Impuesto Sociedades

Autor: admin

  • Informe pericial en una inspección tributaria del Impuesto sobre Sociedades: valor probatorio y momento de aportarlo

    Informe pericial en una inspección tributaria del Impuesto sobre Sociedades: valor probatorio y momento de aportarlo

    Un informe pericial en una inspección tributaria tiene el valor de cualquier otro medio de prueba: la Administración debe examinarlo y motivar si lo acepta o lo rechaza, pero no está obligada a asumir sus conclusiones. Su eficacia depende de tres factores: que aborde un hecho económico realmente discutido, que esté bien fundamentado y que se aporte cuando todavía puede influir en la propuesta de regularización. En el Impuesto sobre Sociedades, ese momento suele ser el de las alegaciones al acta o, mejor aún, el de la fase de comprobación previa a ella.

    Respuesta directa: qué puede esperar el contribuyente

    La Ley General Tributaria reconoce al obligado tributario el derecho a aportar la documentación y los elementos de prueba que estime necesarios, y a que se tengan en cuenta al redactar la propuesta de resolución (artículos 34.1 y 99 LGT, y el régimen general de prueba del artículo 106). Un dictamen pericial es uno de esos elementos. No vincula al actuario, pero si queda incorporado al expediente, el órgano que liquide debe valorarlo. Si la liquidación ignora una prueba pericial relevante sin argumentar, el vicio de motivación puede ser invocado después en el recurso.

    Para entender cómo se organiza este tipo de defensa, puede consultarse la página de defensa en la inspección de la AEAT, que describe el papel del perito en cada fase del procedimiento.

    Cómo se desarrolla una inspección y dónde encaja el dictamen

    Inicio y requerimientos

    La inspección comienza con una comunicación y la formulación de requerimientos de información. En esta fase la empresa ya está construyendo el relato de los hechos. Si se anticipa que habrá una discusión sobre valores o sobre la razonabilidad de una operación, es el momento de decidir si conviene encargar un análisis técnico, aunque todavía no se aporte.

    Trámite de audiencia y acta

    Antes de formalizar el acta, el inspector debe conceder trámite de audiencia. Si el contribuyente firma el acta de conformidad o con acuerdo, la discusión técnica queda cerrada en gran medida. Si se firma en disconformidad, se abre el plazo de alegaciones de quince días hábiles que establece el procedimiento. Es el momento natural para aportar el informe pericial, junto con un escrito jurídico que lo conecte con las pretensiones.

    Liquidación y sanción

    Con el acta y las alegaciones, el órgano competente dicta el acuerdo de liquidación. Si se tramita procedimiento sancionador, el dictamen puede ser relevante también para acreditar que la interpretación del contribuyente era razonable, lo que afecta al elemento subjetivo de la infracción.

    Recurso

    El informe sigue siendo aprovechable en reposición, en reclamación económico-administrativa y en el proceso contencioso. En esas fases hay que cuidar la admisión de la prueba: los órganos de revisión pueden resistirse a admitir pruebas que se pudieron aportar antes sin causa justificada.

    Valor probatorio de un informe pericial en una inspección tributaria

    Nada obliga a un órgano administrativo a dar por buena una conclusión por el hecho de venir firmada por un técnico. Lo que cuenta es la calidad del razonamiento. Los criterios de valoración suelen coincidir con los que aplica la jurisdicción civil conforme al artículo 348 LEC (sana crítica) y la contenciosa:

    • Cualificación e imparcialidad del perito, que debe declarar que ha actuado con objetividad.
    • Método explicitado y repetible por un tercero.
    • Coherencia con la documentación contable, contractual y fiscal de la empresa.
    • Tratamiento de las objeciones previsibles: un informe que no se enfrenta a los argumentos de la Inspección parece incompleto.
    • Contemporaneidad: los dictámenes elaborados cerca de la operación tienen más peso que los fabricados al recibir el acta.

    Merece subrayar otro aspecto. La Administración es una parte más: sus propios informes de valoración o de comparabilidad también son prueba de parte y deben someterse a contradicción. Si el contribuyente puede demostrar que el análisis de la Inspección utiliza comparables inadecuados o ignora una circunstancia relevante, tiene derecho a que se le conteste en la resolución.

    Cuándo es aconsejable aportarlo

    La regla práctica es sencilla: aportar el informe antes de que la tesis de la Inspección se cristalice. Una vez extendida el acta con una propuesta concreta, modificar el criterio resulta más costoso para el actuario y más difícil para el contribuyente. Hay, sin embargo, tres escenarios que justifican esperar o adaptar el calendario:

    1. Cuando la documentación todavía está en elaboración y presentar un dictamen incompleto sería contraproducente.
    2. Cuando la estrategia aconseja no adelantar argumentos en fase de requerimientos para no condicionar el rumbo de la comprobación.
    3. Cuando la Administración aún no ha concretado qué partida discute, de modo que el dictamen debe responder a una pregunta que todavía no está formulada.

    En todos los casos, el control del calendario es esencial. La duración general de las actuaciones inspectoras está sujeta a plazo (con carácter general, dieciocho meses, ampliables a veintisiete en los supuestos legales) y los periodos de alegaciones son breves. Quien deje para el último día el encargo del informe corre el riesgo de aportar un documento apresurado.

    Materias habituales en Sociedades

    Los informes periciales se concentran en unas pocas áreas:

    • Operaciones vinculadas: comparabilidad y método de valoración (artículo 18 de la Ley 27/2014).
    • Gastos deducibles: realidad del servicio, necesidad y correlación con los ingresos.
    • Deterioros y provisiones: razonabilidad de las estimaciones.
    • Reestructuraciones y régimen especial: motivo económico válido.
    • Reducciones y deducciones que dependen de datos técnicos (I+D+i, por ejemplo).

    El artículo de este mismo sitio sobre la defensa pericial ante la inspección de la AEAT desarrolla con más detalle la actuación del perito durante el procedimiento.

