). Para ello debe poner a disposición de los acreedores su patrimonio liquidable o comprometerse con un plan de pagos. En ambos casos, alguien tiene que cuantificar ese patrimonio. El informe de valoración fija el valor de cada elemento relevante, distingue los bienes que pueden realizarse de los que no y aporta al órgano judicial un soporte objetivo para decidir. Quien necesite conocer cómo se estructura este tipo de encargos puede consultar la página sobre informes para la Ley de Segunda Oportunidad.

    Qué se valora y por qué es más complejo de lo que parece

    En un procedimiento de exoneración no basta con listar bienes. Hay que decidir cuáles forman parte de la masa activa, cuáles están afectos a garantías, cuáles son inembargables y cuál es el valor realizable de cada uno. Los elementos más habituales son los siguientes:

    • Inmuebles. Viviendas, locales o terrenos, con sus cargas hipotecarias y su situación de uso. La vivienda habitual recibe un tratamiento específico en la normativa y en los mecanismos de protección.
    • Vehículos, maquinaria y existencias de la actividad económica, con su estado y depreciación reales.
    • Derechos de crédito pendientes de cobro, cuya recuperabilidad hay que evaluar.
    • Participaciones en sociedades, que requieren una valoración de la empresa y una consideración del descuento por falta de liquidez o control.
    • Cuentas bancarias, seguros y productos financieros, con su valor de rescate.
    • Contingencias fiscales y deudas con las administraciones públicas, cuyo tratamiento tiene reglas propias en la exoneración.

    Cada partida plantea sus propios criterios de valoración, y un error en la cuantificación puede llevar a infravalorar el activo —con riesgo de que los acreedores impugnen— o a sobrevalorarlo, comprometiendo la viabilidad del plan de pagos.

    El papel de la valoración de empresas y participaciones

    Cuando el deudor es empresario o administrador de una sociedad, su participación suele ser el activo de mayor peso. Aquí intervienen conceptos del Impuesto sobre Sociedades y de la contabilidad: el patrimonio neto de la compañía, la existencia de pérdidas acumuladas, las bases imponibles negativas pendientes, las contingencias fiscales latentes y la capacidad real de generar flujos. Una sociedad con fondos propios negativos puede tener un valor de participación cercano a cero, pero también puede ser viable si cuenta con contratos o activos infravalorados en balance.

    Los métodos habituales son el descuento de flujos de caja, los múltiplos de entidades comparables y el método patrimonial ajustado. El informe debe justificar por qué se elige uno u otro y qué hipótesis se utilizan. La página sobre valoración de empresas y activos resume el modo de abordar estos encargos. En situaciones de dificultad económica, además, hay que valorar con prudencia la continuidad del negocio: aplicar un enfoque de empresa en funcionamiento a una entidad que no puede sostenerse es un error frecuente.

    Cómo encaja el informe de valoración Ley de Segunda Oportunidad en el procedimiento

    1. Análisis previo. Antes de solicitar la exoneración, el deudor y su asesor revisan el patrimonio y estiman si la vía elegida es viable.
    2. Documentación. Se reúnen escrituras, certificados registrales, cuentas anuales, declaraciones fiscales, contratos y extractos bancarios.
    3. Valoración. El perito emite el informe con los valores, los métodos y las limitaciones.
    4. Presentación al juzgado. El informe acompaña la solicitud o se incorpora al inventario de bienes y derechos, según el tipo de procedimiento.
    5. Contradicción. Los acreedores y la administración concursal, cuando interviene, pueden cuestionar la valoración.
    6. Ratificación. Si hay discrepancia, el perito puede ser llamado a explicar su trabajo.

    Un dato de partida bien fundamentado reduce el riesgo de impugnaciones y facilita que el juez pueda resolver con certeza sobre qué activos se liquidan y qué parte de la deuda puede exonerarse.

    Aspectos fiscales que influyen en la valoración

    Plusvalías latentes

    Si el patrimonio incluye inmuebles o participaciones cuyo valor de mercado supera el contable, su realización puede generar tributación. Un informe riguroso estima ese coste fiscal como parte del valor neto realizable, porque no es lo mismo vender un activo con una carga tributaria elevada que con una reducida.

    Deudas con la Hacienda pública

    La exoneración de créditos de derecho público está sujeta a límites previstos en la ley, por lo que conviene identificar cuánto de la deuda es exonerable y cuánto no. La valoración del patrimonio debe sustentar el plan que se proponga para atender las deudas no exonerables.

    Responsabilidades del administrador

    Si el deudor ha sido administrador de una sociedad y existen posibles derivaciones de responsabilidad, el informe debe considerar su probabilidad e importe. Sobre este tipo de contingencias se puede ampliar con nuestro artículo sobre informes periciales en la Ley de Segunda Oportunidad.

    Un ejemplo hipotético

    Imaginemos a un empresario individual que, además, es socio único de una pequeña sociedad de reformas. Sus deudas ascienden a 380.000 euros, entre préstamos personales, avales y deudas fiscales. Posee una vivienda con hipoteca, un vehículo y el 100 % de la sociedad, cuyas cuentas muestran fondos propios ligeramente positivos pero con una cartera de clientes concentrada en uno solo. El informe de valoración analiza el valor de la sociedad aplicando un descuento de flujos prudente, con una prima de riesgo elevada por la concentración, y concluye en una cifra muy inferior al valor teórico contable. Con ese dato, el deudor propone un plan realista. Todo el ejemplo es ficticio; sirve solo para ilustrar que la valoración condiciona la estrategia.

    Errores frecuentes

    • Aplicar a una empresa en dificultades un valor basado en resultados históricos que ya no se repiten.
    • Ignorar las cargas y garantías que reducen el valor realizable de un inmueble.
    • Omitir el efecto fiscal de la venta de activos.
    • No documentar las hipótesis de la valoración, lo que facilita su impugnación.
    • Mezclar el valor de mercado con el valor fiscal o contable, que responden a lógicas distintas.

    En la preparación del expediente es útil contar con asesoramiento integral. Un equipo de asesoría legal y fiscal permite coordinar la estrategia concursal con el análisis tributario, y la página sobre acreditación del cumplimiento de requisitos describe cómo se documentan los presupuestos que exige el procedimiento.

    Preguntas frecuentes

    ¿Es obligatorio presentar un informe de valoración para pedir la exoneración?

    La ley exige que se aporte información completa sobre el patrimonio, pero no impone en todos los casos un informe pericial independiente. Es muy recomendable cuando hay bienes de valor significativo, participaciones en sociedades o discrepancias previsibles con los acreedores.

    ¿Quién puede emitir el informe?

    Un profesional con cualificación en valoración y capacidad para defender su trabajo si es cuestionado. Su declaración de imparcialidad y la transparencia del método son clave para la credibilidad del dictamen.