    Cómo integrarlo en la defensa

    El informe pericial no sustituye al escrito de alegaciones. Funciona mejor cuando el escrito jurídico lo cita, extrae sus conclusiones y las vincula a los preceptos aplicables. Esa coordinación es una de las razones para plantear la defensa de forma integral: la asesoría legal y fiscal que dirige el procedimiento y el perito trabajan sobre los mismos hechos, pero con funciones distintas. Conviene que el perito conozca los argumentos de la Inspección, y que los abogados entiendan las limitaciones del dictamen para no pedirle más de lo que puede ofrecer.

    Si el asunto exige valorar un activo o una participación, la página sobre valoración de empresas y activos describe el enfoque habitual. Y si se prevé que el conflicto termine en tribunales, es útil conocer desde el principio cómo funciona la prueba pericial judicial.

    Un caso ilustrativo (hipotético)

    Una sociedad adquirió un inmueble a un socio por un precio que la Inspección considera superior al de mercado. Propone un ajuste al amparo de las reglas de operaciones vinculadas. La empresa aporta, con las alegaciones al acta, un informe que justifica el precio con la valoración de un experto independiente realizada en la fecha de la compra, un análisis de transacciones comparables de la zona y una explicación de las características singulares del inmueble. La Inspección debe pronunciarse sobre esos elementos; si se limita a reiterar su tasación sin responderlos, la motivación de la liquidación será discutible. Los datos son ficticios, pero ilustran el modo de trabajar: aportar hechos verificables en el momento oportuno.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puede la Inspección rechazar el informe sin más?

    Puede discrepar, pero debe motivar su decisión. Una desestimación genérica o la omisión del informe son argumentos que el contribuyente puede esgrimir en el recurso.

    ¿Hace falta que el perito firme el acta o acuda a la sede de la Inspección?

    No. El perito no firma el acta. Su informe se incorpora al expediente y, si es necesario, podrá ratificarlo más tarde ante el órgano de revisión o el tribunal.

    ¿Qué ocurre si se aporta el informe tarde?

    No se pierde necesariamente su utilidad, pero puede reducirse su eficacia. En vía de recurso, algunos órganos exigen justificar por qué no se aportó antes.

    ¿Sirve un informe elaborado para otro fin?

    Puede servir como indicio si cumple los requisitos de independencia y contemporaneidad, pero normalmente conviene actualizarlo o complementarlo para responder a las preguntas concretas de la comprobación.

    Conclusión

    Aportar un informe pericial en una inspección tributaria es una decisión de oportunidad y de método. Su valor no depende de quién lo firma, sino de lo que demuestra y de cuándo llega al expediente. Un dictamen bien fundado, coordinado con una defensa jurídica coherente y presentado antes de que la propuesta se consolide permite que la discusión se produzca sobre datos y que la Administración, como parte del procedimiento, deba razonar su posición.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Valoración de empresas: DCF, múltiplos y método patrimonial aplicados a la fiscalidad societaria

    Valoración de empresas: DCF, múltiplos y método patrimonial aplicados a la fiscalidad societaria

    La valoración de empresas no tiene un método único: según el objeto de la valoración y la información disponible, se aplica el descuento de flujos de caja (DCF), el método de múltiplos comparables o el enfoque patrimonial, y a menudo se contrastan entre sí. El método adecuado es el que mejor refleja cómo la compañía genera valor y el que permite justificar cada hipótesis ante un tercero, sea un comprador, un juez o la Administración tributaria. Elegirlo bien es una decisión técnica, pero también una decisión de defensa.

    Respuesta rápida: cuál usar y cuándo

    Método Idóneo cuando… Debilidad principal
    Descuento de flujos de caja (DCF) La empresa genera flujos previsibles y existe un plan de negocio fiable. Muy sensible a la tasa de descuento y a la perpetuidad.
    Múltiplos comparables Hay sociedades o transacciones comparables con información pública. La comparabilidad perfecta casi nunca existe.
    Patrimonial (activos netos ajustados) La sociedad es patrimonial, está en liquidación o sus activos explican su valor. Ignora el valor del negocio en funcionamiento.

    Como regla de prudencia, un informe sólido no se apoya en un solo método. Usa uno como principal y otros como contraste, y explica las diferencias. Quien necesite un planteamiento de conjunto puede consultar la página sobre valoración de empresas y activos, donde se describe cómo se estructura este tipo de encargos.

    Descuento de flujos de caja (DCF)

    El DCF estima el valor de la empresa como el valor actual de los flujos de caja libres que se espera que genere, descontados a una tasa que refleja el riesgo. Tiene dos componentes: los flujos proyectados de un periodo explícito (habitualmente de tres a cinco ejercicios) y un valor terminal que recoge lo que ocurre después.

    Qué hay que justificar

    • Las proyecciones: de dónde salen las ventas, los márgenes y las inversiones. Un plan de negocio sin histórico que lo apoye es el flanco más débil.
    • La tasa de descuento: coste medio ponderado del capital, con su estructura financiera objetivo, la prima de riesgo y, en su caso, las primas por tamaño o por riesgo específico.
    • El valor terminal: la tasa de crecimiento a perpetuidad debe ser coherente con el crecimiento económico a largo plazo; un valor terminal que supone la mayor parte del valor total merece una explicación especial.
    • La deuda financiera neta y otros ajustes para pasar del valor de la empresa al valor de los fondos propios.

    El DCF es potente porque obliga a explicitar todo. Pero esa misma flexibilidad lo hace vulnerable: pequeñas variaciones en los parámetros modifican de forma notable el resultado. Por eso conviene acompañarlo de un análisis de sensibilidad.

    Múltiplos comparables

    Este método aplica a la empresa valorada múltiplos observados en compañías similares o en transacciones recientes: valor de empresa sobre EBITDA, sobre ventas, precio sobre beneficios. Su atractivo es la sencillez y su anclaje en el mercado. Sus riesgos son la selección de comparables (tamaño, sector, geografía, madurez), la homogeneización contable y la necesidad de ajustar por falta de liquidez y por la existencia o no de control.

    Un informe sólido documenta la muestra, explica por qué se incluyen y excluyen sociedades, indica la fecha de los datos y justifica los descuentos aplicados. Si el sector es pequeño o la información pública escasa, el valor probatorio de este método disminuye y se refuerza la conveniencia de contrastarlo con el DCF.

    Método patrimonial

    El enfoque patrimonial parte del patrimonio neto contable y lo ajusta a valores de mercado de los activos y pasivos. Es apropiado para sociedades holding, inmobiliarias, empresas en liquidación y, en general, aquellas cuyo valor reside en sus activos y no en su capacidad de generar flujos. Presenta una limitación estructural: no capta el fondo de comercio ni el valor del negocio, salvo que se incorporen los intangibles identificados.

    En el ámbito fiscal, este método está presente en normas que utilizan el valor teórico contable como referencia mínima, y por eso conviene conocerlo bien aunque no sea el principal de una valoración económica completa.

    Cómo se defiende la valoración de empresas ante Hacienda

    La Administración puede comprobar valores en el marco del artículo 57 de la Ley General Tributaria y, en las operaciones entre partes vinculadas, el artículo 18 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades exige valorar a precio de mercado y prevé métodos para determinarlo. La práctica demuestra que las discrepancias se concentran en tres puntos: la tasa de descuento, la elección de comparables y la consideración de activos no operativos.

    La mejor defensa es un informe que:

    1. Declare la fecha de valoración y el estándar de valor (valor de mercado, valor razonable, valor para un socio concreto).
    2. Identifique las fuentes de información y su fiabilidad.
    3. Muestre los cálculos de forma que sean reproducibles.
    4. Contraste los resultados de varios métodos y explique las diferencias.
    5. Declare expresamente las limitaciones y las hipótesis críticas.

    Cuando la discusión llega a vía de recurso, el perito debe poder defender esas hipótesis en ratificación. La prueba pericial se valora según la sana crítica (artículo 348 LEC) y el tribunal tiende a preferir el dictamen que argumenta con claridad y reconoce sus límites sobre el que presenta una cifra con falsa precisión.

    Ejemplo numérico (hipotético)

    Supóngase una sociedad cuyo EBITDA normalizado es de 1.000.000 de euros, con deuda financiera neta de 800.000 euros. Un múltiplo de 5 veces EBITDA arrojaría un valor de empresa de 5.000.000 euros y un valor de fondos propios de 4.200.000 euros. Un DCF con una tasa del 10 % y un crecimiento a perpetuidad del 1,5 % podría llegar a 5.400.000 euros de valor de empresa, equivalente a 4.600.000 de fondos propios. El método patrimonial, con activos ajustados de 3.500.000 euros, daría un resultado inferior porque no recoge la rentabilidad del negocio. Estas cifras son meramente ilustrativas; lo relevante es que el informe explique por qué se concede mayor peso a uno u otro y cómo se concilian las diferencias.

    Errores frecuentes

    • Tomar el EBITDA contable sin normalizarlo de partidas extraordinarias o de retribuciones fuera de mercado a socios.
    • Elegir comparables por conveniencia y no por similitud real.
    • Aplicar una perpetuidad que supone un crecimiento irrealista.
    • Olvidar los activos no operativos o los pasivos contingentes.
    • Confundir valor de empresa y valor de las participaciones, sin deducir deuda ni ajustar por control o liquidez.

    Cuándo cambia el método: finalidades distintas

    El mismo negocio puede tener valores distintos según la finalidad. La valoración para una compraventa se centra en el precio que un comprador está dispuesto a pagar; la que se realiza para una sucesión busca el valor real a efectos impositivos; la de una separación de socios persigue un valor razonable de la participación. La finalidad determina el estándar de valor, y el estándar determina los ajustes (control, liquidez, sinergias). Una coordinación adecuada entre el perito y el equipo jurídico, por ejemplo mediante una estrategia de defensa fiscal con LRB, evita que un buen cálculo responda a una pregunta equivocada.

    Sobre las particularidades de los métodos más utilizados, puede leerse también nuestro artículo valoración de empresas y participaciones: métodos más utilizados. Y cuando el valor se debate con la Administración, la página sobre defensa en inspecciones de la AEAT explica cómo se integra la prueba pericial en el procedimiento. Los informes que respaldan decisiones de gestión pueden consultarse además en la sección de informes periciales tributarios.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué método de valoración prefiere la Administración?

    No hay un método preferido por norma. Lo decisivo es que el elegido esté justificado, se aplique con coherencia y esté soportado por información verificable.

    ¿Un solo método es suficiente?

    Puede serlo en casos sencillos, pero lo habitual y recomendable es contrastar al menos dos, porque ello refuerza la credibilidad del informe.

    ¿Qué diferencia hay entre valor de empresa y valor de las participaciones?

    El valor de empresa mide el negocio en su conjunto; el valor de los fondos propios resulta de deducir la deuda neta. El valor de una participación concreta puede además ajustarse por control, minoría o liquidez.

    ¿Es obligatorio valorar mediante perito?

    No siempre. Es aconsejable cuando la valoración puede ser discutida por un tercero con intereses contrarios, como Hacienda, un comprador o un socio.

    Conclusión

    El DCF, los múltiplos y el enfoque patrimonial responden a preguntas distintas y su elección debe obedecer a la naturaleza del negocio, a la información disponible y a la finalidad del informe. Lo que protege al contribuyente no es el método en sí, sino su aplicación transparente, sus hipótesis explícitas y la capacidad de defenderlo con datos. Una valoración bien construida convierte una discusión de opiniones en una discusión de números verificables.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Cuándo no compensa encargar un informe pericial tributario

    Un informe pericial tributario puede ser una herramienta decisiva para ganar un litigio con Hacienda, pero no siempre es la opción más razonable desde el punto de vista económico. Antes de encargar uno, conviene hacer un análisis honesto de coste-beneficio: encargar un informe pericial cuando la controversia es de escasa cuantía o cuando las probabilidades de éxito son muy reducidas puede suponer un gasto que nunca llegará a recuperarse. Saber identificar cuándo no compensa un informe pericial es tan importante como saber cuándo sí resulta imprescindible.