    ¿Se valora también la vivienda habitual?

    Debe constar en el inventario, pero su tratamiento en el procedimiento tiene especialidades. Conviene analizar cada caso con la normativa vigente y la situación hipotecaria.

    ¿Qué ocurre si los acreedores discrepan de la valoración?

    Pueden impugnarla y aportar su propio informe. El juez valorará ambos conforme a las reglas de la sana crítica, y prevalecerá el que esté mejor fundamentado.

    Conclusión

    La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a personas físicas, incluidos empresarios y administradores, una vía legal para recomenzar. Esa vía descansa sobre una cuantificación fiable del patrimonio, y ahí el informe de valoración desempeña un papel central: ordena la información, aporta método y reduce el margen de conflicto. Elaborarlo con rigor, teniendo en cuenta la fiscalidad y la situación real de las sociedades participadas, es una forma de ejercer con base legal los derechos del deudor, recordando que los acreedores y la Administración son partes y que sus tesis también deben fundamentarse.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Fusiones, escisiones y aportaciones de rama de actividad: fiscalidad aplicable

    Cuando un grupo empresarial necesita reorganizar su estructura, tres operaciones se repiten con frecuencia en la práctica societaria española: la fusión, la escisión y la aportación de rama de actividad. Cada una responde a una lógica empresarial distinta, pero las tres comparten un mismo marco de referencia a efectos fiscales. Comprender bien la fiscalidad fusiones y escisiones, junto con las aportaciones de rama de actividad, resulta imprescindible para diseñar una reorganización que sea eficiente y, sobre todo, segura desde el punto de vista tributario.

    La fusión: unificación de patrimonios

    En una fusión, una o varias sociedades transmiten en bloque la totalidad de su patrimonio a otra sociedad ya existente, o a una nueva sociedad que se constituye a tal efecto, extinguiéndose las sociedades transmitentes sin liquidación y recibiendo sus socios valores representativos del capital de la entidad resultante. Las fusiones son especialmente habituales para simplificar grupos empresariales con múltiples sociedades, integrar negocios adquiridos o unificar actividades complementarias bajo una misma estructura jurídica.

    La escisión: división del patrimonio

    La escisión opera en sentido inverso a la fusión: una sociedad divide la totalidad o parte de su patrimonio en dos o más partes, que se transmiten a sociedades ya existentes o de nueva creación. Se distingue entre escisión total, en la que la sociedad escindida se extingue y todo su patrimonio se reparte entre las beneficiarias, y escisión parcial, en la que la sociedad escindida subsiste y solo transmite una parte de su patrimonio, normalmente correspondiente a una rama de actividad diferenciada. Esta operación es muy utilizada para separar negocios distintos que convivían en una misma sociedad, facilitando su gestión independiente o preparando su venta futura.

    La aportación de rama de actividad

    A diferencia de las dos anteriores, la aportación de rama de actividad no implica la extinción de ninguna sociedad: una entidad aporta a otra, ya existente o de nueva creación, un conjunto de elementos patrimoniales que constituyen una unidad económica autónoma capaz de funcionar por sus propios medios, recibiendo a cambio participaciones en el capital de la sociedad receptora. Esta operación resulta especialmente útil para segregar una línea de negocio concreta sin necesidad de acometer una reestructuración societaria más compleja.

    El régimen fiscal común: neutralidad fiscal

    Las tres operaciones pueden acogerse al régimen especial de neutralidad fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, conocido habitualmente como régimen FEAC, siempre que concurra un motivo económico válido que justifique la operación más allá de la mera obtención de una ventaja fiscal. Cuando se cumplen los requisitos, ni la sociedad transmitente ni sus socios tributan de forma inmediata por las plusvalías generadas, difiriéndose la tributación hasta que se produzca una transmisión posterior de los elementos patrimoniales fuera del ámbito de neutralidad.

    Aspectos fiscales que requieren especial atención

    • Valoración de los elementos transmitidos: aunque el régimen sea de neutralidad fiscal, es necesario documentar adecuadamente el valor de los activos y pasivos transmitidos en cada operación.
    • Subrogación en valores y fechas de adquisición: la entidad adquirente se subroga en la posición fiscal de la transmitente respecto a los elementos recibidos, lo que exige un seguimiento contable y fiscal riguroso.
    • Bases imponibles negativas pendientes: conviene analizar si la sociedad transmitente cuenta con créditos fiscales pendientes de compensación y cómo se trasladan, en su caso, a la entidad resultante de la operación.
    • Efectos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: aunque estas operaciones suelen beneficiarse de exenciones específicas, conviene verificar su correcta aplicación en cada caso.

    Por qué estas operaciones exigen planificación previa

    La complejidad técnica de estas reestructuraciones, unida a la exigencia de acreditar un motivo económico válido que resista el escrutinio de la Administración, hace que cualquier fusión, escisión o aportación de rama de actividad deba diseñarse con antelación suficiente, valorando tanto los aspectos mercantiles como los estrictamente fiscales. Contar con asesoramiento fiscal en reestructuraciones de LRB Tax & Legal desde las primeras fases del proyecto permite anticipar los riesgos fiscales de la operación y estructurarla de la forma más eficiente posible.

    Conclusión

    La fiscalidad fusiones y escisiones, junto con las aportaciones de rama de actividad, se articula en torno al régimen de neutralidad fiscal que permite ejecutar reorganizaciones empresariales sin coste tributario inmediato, siempre que exista un motivo económico válido y se cumplan los requisitos formales exigidos. Conocer bien las diferencias entre cada tipo de operación y planificar su ejecución con rigor técnico es esencial para que la reestructuración cumpla su objetivo empresarial sin generar contingencias fiscales inesperadas.

  • Tasación pericial contradictoria: cómo impugnar una comprobación de valores

    Tasación pericial contradictoria: cómo impugnar una comprobación de valores

    La tasación pericial contradictoria es el instrumento que la Ley General Tributaria pone a disposición del contribuyente para discutir el valor que la Administración ha asignado a un bien, un derecho o una participación tras una comprobación de valores. En lugar de limitarse a recurrir la liquidación con argumentos jurídicos, el interesado designa a un perito propio que tasa el bien, se compara su valoración con la de la Administración y, si la diferencia es relevante, interviene un tercer perito que decide. Es una vía poco utilizada y, sin embargo, muy eficaz cuando la discrepancia es una cifra y no una norma.

    Respuesta directa: qué es y cuándo se puede pedir

    El artículo 135 de la Ley 58/2003 permite promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación del artículo 57, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación. Su solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para interponer el recurso o la reclamación, de manera que el contribuyente no pierde su derecho a impugnar mientras se tramita la tasación. Quien necesite una visión general del tipo de informe técnico que respalda esta vía puede consultar la página sobre informes periciales tributarios, donde se describen los supuestos en los que un dictamen es la mejor prueba disponible.