    El factor cuantía: cuando el coste supera el beneficio esperado

    Un informe pericial elaborado con el rigor técnico necesario para tener valor probatorio en un procedimiento administrativo o judicial implica un trabajo de análisis considerable, y su coste debe ponderarse frente a la cuantía en disputa. Si la deuda tributaria discutida es de un importe reducido, o si el ajuste que pretende revertirse el informe pericial afecta a una cifra modesta, es posible que el coste del informe se aproxime peligrosamente al beneficio económico que se obtendría de ganar la controversia, o incluso lo supere. En estos casos, puede resultar más eficiente centrar los recursos en una defensa jurídica basada en la documentación ya disponible, sin necesidad de un informe pericial adicional.

    Cuando la controversia es puramente jurídica, no técnica

    No todas las discusiones con Hacienda requieren un análisis pericial. Muchas controversias tributarias giran en torno a la interpretación de una norma, la aplicación de un criterio jurisprudencial o un defecto de procedimiento en la actuación de la Administración, cuestiones que se resuelven mejor con argumentación jurídica que con un informe técnico-económico. Encargar un informe pericial en estos casos añade un coste sin aportar valor real a la defensa, porque el núcleo del debate no reside en hechos económicos discutibles, sino en la correcta aplicación del derecho.

    Cuando la prueba documental ya es suficientemente sólida

    Si la empresa dispone ya de una documentación completa, coherente y bien organizada que acredita por sí misma los hechos relevantes —por ejemplo, una valoración de mercado ya soportada con comparables fiables, o una contabilidad que refleja con claridad la correlación entre ingresos y gastos— puede que un informe pericial adicional no aporte una ventaja probatoria significativa. En esos supuestos, el esfuerzo debe concentrarse en ordenar y presentar adecuadamente la documentación existente antes que en generar un informe nuevo desde cero.

    Cuando el plazo no permite un trabajo pericial riguroso

    Un informe pericial serio requiere tiempo: recopilar la información, analizarla con metodología adecuada y redactar unas conclusiones sólidas no es un proceso que pueda improvisarse en pocos días. Si el plazo procesal disponible es muy ajustado, encargar un informe pericial de última hora puede derivar en un trabajo superficial, con escaso rigor metodológico, que en lugar de reforzar la posición del contribuyente puede debilitarla si la contraparte detecta carencias técnicas evidentes.

    Señales de que sí merece la pena, por contraste

    • La cuantía en juego es elevada y justifica claramente la inversión en el informe.
    • La controversia gira en torno a hechos económicos complejos: valoración de activos, precios de transferencia, cálculo de daños o perjuicios.
    • Existe divergencia significativa entre la valoración de la Administración y la realidad económica del contribuyente.
    • El procedimiento se encuentra en una fase en la que la prueba pericial puede introducirse con las debidas garantías procesales.

    La importancia de un diagnóstico previo objetivo

    Antes de decidir si encargar o no un informe pericial, resulta muy recomendable someter el caso a una valoración preliminar por parte de un profesional independiente, que analice de forma objetiva las probabilidades de éxito, la complejidad técnica del asunto y la relación coste-beneficio de la actuación. Contar con un informe pericial tributario de ValiTax solo cuando realmente aporta valor a la estrategia de defensa evita gastos innecesarios y concentra los recursos donde realmente pueden marcar la diferencia en el resultado del procedimiento.

    Cómo evitar decisiones apresuradas

    Muchas empresas encargan informes periciales por precaución, sin haber evaluado antes si el caso realmente lo requiere, movidas por la incertidumbre que genera enfrentarse a la Administración. Sin embargo, una decisión bien informada exige primero analizar la naturaleza del conflicto, la cuantía en juego y la solidez de la prueba ya disponible, y solo después decidir si un informe pericial añade el valor probatorio necesario para justificar su coste.

    Conclusión

    Saber cuándo no compensa un informe pericial es tan valioso como saber cuándo sí es imprescindible. Analizar la cuantía en disputa, la naturaleza jurídica o técnica de la controversia, la solidez de la prueba existente y el tiempo disponible antes de encargar el trabajo permite a la empresa tomar decisiones más eficientes y evitar gastos que no se traducirán en un beneficio real para su defensa fiscal.

  • Plazos de prescripción tributaria: cuándo caduca el derecho de Hacienda

    Muchos empresarios viven con la sensación de que Hacienda puede revisar sus cuentas indefinidamente, pero eso no es así: la Ley General Tributaria establece plazos concretos a partir de los cuales la Administración pierde su derecho a comprobar, liquidar o exigir el pago de determinadas deudas. Conocer los prescripción tributaria plazos aplicables es fundamental para saber a qué ejercicios puede alcanzar realmente una inspección y cuándo una deuda antigua ha dejado de ser exigible.

    El plazo general de cuatro años

    El artículo 66 de la Ley General Tributaria fija en cuatro años el plazo de prescripción para varios derechos clave: el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante liquidación, el derecho a exigir el pago de deudas ya liquidadas, el derecho del contribuyente a solicitar devoluciones, y el derecho a obtener las devoluciones ya reconocidas. Este plazo de cuatro años comienza a contar, con carácter general, desde el día siguiente a aquel en que finalizó el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

    Cómo se interrumpe la prescripción

    El plazo de prescripción no corre de forma ininterrumpida en todos los casos: determinadas actuaciones tienen la capacidad de interrumpirlo, reiniciando el cómputo desde cero. Entre las causas de interrupción más habituales se encuentran:

    • El inicio de un procedimiento de comprobación o inspección notificado formalmente al contribuyente.
    • La interposición de reclamaciones o recursos por parte del contribuyente, ya sea en vía administrativa o judicial.
    • Cualquier actuación fehaciente del contribuyente dirigida al pago o liquidación de la deuda, como el reconocimiento expreso de la misma.
    • Las actuaciones de la Administración dirigidas de forma efectiva a la regularización de la situación tributaria, siempre que se realicen con conocimiento formal del interesado.

    Esta posibilidad de interrupción explica por qué, en la práctica, algunos procedimientos tributarios pueden extenderse mucho más allá de los cuatro años iniciales, especialmente cuando existen recursos sucesivos en distintas instancias.

    El derecho a comprobar frente al derecho a liquidar

    Una distinción técnica relevante, incorporada tras la reforma de la Ley General Tributaria, es que el derecho de la Administración a comprobar e investigar hechos, actos, negocios y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria no prescribe, salvo que expresamente se establezca otro plazo. Esto significa que Hacienda puede comprobar operaciones realizadas en ejercicios ya prescritos si esas operaciones tienen efectos fiscales en ejercicios no prescritos, como ocurre típicamente con las bases imponibles negativas o las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar se extiende, con ciertos límites, hasta diez años.

    Plazos especiales que conviene conocer

    Además del plazo general de cuatro años, existen algunos plazos específicos relevantes en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades:

    • Diez años para comprobar bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar o aplicar, contados desde el día siguiente a aquel en que finalizó el plazo para presentar la declaración del ejercicio en que se generaron.
    • Diez años para el delito fiscal, dado su carácter de delito grave, un plazo muy superior al de la infracción tributaria administrativa.
    • Interrupción por declaración de concurso, que también afecta al cómputo de los plazos de prescripción de las deudas del concursado.

    Por qué es importante vigilar estos plazos

    Conocer con precisión los prescripción tributaria plazos aplicables permite a la empresa defender adecuadamente sus derechos ante actuaciones de la Administración que pretendan revisar ejercicios ya prescritos, así como planificar la conservación de documentación con criterio: no tiene sentido destruir soportes documentales de ejercicios cuyo derecho a comprobar aún no ha prescrito, especialmente cuando existen bases imponibles negativas o deducciones generadas en esos años que se están aplicando en la actualidad.

    Qué hacer ante una actuación que pueda estar prescrita

    Si la Agencia Tributaria inicia actuaciones sobre un ejercicio que el contribuyente considera prescrito, es fundamental analizar con detalle si realmente se ha producido la prescripción o si, por el contrario, existió alguna causa de interrupción que reabrió el cómputo del plazo. Este análisis requiere revisar todo el historial de actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con la deuda, tarea en la que resulta muy valioso contar con defensa ante inspección de la AEAT de ValiTax, especializada en analizar estos plazos y en articular la defensa técnica correspondiente cuando la Administración pretende actuar fuera de plazo.

    Conclusión

    Los plazos de prescripción tributaria no son un mero tecnicismo, sino una garantía esencial de seguridad jurídica para el contribuyente. Conocer el plazo general de cuatro años, las causas que pueden interrumpirlo y los plazos especiales aplicables a bases imponibles negativas o deducciones pendientes permite a la empresa anticiparse a las actuaciones de la Administración y defender con solidez que un derecho ya ha caducado cuando corresponda.

  • Perito judicial tributario: funciones y criterios para elegirlo en un litigio de Sociedades

    Perito judicial tributario: funciones y criterios para elegirlo en un litigio de Sociedades

    Un perito judicial tributario es el profesional que, por sus conocimientos especializados en fiscalidad, contabilidad y valoración, auxilia a un tribunal o a una parte para esclarecer hechos de naturaleza económico-fiscal que el juzgador no puede apreciar por sí mismo. Se elige por su cualificación demostrable, su independencia y su capacidad de explicar y defender su trabajo en juicio. En los litigios del Impuesto sobre Sociedades, su intervención suele ser decisiva cuando la discusión gira en torno a cifras, métodos y criterios de valoración.

    Qué hace exactamente un perito judicial tributario

    La Ley de Enjuiciamiento Civil regula la prueba pericial en los artículos 335 a 352 y la define por su finalidad: se acude a ella cuando son necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos. Aplicado al ámbito fiscal, esto significa que el perito no interpreta la ley en sustitución del juez, sino que analiza los hechos económicos que sirven de base para aplicarla.

    En la práctica, sus funciones se agrupan en cuatro grandes bloques:

    • Análisis. Examina contabilidad, declaraciones, contratos, correspondencia y cualquier soporte relevante para reconstruir los hechos económicos.
    • Valoración. Cuantifica magnitudes que se discuten: el valor de una operación, de una participación, de un activo o de un perjuicio.
    • Dictamen. Plasma por escrito su metodología, sus cálculos y sus conclusiones, bajo la declaración de imparcialidad del artículo 335.2 LEC.
    • Ratificación. Comparece en vista o juicio, explica el informe, responde a las preguntas de las partes y del tribunal y, si procede, defiende sus conclusiones frente a otro dictamen.

    Quien quiera conocer el planteamiento de este tipo de encargos puede visitar la página sobre prueba pericial judicial, donde se detalla cómo se prepara un dictamen pensado para su ratificación.

    Dónde aparece en un litigio del Impuesto sobre Sociedades

    Los conflictos en los que interviene el perito tributario suelen repetirse. Algunos ejemplos habituales:

    • Regularizaciones por operaciones vinculadas, en las que se discute el precio o el método de valoración.
    • Impugnación de gastos considerados no deducibles por falta de correlación o de justificación.
    • Aportaciones no dinerarias y operaciones societarias donde se cuestiona el valor atribuido a los elementos aportados.
    • Reestructuraciones cuya aplicación del régimen especial se pone en duda por falta de motivo económico válido.
    • Deterioros, provisiones y amortizaciones objeto de ajuste por la Inspección.

    En todos ellos el debate real no es jurídico en abstracto, sino económico: ¿cuánto vale?, ¿era necesario?, ¿es razonable? Esa es la frontera en la que opera el perito.