    Qué es una comprobación de valores y por qué se discute

    La Administración puede comprobar el valor declarado de bienes y derechos cuando éste determina la base imponible de un impuesto: transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, operaciones societarias o determinadas ganancias en el IRPF. Para hacerlo, el artículo 57 de la LGT enumera medios como la estimación por referencia a los valores que figuren en registros oficiales, los precios medios de mercado, la capitalización o imputación de rendimientos, el dictamen de peritos de la Administración o la valoración de los bienes por el valor asignado en pólizas de seguros y en otras transacciones.

    El conflicto aparece cuando el valor que resulta de aplicar uno de esos métodos —a menudo estandarizado— se aleja del valor real del bien en el caso concreto: un inmueble en mal estado, una participación en una sociedad con deudas ocultas, un local con una limitación de uso, una empresa cuya rentabilidad no se parece a la media. En esas situaciones, discutir solo con argumentos jurídicos no basta; hay que probar que la cifra es otra.

    Cómo funciona el procedimiento paso a paso

    1. Notificación de la liquidación. La Administración comunica el valor comprobado y la liquidación resultante.
    2. Solicitud. El interesado presenta, dentro del plazo previsto, la solicitud de tasación pericial contradictoria, con la designación de su perito. Éste debe contar con titulación adecuada para la materia de que se trate.
    3. Suspensión. La presentación suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir o reclamar.
    4. Tasación del perito del interesado. Se emite el dictamen y se aporta a la Administración con la documentación en que se basa.
    5. Comparación de valores. Se contrasta la tasación del perito del interesado con la de la Administración.
    6. Perito tercero. Si la diferencia es igual o superior a 120.000 euros y al 10 % de la tasación de la Administración, se designa un tercer perito. Si es inferior, la base se fija atendiendo a las dos tasaciones conforme a lo previsto en la ley.
    7. Nueva liquidación. Con el resultado, la Administración practica la liquidación definitiva, que a su vez puede ser objeto de recurso.

    Conviene verificar siempre el texto vigente del artículo 135 y la normativa propia del impuesto afectado, ya que algunos tributos cedidos a las comunidades autónomas tienen reglas procedimentales específicas.

    Qué aporta la tasación frente a un recurso ordinario

    • Debate técnico. Permite discutir el valor con métodos de valoración, comparables, hipótesis y datos, y no solo con alegaciones jurídicas.
    • Peritaje independiente. El perito tercero no depende ni de la Administración ni del contribuyente.
    • Suspensión. Evita tener que pagar o garantizar la deuda mientras se tramita la tasación.
    • Salida intermedia. Si el resultado no satisface, se conservan los recursos ordinarios contra la nueva liquidación.

    También tiene límites. Es útil únicamente para discutir valores, no para cuestionar la procedencia del hecho imponible ni la interpretación de una norma. Y exige una tasación bien hecha: si el dictamen del interesado no está fundado o se apoya en datos que no resisten un contraste, el resultado puede no mejorar la posición de partida.

    Cómo se prepara una tasación sólida

    Analizar la motivación de la comprobación

    La primera pregunta es qué medio del artículo 57 se ha empleado y si está motivado. La Administración debe justificar el método y los datos que utiliza; una comprobación que se limita a aplicar un coeficiente sin explicar por qué es representativo del caso es vulnerable. Este análisis puede abrir, además, la vía de impugnar la propia comprobación.

    Elegir el método de valoración adecuado

    Para un inmueble suelen emplearse el método de comparación y, en su caso, el de actualización de rentas o el residual; para participaciones y empresas, el descuento de flujos, los múltiplos o el método patrimonial ajustado. El método debe justificarse por su adecuación, no por su resultado.

    Documentar los datos

    Superficies, estado, cargas, contratos de arrendamiento, cuentas anuales, previsiones, comparables y fuentes deben quedar reflejados. Un informe sin soporte documental es fácilmente discutible. La metodología que se sigue en estos trabajos se detalla en la página de metodología de ValiTax.

    Coordinar el calendario

    El plazo para promover la tasación es breve. Si el perito tarda semanas en reunir la información, el contribuyente puede perder la oportunidad. Lo prudente es identificar al profesional antes de recibir la liquidación cuando se prevé una comprobación.

    Un ejemplo numérico hipotético

    Supongamos que una persona adquiere por herencia el 40 % de una sociedad y declara un valor total de 1.000.000 de euros para sus participaciones. La Administración comprueba el valor mediante un dictamen propio y lo fija en 1.600.000 euros. El contribuyente encarga una tasación que, con un descuento de flujos documentado, concluye en 1.150.000 euros. La diferencia entre ambas tasaciones es de 450.000 euros, que supera tanto los 120.000 euros como el 10 % de la tasación de la Administración (160.000 euros), de modo que procede designar un perito tercero. Los números son inventados y solo muestran cómo se aplican los umbrales; en un caso real hay que comprobar la normativa vigente y las circunstancias del impuesto.

    Cuándo conviene y cuándo no

    La tasación pericial contradictoria suele compensar cuando la diferencia entre el valor declarado y el comprobado es significativa, cuando existen argumentos técnicos sólidos para sostener otro valor y cuando el coste del perito es proporcionado a la cuota en juego. Puede no ser aconsejable si la diferencia es pequeña, si el contribuyente carece de la documentación necesaria o si lo que se discute es una cuestión estrictamente jurídica. En esos casos, el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa pueden ser el cauce adecuado, sin perjuicio de aportar un dictamen como prueba.

    Para decidir con criterio, un servicio de defensa fiscal con LRB permite analizar el expediente, valorar si la comprobación está motivada y coordinar la estrategia entre la vía de la tasación y los recursos ordinarios. Si el conflicto ya se plantea dentro de una inspección, la página sobre defensa ante inspecciones de la AEAT explica cómo se integra el dictamen en esa fase.

    Sobre las vías de impugnación disponibles contra una comprobación de valores, puede ampliarse con nuestro artículo sobre comprobación de valores: cuándo y cómo puede recurrirse.

    Errores habituales

    • Dejar pasar el plazo y quedar solo con la vía de recurso ordinario.
    • Designar a un perito sin la titulación adecuada o sin experiencia en la clase de bien valorado.
    • Presentar una tasación que no explica el método ni cita comparables.
    • Olvidar que la Administración es una parte más y que su valoración también debe justificarse con datos.
    • No calcular de antemano si los umbrales de diferencia harían intervenir al perito tercero.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se puede pedir la tasación si ya he presentado un recurso?