    Perito judicial no significa perito del juzgado

    Es un error frecuente. La expresión «perito judicial» se usa en el lenguaje común para referirse a cualquier profesional capaz de intervenir ante los tribunales, pero la ley distingue dos vías: el perito aportado por las partes con sus escritos (artículo 336 LEC) y el designado por el tribunal a solicitud de parte o, en determinados casos, de oficio (artículos 339 y siguientes). Ambos están sujetos al deber de objetividad y pueden ser recusados en los supuestos legales. La diferencia está en el origen del encargo, no en el rigor exigible.

    En materia tributaria, la mayor parte de los dictámenes son de parte, porque el contribuyente necesita contar con un informe antes de que se inicie el proceso, a menudo ya en vía administrativa. El nombramiento judicial es más habitual en procesos civiles y mercantiles con componente fiscal. Este contraste se estudia con mayor detalle en nuestro artículo sobre cómo elegir un perito judicial para un litigio tributario, que complementa este texto con ejemplos de selección.

    Criterios para elegirlo

    Cualificación y experiencia real en la materia

    No basta con una titulación genérica. Interesa que el perito tenga formación en fiscalidad y valoración y, sobre todo, experiencia práctica con asuntos similares: inspecciones, litigios societarios, reestructuraciones. Conviene preguntar qué tipo de dictámenes ha emitido y si ha ratificado alguno ante un tribunal.

    Independencia verificable

    El perito debe poder manifestar que no tiene interés directo en el resultado y que no existe conflicto con las partes. Si ha prestado asesoramiento continuado a la sociedad o a alguno de sus socios en el asunto discutido, su posición podría ser cuestionada.

    Método transparente

    Un profesional serio explica qué metodología aplicará y por qué, qué información necesita y qué límites tendrá el informe. Desconfíe de quien promete un resultado concreto antes de ver la documentación: el dictamen no puede tener conclusión predeterminada.

    Capacidad de comunicación

    El mejor análisis pierde fuerza si no puede explicarse con claridad a un juez que no es economista. La ratificación exige sencillez, precisión y serenidad bajo contrainterrogatorio.

    Disponibilidad y plazos

    Los plazos procesales y administrativos no esperan. Hay que confirmar que el perito puede cumplir el calendario y que estará disponible para la vista.

    Qué pueden hacer las partes frente al perito contrario

    La Ley prevé instrumentos para contrastar un dictamen: la recusación del perito designado judicialmente por las causas que señalan los artículos 124 y siguientes de la LEC, la solicitud de aclaraciones, las preguntas en el acto del juicio y la aportación de un contrainforme. El tribunal valora la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, de modo que prevalece el informe mejor razonado, no el que procede de la parte más poderosa. Esta idea es clave para el contribuyente: aunque la Administración cuente con sus propios técnicos, su informe es el de una parte más y se valora con el mismo estándar.

    Señales de alerta

    1. Dictámenes sin metodología explícita o con fuentes que no se citan.
    2. Conclusiones que coinciden exactamente con lo que pretendía el cliente sin análisis de alternativas.
    3. Ausencia de documentación de respaldo o de limitaciones declaradas.
    4. Falta de disposición a comparecer en juicio.
    5. Honorarios condicionados al resultado, incompatibles con la independencia.

    Un ejemplo ilustrativo (hipotético)

    Imagínese una sociedad a la que la Inspección niega la deducción de comisiones abonadas a un intermediario, por considerar que no se acredita la realidad del servicio. El perito analiza los contratos, los correos, los pagos y los resultados comerciales vinculados, y concluye que existió prestación efectiva y que el precio era coherente con el mercado. Su dictamen no decide el pleito, pero aporta el hilo conductor con el que la defensa jurídica construye su argumentación y permite que el tribunal tenga datos objetivos para valorar. Una estrategia integral de asesoría legal y fiscal consiste, precisamente, en alinear ambos planos desde el principio.

    El papel de la acreditación

    Existen designaciones y listados de peritos en distintos ámbitos, pero ninguna sustituye al criterio básico: lo que valida a un perito es la calidad de su trabajo y su comportamiento en la ratificación. La acreditación es un indicio de formación y experiencia, no una garantía de que el informe será estimado. Por eso conviene mirar el historial, la claridad de los informes previos y la capacidad de dar respuesta a preguntas difíciles.

    Del mismo modo, es recomendable aclarar al inicio del encargo el alcance de la intervención: si será un informe de parte, un dictamen previo para decidir si se litiga o una pericia sobre una cuestión puntual. Un alcance bien definido evita costes y malentendidos. Para valoraciones concretas, la página sobre valoración de empresas y activos describe la forma de abordarlas, y la dedicada a los informes periciales tributarios aclara el alcance de los dictámenes que se emiten en vía administrativa.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puede un perito judicial tributario intervenir en vía administrativa?

    Sí. Aunque el término remite al ámbito judicial, el mismo profesional puede emitir informes que se aportan en el procedimiento de comprobación o en la reclamación económico-administrativa, y después ratificarlos si el asunto llega a los tribunales.

    ¿Es obligatorio contar con un perito para recurrir una liquidación?

    No. Solo es aconsejable cuando hay hechos económicos o valoraciones que acreditar y la prueba documental ordinaria no basta.

    ¿Se puede cambiar de perito durante el procedimiento?

    Un perito de parte sí puede sustituirse, aunque conviene hacerlo con tiempo suficiente para que el nuevo profesional estudie el expediente. El perito designado judicialmente solo puede ser recusado o sustituido en los supuestos legales.

    ¿Qué se le pide al perito en la ratificación?

    Que explique su metodología, confirme que mantiene sus conclusiones, responda a las preguntas de las partes y aclare las dudas del tribunal.