    Depende del momento y del tipo de recurso. La ley la vincula al primer recurso o reclamación contra la liquidación, por lo que conviene plantearla en ese plazo y no esperar a instancias posteriores.

    ¿Quién paga al perito tercero?

    La normativa regula quién abona los honorarios del perito tercero y en qué supuestos. Conviene consultar la regulación vigente y el acuerdo de designación para conocer el importe y quién lo adelanta.

    ¿Se puede acudir a los tribunales después?

    Sí. La liquidación resultante puede recurrirse por las vías ordinarias. El resultado de la tasación no impide discutir otros aspectos del acto ni su motivación.

    ¿Sirve para cualquier impuesto?

    Es una vía general de la LGT para las comprobaciones de valores, pero cada tributo tiene su propia regulación. Es especialmente frecuente en Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales, y puede intervenir en operaciones societarias.

    Conclusión

    La tasación pericial contradictoria convierte una discusión sobre cifras en un debate técnico con un árbitro independiente. Exige actuar con rapidez, contar con un perito cualificado y aportar un informe bien documentado, pero ofrece al contribuyente la posibilidad de contrastar con datos el valor que la Administración le ha atribuido. Es una forma de ejercer con base legal los derechos del obligado tributario, recordando que la Administración es una parte más y que su valoración debe estar motivada.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Gastos de vehículos eléctricos e híbridos: incentivos fiscales aplicables

    La transición hacia una movilidad más sostenible ha traído consigo un conjunto de incentivos fiscales pensados para animar a las empresas a renovar su flota con vehículos de bajas emisiones. Conocer bien los incentivos fiscales vehículos eléctricos aplicables en el Impuesto sobre Sociedades permite a las pymes tomar decisiones de inversión más informadas cuando planifican la renovación de su parque móvil, ya sea para uso comercial o como retribución a directivos.

    La libertad de amortización para vehículos eficientes

    Uno de los incentivos más relevantes es la posibilidad de aplicar libertad de amortización o coeficientes de amortización acelerada a determinados vehículos considerados eficientes energéticamente, entre los que se incluyen turismos híbridos enchufables y eléctricos que cumplan ciertos requisitos técnicos. Este beneficio permite a la empresa deducirse el coste de adquisición del vehículo en un plazo más corto que el que resultaría de aplicar la amortización lineal ordinaria, generando un ahorro fiscal anticipado que mejora la tesorería de la sociedad en los primeros ejercicios tras la inversión.

    Requisitos habituales para acceder al incentivo

    • Afectación a la actividad económica: como ocurre con cualquier vehículo de empresa, es imprescindible acreditar el grado de afectación del bien a la actividad para poder deducir el gasto correspondiente.
    • Tipo de vehículo: los incentivos suelen concentrarse en vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables con autonomía eléctrica significativa y vehículos de pila de combustible, quedando fuera los híbridos convencionales sin capacidad de recarga externa.
    • Puesta en funcionamiento dentro de los ejercicios en que resulte aplicable el beneficio: conviene revisar la vigencia temporal del incentivo concreto antes de planificar la inversión, ya que este tipo de medidas suelen tener carácter transitorio.
    • Cumplimiento de los requisitos técnicos de homologación: el vehículo debe estar correctamente clasificado según su etiqueta medioambiental y sus características técnicas.

    Impacto en el Impuesto sobre Sociedades

    Además del beneficio de amortización, la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables puede combinarse con otros incentivos fiscales relacionados con la inversión en activos que contribuyan a la transición energética de la empresa, dependiendo de la normativa vigente en cada periodo impositivo. Es importante distinguir estos incentivos, vinculados al Impuesto sobre Sociedades, de otras ayudas y subvenciones directas para la adquisición de vehículos eléctricos, como el Plan MOVES, que operan por una vía distinta y con su propio régimen de compatibilidad.

    La retribución en especie a directivos con vehículos eléctricos

    Cuando la empresa pone a disposición de un directivo o administrador un vehículo eléctrico para uso mixto, además del análisis en el Impuesto sobre Sociedades, conviene tener presente que la valoración de esta retribución en especie a efectos del IRPF del beneficiario cuenta también con reducciones específicas cuando se trata de vehículos eficientes energéticamente, lo que puede convertir esta fórmula en una herramienta de retribución flexible especialmente atractiva tanto para la empresa como para el propio directivo.

    Errores frecuentes al aplicar estos incentivos

    Es habitual que las empresas apliquen la libertad de amortización sin verificar previamente que el vehículo concreto cumple todos los requisitos técnicos exigidos, o sin acreditar adecuadamente el grado de afectación a la actividad, lo que puede motivar que la Administración cuestione el beneficio aplicado en una comprobación posterior. También resulta frecuente confundir los requisitos de los incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades con los de las subvenciones directas a la compra, cuando en realidad se trata de mecanismos independientes con normativa propia.

    Por qué conviene un análisis previo a la inversión

    Antes de renovar la flota de la empresa incorporando vehículos eléctricos o híbridos, resulta recomendable analizar con detalle qué modelos concretos cumplen los requisitos para acceder a los incentivos fiscales vigentes, y cómo estructurar la operación de la forma más eficiente, considerando tanto el Impuesto sobre Sociedades como las implicaciones en IRPF si el vehículo se asigna a un directivo. Cuando la operación tiene cierta complejidad, o cuando existen dudas sobre la correcta calificación fiscal de la inversión, puede ser útil contar con un informe de responsabilidad profesional de ValiTax que respalde técnicamente las decisiones adoptadas por los administradores en materia de inversión y fiscalidad de la flota.

    Conclusión

    Los incentivos fiscales vehículos eléctricos disponibles en el Impuesto sobre Sociedades pueden generar un ahorro relevante para las empresas que apuestan por renovar su flota con criterios de sostenibilidad, siempre que se cumplan con rigor los requisitos técnicos y de afectación exigidos. Planificar la inversión con conocimiento de la normativa vigente en cada momento, y documentar correctamente cada decisión, es la mejor forma de aprovechar estos beneficios sin generar contingencias futuras.

  • Perito de parte o perito designado por el tribunal: cuál conviene en un litigio de Sociedades

    Perito de parte o perito designado por el tribunal: cuál conviene en un litigio de Sociedades

    Elegir entre un perito de parte y un perito designado por el tribunal es una de las primeras decisiones estratégicas de cualquier litigio en el que haya que probar una cifra. En términos prácticos, el perito de parte lo escoge y lo contrata el contribuyente, que aporta su dictamen junto con el escrito inicial; el perito designado judicialmente lo nombra el órgano jurisdiccional, a solicitud de una o de ambas partes, y su informe llega al proceso con un halo de neutralidad. En los litigios del Impuesto sobre Sociedades, donde casi siempre se discute un valor, una estimación o un método, la respuesta correcta rara vez es excluyente: depende del momento procesal, del presupuesto y de lo que se quiera demostrar.

    Respuesta directa: cuál conviene y cuándo

    Como regla general, conviene contar siempre con un perito de parte (la página sobre prueba pericial judicial de ValiTax describe cómo se prepara un dictamen para su ratificación), porque es el único que permite preparar la prueba antes de litigar, discutir con la Administración en fase de comprobación y decidir con datos si merece la pena recurrir. El perito designado por el tribunal tiene sentido cuando el asunto es especialmente técnico, cuando las partes mantienen informes enfrentados que el juez no puede conciliar o cuando se quiere reforzar con una opinión que no procede de ninguno de los litigantes. No son figuras rivales, sino herramientas con funciones distintas dentro de la misma estrategia de prueba.

    Cómo regula la ley a cada uno

    El perito de parte

    La Ley de Enjuiciamiento Civil permite que las partes aporten los dictámenes de peritos designados por ellas cuando la demanda o la contestación lo requieran (artículos 336 y 337), y también cuando no sea posible tenerlos listos en ese momento, anunciándolos para presentarlos después. Los dictámenes forman parte de los documentos que deben acompañar a los escritos iniciales según el artículo 265. Su autor debe manifestar, bajo juramento o promesa, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en que podría incurrir si incumpliese su deber (artículo 335.2).

    El perito designado judicialmente

    Los artículos 339 y siguientes de la misma ley regulan la designación por el tribunal. Puede producirse a instancia de parte, cuando una de ellas solicita que el dictamen lo emita un perito nombrado por el juzgado, o cuando ambas lo piden de común acuerdo. El nombramiento se realiza, por lo general, mediante una selección entre los profesionales de listas elaboradas por colegios y entidades, con un sistema de designación aleatoria (artículo 341). Una vez designado, el perito debe aceptar el cargo, y la parte o partes que lo han solicitado deben hacer frente a la provisión de fondos que se fije para cubrir sus honorarios (artículo 342).

    Lo importante para el contribuyente es que ambos tipos de perito responden al mismo estándar de objetividad y que el tribunal valora su dictamen conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348). Ni el informe del perito judicial ni el de parte vinculan al juez; vence el que está mejor fundado.

    Perito de parte: ventajas y límites

    • Disponibilidad temprana. Puede intervenir antes de que exista pleito: durante una inspección, en el trámite de alegaciones o en la reclamación económico-administrativa. Esto es decisivo en materia fiscal, donde buena parte del conflicto se resuelve o se encauza en la vía administrativa.
    • Coordinación con la defensa. Puede dialogar con los abogados sobre qué hechos hay que acreditar, qué documentación falta y qué preguntas debe responder el dictamen.
    • Control del calendario. El contribuyente decide cuándo encargarlo, qué alcance tiene y cuánto se invierte en él.
    • Límite: la apariencia de parcialidad. Por el simple hecho de ser contratado por una parte, su informe puede ser tachado de interesado, lo que obliga a extremar la transparencia metodológica.

    Para conocer qué debe contener un dictamen pensado para sostenerse ante un tribunal, puede consultarse la página sobre el informe pericial, que describe su estructura y su finalidad.

    Perito designado por el tribunal: ventajas y límites

    • Percepción de neutralidad. Los jueces suelen otorgar un peso especial al dictamen emitido por un técnico que no depende de ninguna de las partes, aunque la ley no establezca ninguna preferencia formal.
    • Posibilidad de recusación. Está sujeto a las causas del artículo 124, por lo que las partes pueden recusarlo si concurren circunstancias que comprometan su imparcialidad.
    • Límite: el momento. Solo existe dentro del proceso. Si el contribuyente aún está en vía administrativa, no hay tribunal que designe a nadie.
    • Límite: la falta de preparación previa. Al no haber trabajado antes con el asunto, el perito designado parte de cero y su informe depende de la documentación que las partes le faciliten. Una parte que no ha ordenado su propia prueba difícilmente podrá orientar su trabajo.
    • Límite: coste y plazos. Requiere provisión de fondos y el calendario depende del órgano judicial.

    Tabla comparativa orientativa

    Aspecto Perito de parte Perito designado judicialmente
    Quién lo elige El contribuyente o su defensa El tribunal, mediante designación
    Cuándo puede intervenir Antes y durante el proceso Solo dentro del proceso
    Cuándo se aporta Con los escritos iniciales o anunciado Tras el nombramiento y la aceptación
    Herramientas de contraste Tacha (art. 343) y preguntas en juicio Recusación (art. 124) y preguntas en juicio
    Valoración por el juez Sana crítica (art. 348) Sana crítica (art. 348)

    El caso de la Administración y su propio informe

    En la vía económico-administrativa y en el contencioso es habitual que la Administración funde sus liquidaciones en informes de sus propios técnicos. Conviene recordar que esos informes son, jurídicamente, los de una parte más. El contribuyente no tiene que aceptarlos como si fueran objetivos y puede contraponerles un dictamen propio. Si la Administración sostiene una valoración que se aparta de la realidad económica, la combinación de un perito de parte bien fundado y, en su caso, una solicitud de designación judicial sirve para que el tribunal contraste ambos razonamientos con criterio técnico y no por simple autoridad.

    Un ejemplo hipotético

    Imaginemos una sociedad a la que la Inspección regulariza el precio de una cesión de marca a otra del grupo por considerar que la retribución pactada no es de mercado. La empresa encarga un informe a un perito de parte antes de recurrir; el dictamen analiza funciones, riesgos y comparables y se aporta con las alegaciones. Si el asunto llega al contencioso y la Administración mantiene una tesis radicalmente distinta, la defensa puede valorar solicitar además un perito designado judicialmente para que un tercero emita su opinión sobre el método de valoración. Los importes y circunstancias del ejemplo son ficticios; lo que pretende ilustrar es la secuencia: primero la prueba propia, después, si procede, la neutral.

    Criterios para decidir en cada caso

    1. Fase del conflicto. Si aún no hay proceso, solo cabe perito de parte.
    2. Complejidad técnica. A mayor complejidad y menor posibilidad de que el juez la aprecie por sí mismo, más útil resulta la figura del perito neutral.
    3. Informes contrapuestos. Cuando existen dictámenes enfrentados con conclusiones muy dispares, la intervención de un tercero puede ayudar al tribunal a decidir.
    4. Relación coste-beneficio. Un segundo dictamen tiene sentido si la cuantía discutida lo justifica.
    5. Estrategia procesal. No todas las partes desean arriesgarse a un informe cuyo contenido no controlan.