    Conclusión

    Elegir perito es una decisión estratégica: condiciona la prueba, el calendario y, a menudo, el resultado. Los criterios decisivos son la cualificación específica, la independencia, la transparencia del método y la capacidad de defender el informe en juicio. En los litigios del Impuesto sobre Sociedades, donde la discusión es con frecuencia económica, un dictamen riguroso permite que el contribuyente exponga sus razones con datos y que la Administración, parte más del proceso, deba contrastarlas con los suyos.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Por qué elegir un buen abogado fiscalista es clave ante una inspección de Hacienda: el caso LRB Tax & Legal

    Un premio que pone el foco en la defensa fiscal de calidad

    En el Impuesto sobre Sociedades, pocas situaciones generan tanta incertidumbre como una inspección tributaria sobre la base imponible o las deducciones aplicadas, lo que convierte este reconocimiento en una referencia útil para cualquier empresa. Cuando la Agencia Tributaria inicia un procedimiento de comprobación o inspección, la diferencia entre una regularización asumible y una contingencia fiscal grave suele estar en la calidad del asesoramiento recibido desde el primer día. Esa es, precisamente, la especialidad que ha llevado a Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal, a ser reconocido como Mejor Profesional Fiscal del Año de España y Portugal en los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards 2026, celebrados el 24 de septiembre en Madrid, donde además el equipo fiscal de la firma fue finalista a Mejor Equipo Fiscal frente a EY y KPMG.

    El reconocimiento es una buena excusa para explicar por qué, ante una inspección tributaria, elegir bien al abogado fiscalista no es un lujo, sino una decisión que puede condicionar el patrimonio y la viabilidad de una empresa.

    Qué ocurre quiere una inspección tributaria mal gestionada

    Un procedimiento de inspección no es un simple trámite administrativo: es un proceso en el que la Administración tributaria revisa, con capacidad de acceso a toda la documentación contable y fiscal del contribuyente, si las autoliquidaciones presentadas reflejan correctamente su situación tributaria. Cuando el contribuyente no cuenta con un asesoramiento técnico sólido desde el inicio de las actuaciones, es habitual que se acaben firmando actas de conformidad que después resultan muy difíciles de recurrir, o que se pierdan plazos procesales clave para presentar alegaciones o recursos.

    Un despacho especializado en defensa ante inspecciones tributarias, como LRB Tax & Legal, aporta justamente eso: conocimiento profundo del procedimiento inspector, capacidad para anticipar los criterios que va a aplicar la Inspección y experiencia acreditada en la redacción de alegaciones y recursos que resistan un control judicial posterior si es necesario.

    El valor de la experiencia acreditada: por qué importa un premio como este

    Los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards no son un premio comercial, sino un reconocimiento otorgado por un jurado independiente del sector legal, que valora el impacto real del trabajo desarrollado por cada profesional o equipo, la complejidad de los asuntos gestionados y su contribución a su área de práctica. Que Luis Miguel Larriba haya sido distinguido como mejor abogado fiscalista de España y Portugal en la categoría fiscal, y que el equipo de LRB haya llegado a la final frente a EY y KPMG en la categoría de mejor equipo, es una validación externa —no autoproclamada— de la calidad técnica del despacho en materia de inspecciones y procedimientos tributarios.

    Como declaró el propio Larriba tras recoger el premio: «Este reconocimiento no es solo personal: es el resultado del trabajo de todo el equipo de LRB durante los últimos años.» Una afirmación que cobra especial sentido en un área como la defensa tributaria, donde el trabajo en equipo —economistas, abogados y peritos judiciales trabajando de forma coordinada— resulta determinante para el resultado final de cada expediente.

    Cinco señales de que necesitas un abogado fiscalista especializado

    No todas las situaciones fiscales requieren el mismo nivel de especialización, pero hay señales claras de que conviene contar con un despacho experimentado en defensa tributaria: haber recibido un requerimiento o una comunicación de inicio de actuaciones de comprobación; operar en sectores especialmente fiscalizados como el turístico, el inmobiliario o el de servicios profesionales; haber realizado operaciones de reestructuración societaria recientes; contar con patrimonio o rentas en el extranjero; o simplemente gestionar un volumen de facturación que hace que cualquier ajuste fiscal tenga un impacto económico relevante.

    En todos estos casos, la diferencia entre un asesor generalista y un despacho especializado como LRB Tax & Legal —con sede en Madrid y delegación en Mallorca— puede traducirse en miles o incluso millones de euros de contingencia fiscal evitada.

    Reestructuración empresarial: otro terreno donde el buen asesoramiento es decisivo

    La misma lógica se aplica a las operaciones de reestructuración empresarial. El régimen FEAC (fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores) permite realizar estas operaciones con neutralidad fiscal, pero exige acreditar motivos económicos válidos ante Hacienda. Un asesoramiento deficiente en esta fase puede convertir una operación pensada para optimizar la estructura del grupo en una contingencia fiscal de gran magnitud si la Inspección considera que la operación tuvo como finalidad principal el fraude o la evasión fiscal.

    Precisamente por eso, los despachos que —como LRB Tax & Legal— combinan experiencia en reestructuraciones FEAC con experiencia en defensa ante inspecciones tienen una ventaja comparativa: conocen de primera mano los criterios que aplicará la Inspección años después de cerrada la operación, y diseñan la reestructuración pensando en esa revisión futura.

    Preguntas frecuentes

    ¿Por qué es importante el asesoramiento fiscal ante una inspección tributaria?

    Porque un procedimiento mal gestionado puede derivar en sanciones, recargos y contingencias fiscales muy superiores al coste de contar con un abogado fiscalista especializado desde el inicio de las actuaciones.

    ¿Qué avala la calidad de LRB Tax & Legal en materia de inspecciones tributarias?

    El reconocimiento de Luis Miguel Larriba como Mejor Profesional Fiscal de España y Portugal, y la condición de finalista de su equipo fiscal frente a EY y KPMG, en los Iberian Lawyer Awards 2026.

    ¿Qué es el régimen FEAC y por qué requiere asesoramiento especializado?