    Los despachos y asesores que acompañan al contribuyente pueden coordinar estas decisiones desde el inicio; la página dedicada a despachos y asesores detalla cómo se articula esa colaboración técnica. Y para integrar la prueba con la argumentación jurídica, un servicio de defensa fiscal con LRB permite que ambos planos avancen al mismo ritmo.

    Errores frecuentes al elegir

    • Encargar el informe cuando el plazo para aportarlo ya ha vencido, perdiendo la oportunidad de que sea valorado en la fase adecuada.
    • Dar por hecho que el perito designado judicialmente garantiza un resultado favorable al contribuyente: su informe puede coincidir con la tesis de la Administración.
    • No facilitar documentación suficiente al perito, con la consecuencia de que su dictamen queda limitado a hipótesis.
    • Tratar al perito de parte como un abogado más, solicitando conclusiones concretas en lugar de pedirle que responda a preguntas formuladas con neutralidad.
    • Olvidar que, sea cual sea el origen del perito, deberá comparecer y ser interrogado.

    Sobre el papel del dictamen en la fase de recurso es útil leer nuestro artículo sobre cómo elegir un perito judicial para un litigio tributario, que complementa esta comparación con criterios de selección.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puedo aportar un informe de parte y pedir además un perito judicial?

    Sí. No son incompatibles. La ley admite que la parte presente su dictamen y solicite también la designación judicial de un perito, aunque conviene valorar el coste y si realmente aporta algo a la prueba ya practicada.

    ¿Quién paga al perito designado por el tribunal?

    La parte que lo solicita debe hacer frente a la provisión de fondos que se fije. Si lo piden ambas, se reparte entre ellas. El reparto definitivo del coste puede depender de la regulación de las costas.

    ¿Se puede recusar a un perito de parte?

    No se recusa, pero puede ser tachado por las causas legales (artículo 343 de la LEC), lo que permite a la contraparte cuestionar su credibilidad ante el tribunal.

    ¿Cuál pesa más ante el juez?

    Ninguno por naturaleza. El tribunal valora los dictámenes según la sana crítica, de modo que prevalece el que esté mejor razonado, apoyado en datos verificables y explicado con claridad.

    Conclusión

    La disyuntiva entre perito de parte y perito designado por el tribunal no es una cuestión de principios, sino de oportunidad. El primero permite construir la prueba desde el principio y defender la posición del contribuyente con base en la ley; el segundo aporta una voz neutral cuando el proceso ya está en marcha y la complejidad lo aconseja. Quien planifica su estrategia probatoria con tiempo, documenta bien los hechos y recuerda que la Administración es una parte más tendrá mejores opciones de que su versión sea tenida en cuenta.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • De autónomo a sociedad en gimnasios y centros deportivos: fiscalidad del Impuesto sobre Sociedades

    Muchos entrenadores personales y propietarios de pequeños centros deportivos inician su actividad como autónomos, pero a medida que el negocio crece —se incorpora personal, aumenta la facturación, se amplían las instalaciones— surge la pregunta de si constituir una sociedad resulta más ventajoso. Analizar correctamente el paso de autónomo a sociedad en gimnasios y centros deportivos: fiscalidad del impuesto sobre sociedades permite tomar esta decisión con criterios objetivos, más allá de la intuición o de lo que hayan hecho otros negocios similares.

    Por qué se plantea el cambio de forma jurídica

    La tributación como autónomo se rige por el IRPF, con una escala progresiva que puede alcanzar tipos marginales muy superiores al tipo general del Impuesto sobre Sociedades, fijado en el 25%. Cuando el beneficio del negocio supera un determinado umbral, la diferencia entre tributar al tipo progresivo del IRPF y hacerlo al tipo fijo del Impuesto sobre Sociedades puede representar un ahorro fiscal relevante, especialmente si parte del beneficio no se distribuye a los socios y se reinvierte en el crecimiento del negocio, como la apertura de una nueva sala o la renovación del equipamiento.

    El punto de inflexión: cuándo compensa constituir sociedad

    No existe una cifra universal válida para todos los casos, pero conviene analizar varios factores antes de tomar la decisión: el nivel de beneficio recurrente del negocio, la necesidad de reinvertir beneficios en la propia actividad, la conveniencia de limitar la responsabilidad patrimonial del titular frente a terceros, y la posibilidad de planificar mejor la retribución del propietario combinando salario y dividendos. En gimnasios que ya facturan de forma estable y generan beneficios significativos, constituir una sociedad limitada suele aportar tanto eficiencia fiscal como protección patrimonial frente a posibles reclamaciones de clientes o proveedores.

    El tipo reducido de nueva creación

    Un incentivo especialmente relevante para quienes dan este paso es el tipo reducido del 15% aplicable a las entidades de nueva creación durante el primer periodo impositivo en que obtengan base imponible positiva y el siguiente, siempre que la actividad no se hubiera ejercido anteriormente por otras personas o entidades vinculadas. Este matiz exige un análisis cuidadoso cuando el negocio nace de la transformación de una actividad de autónomo preexistente, ya que la Administración puede cuestionar la aplicación del tipo reducido si considera que se trata de la mera continuación de la misma actividad económica bajo una nueva envoltura jurídica.

    Cómo se articula la transición

    • Aportación de rama de actividad: el autónomo puede aportar su negocio a la nueva sociedad mediante una operación que, cumpliendo los requisitos correspondientes, puede acogerse al régimen de neutralidad fiscal.
    • Cese de la actividad como autónomo: es necesario formalizar correctamente el cese en el régimen de autónomos y dar de alta la nueva sociedad, gestionando adecuadamente los efectos en Seguridad Social e IRPF.
    • Traspaso de contratos y licencias: los contratos con clientes, proveedores y las licencias municipales del centro deportivo deben actualizarse para reflejar la nueva titularidad societaria.
    • Continuidad de la actividad económica: conviene documentar adecuadamente que existe una verdadera actividad empresarial detrás de la sociedad, y no una simple interposición formal sin sustancia económica.

    Aspectos a valorar además del ahorro fiscal

    La decisión de constituir sociedad no debe basarse únicamente en el diferencial de tipos impositivos: implica también mayores obligaciones formales y contables, la necesidad de llevar una contabilidad conforme al Plan General Contable, la presentación de cuentas anuales en el Registro Mercantil, y una gestión más estructurada de la retribución del propietario como administrador y, en su caso, como trabajador de la sociedad. Estos costes adicionales de gestión deben ponderarse frente al ahorro fiscal esperado antes de decidir el cambio.

    La importancia de un análisis a medida

    Cada centro deportivo tiene una realidad económica distinta, y el punto en el que compensa dar el salto de autónomo a sociedad depende de variables específicas de cada negocio. Contar con un informe jurídico-empresarial de ValiTax que analice objetivamente la situación financiera, fiscal y patrimonial del negocio permite tomar esta decisión con la seguridad de que responde a una necesidad real y no a una moda o a una recomendación genérica.

    Conclusión

    El paso de autónomo a sociedad en gimnasios y centros deportivos puede suponer un ahorro fiscal relevante y una mejor protección patrimonial, pero requiere un análisis cuidadoso de la fiscalidad del Impuesto sobre Sociedades aplicable, especialmente en lo relativo al tipo reducido de nueva creación y a la correcta articulación de la transición. Planificar este cambio con rigor técnico, en lugar de improvisarlo, es la clave para que aporte realmente el beneficio esperado.

  • Valoración de la empresa familiar en sucesiones y donaciones: qué pesa el Impuesto sobre Sociedades en el valor de las participaciones

    Valoración de la empresa familiar en sucesiones y donaciones: qué pesa el Impuesto sobre Sociedades en el valor de las participaciones

    La valoración de la empresa familiar en sucesiones y donaciones determina el importe sobre el que se liquida el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y condiciona la reducción del 95 % que la ley prevé para este tipo de patrimonio. El valor debe ser el real de las participaciones en la fecha del devengo, y como la sociedad no cotiza, no hay precio de mercado al que acudir: se estima con criterios técnicos que suelen discutirse con la Administración, y en esa estimación influyen de manera notable la situación fiscal de la propia compañía y su tributación en el Impuesto sobre Sociedades.

    Respuesta directa: qué valor se declara y por qué importa

    El artículo 9 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece que la base imponible en las adquisiciones lucrativas es el valor real de los bienes y derechos adquiridos. Para unas participaciones no cotizadas, ese valor real no figura en ningún registro: hay que construirlo. Si el contribuyente declara un valor y la Administración considera que es inferior, puede iniciar una comprobación de valores con arreglo al artículo 57 de la Ley General Tributaria y notificar una propuesta con un valor superior. Esa diferencia no solo aumenta la cuota; también modifica la base sobre la que opera la reducción, y a menudo desencadena un conflicto que se prolonga durante años.

    Por eso conviene preparar la valoración antes de presentar la autoliquidación. La página sobre valoración de empresas y activos explica cómo se plantea un informe orientado a respaldar un valor ante la Administración.

    La reducción del 95 % y su relación con el valor

    La Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones contempla una reducción del 95 % del valor de la empresa individual, el negocio profesional o las participaciones en entidades en las adquisiciones por causa de muerte (artículo 20.2.c) y, con requisitos propios, en las donaciones (artículo 20.6). Los requisitos remiten al régimen de exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de la Ley 19/1991: que la entidad ejerza una actividad económica y no se limite a gestionar un patrimonio mobiliario o inmobiliario, que el causante o donante tenga un porcentaje mínimo de participación y que se cumplan las condiciones de funciones de dirección y de retribución. Además, el adquirente debe mantener lo recibido durante un periodo que la ley fija en cinco años en las sucesiones y diez en las donaciones, y las comunidades autónomas tienen competencia para mejorar o modular estos beneficios.

    Lo que interesa a efectos de valoración es que la reducción se aplica sobre el valor, pero también es sensible a su composición. Si la sociedad tiene activos no afectos a la actividad (tesorería excesiva, inversiones financieras, inmuebles sin uso empresarial), la reducción puede limitarse a la parte del valor que corresponda a la actividad, de modo que el informe debe identificar y separar esos activos.

    Por qué el Impuesto sobre Sociedades afecta al valor

    Tributación latente

    El patrimonio de una sociedad puede contener plusvalías latentes que tributarán en el Impuesto sobre Sociedades cuando se materialicen. Una valoración patrimonial que ajusta activos a mercado debe tener en cuenta, en su caso, el efecto fiscal diferido, porque un comprador independiente descontaría esa carga futura. Los criterios para hacerlo exigen prudencia y motivación.

    Bases imponibles negativas y deducciones pendientes

    Los créditos fiscales de la sociedad (bases imponibles negativas pendientes de compensar, deducciones sin aplicar) pueden aportar valor, siempre que sea razonable esperar beneficios futuros que permitan utilizarlos. Su inclusión en la valoración requiere análisis de recuperabilidad.

    Contingencias y criterios discutibles

    Si la compañía mantiene posiciones fiscales susceptibles de regularización, procede valorar su riesgo. Un heredero o donatario que recibe participaciones recibe también esa exposición, y el informe debe reflejarlo.

    Política de dividendos y estructura del grupo

    En una empresa familiar con holding, la forma de organizar la tenencia de las participaciones, la existencia de dividendos recurrentes y la aplicación de exenciones influyen en la rentabilidad atribuible a cada socio. Este análisis se vincula con la planificación sucesoria previa. Ampliamos esta perspectiva en nuestro artículo sobre valoración de participaciones en herencias y donaciones de empresa familiar.

    Qué métodos suelen utilizarse

    La Administración recurre a menudo al valor teórico contable, a la capitalización de resultados o a medios de comprobación del artículo 57 de la LGT, entre ellos el dictamen de peritos de la Administración. El contribuyente puede presentar su propia valoración basada en el descuento de flujos, en múltiplos o en el método patrimonial ajustado, según la naturaleza del negocio. La idea clave es que el método debe elegirse por su adecuación a la empresa y justificarse en el informe, no por su resultado.

    Si la Administración propone un valor superior, el contribuyente dispone de la tasación pericial contradictoria, regulada en el artículo 135 de la LGT, además de los recursos ordinarios. Una valoración anterior y bien documentada facilita utilizar estas vías con fundamento, y la prueba pericial judicial es el cauce habitual si el desacuerdo acaba ante un tribunal.

    Ejemplo hipotético

    Supóngase una sociedad familiar dedicada a la distribución, con 1.000 participaciones en poder del fundador. Al fallecer, los herederos declaran un valor de 2 millones de euros basado en el patrimonio neto contable. La Administración propone 3,2 millones por capitalización de resultados. Los herederos encargan una valoración por descuento de flujos que, tras ajustar un inmueble no afecto y reconocer una contingencia fiscal, concluye en 2,4 millones. El ejemplo es ficticio y solo ilustra el tipo de discusión: lo decisivo no es la cifra, sino que cada ajuste esté explicado y soportado documentalmente, y que la reducción se aplique únicamente sobre el valor de la parte afecta a la actividad.

    Cómo prepararse con antelación

    1. Revisar la estructura de la sociedad y separar activos afectos de no afectos antes de que se produzca la transmisión.
    2. Verificar los requisitos de la reducción, incluido el cumplimiento de funciones de dirección y la retribución.
    3. Encargar una valoración con fecha próxima al devengo y con metodología explícita.
    4. Documentar las contingencias fiscales y su estimación.
    5. Coordinar con el asesor la tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades de las operaciones previas o posteriores.

    En las donaciones, la ley exime de ganancia patrimonial al donante en los supuestos del artículo 20.6 (artículo 33.3.c de la LIRPF), y el donatario conserva los valores y fechas de adquisición del donante; por ello conviene calcular también el efecto futuro de una eventual venta. Para esta planificación, un equipo de asesoría legal y fiscal permite combinar la valoración con el diseño sucesorio. Y para el respaldo técnico de las decisiones familiares y societarias, la página sobre respaldo de decisiones directivas describe cómo se documentan.

    Preguntas frecuentes

    ¿Quién fija el valor de las participaciones en una herencia?

    El contribuyente lo declara en su autoliquidación o declaración, y la Administración puede comprobarlo. Si discrepa, puede proponer otro valor, que el interesado puede discutir con los medios previstos en la ley.

    ¿La reducción del 95 % se aplica a cualquier sociedad familiar?

    No. Requiere que la entidad ejerza una actividad económica y que se cumplan los requisitos de participación, funciones y mantenimiento. Las sociedades de mera tenencia de patrimonio quedan en principio fuera.

    ¿Puede el heredero pedir una tasación pericial contradictoria?

    Sí, cuando la Administración comprueba valores con alguno de los medios del artículo 57 de la LGT, dentro de los plazos legales y con las condiciones del artículo 135.

    ¿Qué influencia tiene la comunidad autónoma?

    Considerable, porque el impuesto está cedido y cada comunidad puede establecer reducciones, bonificaciones o requisitos propios. Conviene consultar la normativa autonómica aplicable.

    Conclusión

    En las sucesiones y donaciones de empresa familiar, el valor es la variable que conecta la fiscalidad de la compañía con la de sus propietarios. Una valoración técnica, que tenga en cuenta la tributación en el Impuesto sobre Sociedades, los activos no afectos y las contingencias, reduce el riesgo de que la Administración imponga una cifra distinta y permite discutirla con argumentos si llega a hacerlo. Es una forma de ejercer con base legal los derechos del contribuyente, recordando que la Administración es una parte más y debe motivar el valor que propone.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Momento óptimo para encargar un informe pericial: antes o después del cierre

    Cuando una empresa se enfrenta a una controversia con Hacienda, a un litigio societario o a un procedimiento judicial que requiere prueba técnica, surge una pregunta que no siempre se plantea con la debida antelación: ¿cuál es el momento óptimo informe pericial para encargar este tipo de trabajo? La respuesta tiene un impacto directo en la calidad del informe, en su coste y en su capacidad para influir realmente en el resultado del procedimiento.

    El error habitual: esperar a que surja la necesidad

    La práctica más extendida entre las pymes es encargar un informe pericial únicamente cuando ya existe un conflicto abierto: una liquidación de la AEAT que hay que recurrir, un litigio societario que ha llegado a los tribunales, o un procedimiento concursal en marcha. En ese momento, el perito debe reconstruir la realidad económica de la empresa a partir de documentación que ya no puede modificarse ni completarse, trabajando bajo la presión de plazos procesales ajustados. Este enfoque reactivo limita notablemente la capacidad del informe para aportar el máximo valor probatorio posible.

    Encargar el informe antes del cierre: ventajas

    Cuando la empresa anticipa que una determinada operación o situación puede generar controversia en el futuro —una operación vinculada compleja, una reestructuración societaria, una discrepancia de valoración con un socio saliente— encargar un informe pericial antes de que se cierre el ejercicio o se formalice la operación ofrece ventajas relevantes:

    • Posibilidad de completar la documentación: el perito puede solicitar información adicional, aclarar dudas con los responsables de la empresa y construir un análisis mucho más robusto.
    • Detección temprana de debilidades: si el análisis revela puntos frágiles en la posición de la empresa, aún hay margen para corregir la operación o reforzar la documentación de soporte antes de que se consolide.
    • Mejor calidad metodológica: sin la presión de un plazo procesal inminente, el trabajo pericial puede desarrollarse con el rigor y el tiempo que exige un análisis técnico serio.
    • Coherencia con el cierre contable: el informe puede integrarse en el proceso de cierre, asegurando que los criterios contables y fiscales aplicados sean consistentes con las conclusiones del perito.

    Cuándo el informe pericial posterior sigue siendo necesario

    No siempre es posible anticiparse. Cuando la controversia surge de una actuación de la Administración ya iniciada, de una demanda judicial recibida o de un conflicto societario sobrevenido, el informe pericial deberá elaborarse necesariamente a posteriori, con la documentación disponible en ese momento. En estos casos, el momento óptimo dentro de ese escenario reactivo es encargarlo cuanto antes dentro del procedimiento, evitando dejarlo para las últimas semanas antes de un plazo procesal, lo que compromete tanto la calidad del análisis como la capacidad de reacción ante posibles objeciones de la contraparte.

    El caso particular de las operaciones societarias planificadas

    En operaciones como una ampliación de capital, la salida de un socio, una reestructuración societaria o una transmisión de participaciones, encargar una valoración pericial antes de formalizar la operación no solo aporta seguridad jurídica a las partes, sino que puede evitar litigios futuros, al fijar de forma objetiva y documentada el valor razonable de la operación en el momento en que se ejecuta, en lugar de tener que reconstruirlo años después ante un tribunal con información parcial o desactualizada.

    Factores que influyen en la decisión del momento

    • La complejidad de la operación o situación que debe analizarse.
    • La disponibilidad de información y de las personas clave dentro de la empresa.
    • El grado de previsibilidad del conflicto: ¿existen ya señales de que la operación puede ser cuestionada?
    • Los plazos legales o procesales aplicables al caso concreto.

    Por qué conviene consultar con antelación

    Determinar el momento óptimo informe pericial exige valorar cada situación de forma individualizada, algo que resulta más sencillo cuando la empresa mantiene una relación de confianza con un despacho especializado que conoce su realidad económica y societaria. Consultar los servicios periciales de ValiTax en fases tempranas de una operación relevante, y no únicamente cuando el conflicto ya ha estallado, permite planificar el trabajo pericial con la antelación necesaria para maximizar su solidez técnica y su valor probatorio.

    Conclusión

    El momento óptimo informe pericial no es siempre el mismo: depende de si la empresa puede anticiparse a una controversia futura o si, por el contrario, ya se encuentra inmersa en un procedimiento abierto. Siempre que sea posible, encargar el informe antes de que se consolide una operación compleja aporta mayor rigor, mejor documentación y más margen de maniobra que esperar a que el conflicto ya haya estallado.