    Es el régimen de neutralidad fiscal para fusiones, escisiones y aportaciones de activos, que exige acreditar motivos económicos válidos; un mal asesoramiento puede convertirlo en una contingencia fiscal grave.

  • Impuesto sobre Sociedades y operaciones de reestructuración: régimen FEAC

    Cuando una empresa necesita reorganizar su estructura societaria —ya sea para preparar una sucesión familiar, separar ramas de negocio, facilitar la entrada de un inversor o simplemente ganar eficiencia operativa— el régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, conocido comúnmente como régimen FEAC, es la herramienta que permite ejecutar esa reorganización sin que la operación tribute de forma inmediata. Entender cómo se articula el impuesto sociedades régimen FEAC resulta esencial para cualquier grupo empresarial que se plantee una reestructuración.

    Qué es el régimen de neutralidad fiscal

    El Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 regula este régimen especial, cuyo objetivo es evitar que las reorganizaciones empresariales legítimas se vean penalizadas fiscalmente. Sin este régimen, una fusión o escisión generaría una tributación inmediata por las plusvalías tácitas de los elementos transmitidos, lo que en la práctica desincentivaría reestructuraciones necesarias desde el punto de vista económico. El régimen FEAC permite diferir esa tributación hasta el momento en que los elementos patrimoniales se transmitan realmente a un tercero fuera del grupo, aplicando el principio de neutralidad fiscal.

    Operaciones que pueden acogerse al régimen

    • Fusiones: una o varias sociedades transmiten en bloque su patrimonio a otra ya existente o de nueva creación, a cambio de la atribución a sus socios de valores representativos del capital de la entidad resultante.
    • Escisiones totales y parciales: una sociedad divide su patrimonio en dos o más partes, que se transmiten a otras entidades ya existentes o de nueva creación.
    • Aportaciones no dinerarias de rama de actividad: una sociedad aporta a otra un conjunto de elementos que constituyen una unidad económica autónoma capaz de funcionar por sus propios medios.
    • Canje de valores: una entidad adquiere participaciones en el capital de otra que le permiten obtener la mayoría de los derechos de voto, entregando a cambio valores de su propio capital.

    El requisito del motivo económico válido

    La aplicación del régimen FEAC no es automática ni opcional en el sentido de elegirla libremente sin más: la normativa exige que la operación se realice por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades participantes, y no con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal. Este requisito es, con diferencia, el que más controversia genera en la práctica, porque la Administración tiende a analizar con lupa las reestructuraciones que preceden a una venta posterior de participaciones o activos, sospechando que la operación se articuló únicamente para reducir la tributación de esa venta.

    Efectos fiscales del diferimiento

    Cuando una operación se acoge correctamente al régimen FEAC, ni la sociedad transmitente ni sus socios tributan por las plusvalías generadas en el momento de la reestructuración. La entidad adquirente se subroga en los valores y fechas de adquisición de los elementos recibidos, y los socios que reciben nuevos valores mantienen a efectos fiscales la antigüedad y el valor de adquisición de sus participaciones originales. Este diferimiento no es una exención definitiva, sino un aplazamiento de la tributación hasta que se produzca una transmisión posterior fuera del marco de neutralidad fiscal.

    Obligaciones formales asociadas

    Acogerse al régimen FEAC exige comunicar la operación a la Administración tributaria dentro de los plazos establecidos, e incluir en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio en que se realiza la operación, y de los siguientes hasta que finalice la vinculación fiscal, información detallada sobre la operación de reestructuración realizada. El incumplimiento de estas obligaciones formales, aunque no siempre determina la pérdida del régimen, puede acarrear sanciones independientes y complicar la defensa de la operación ante una eventual comprobación.

    Cómo estructurar correctamente una reestructuración

    Dada la complejidad técnica del régimen FEAC y la relevancia del análisis del motivo económico válido, muchas empresas optan por constituir una estructura de holding que facilite futuras reorganizaciones societarias, sucesiones familiares o entradas de inversores, aprovechando la neutralidad fiscal que ofrece este régimen. Si su empresa está valorando este tipo de operación, conviene contar con apoyo especializado para diseñar una estructura de holding que aproveche correctamente el régimen FEAC de LRB Tax & Legal, minimizando el riesgo de que la Administración cuestione posteriormente la validez de la reestructuración.

    Conclusión

    El régimen FEAC del Impuesto sobre Sociedades es una herramienta poderosa para ejecutar reorganizaciones empresariales sin coste fiscal inmediato, pero su aplicación exige un análisis riguroso del motivo económico que justifica la operación, así como el cumplimiento estricto de los requisitos formales. Planificar la reestructuración con suficiente antelación, documentando adecuadamente las razones empresariales que la motivan, es la clave para que la neutralidad fiscal se mantenga firme frente a cualquier revisión posterior de la AEAT.

  • Informe pericial tributario en el Impuesto sobre Sociedades: qué es y cuándo hace falta

    Informe pericial tributario en el Impuesto sobre Sociedades: qué es y cuándo hace falta

    Un informe pericial tributario es un dictamen técnico, elaborado por un profesional independiente, que analiza una cuestión fiscal con contenido económico, contable o de valoración y la expone de forma que pueda servir como prueba ante la Administración o ante un tribunal. En el Impuesto sobre Sociedades hace falta, sobre todo, cuando la discrepancia con Hacienda no versa sobre una norma sino sobre un hecho o una cifra: el valor de mercado de una operación, la necesidad de un gasto, la vida útil de un activo o la razón económica de una reestructuración.

    Respuesta directa: qué es y para qué sirve

    El informe pericial traduce a lenguaje técnico y verificable lo que la empresa sostiene en su declaración. No sustituye al asesoramiento jurídico ni a la liquidación del impuesto: sirve para demostrar, con método y documentación, que la posición del contribuyente es razonable. La Ley General Tributaria reconoce a los obligados tributarios el derecho a utilizar los medios de prueba admitidos en derecho (artículo 106 LGT), y el dictamen de un perito es uno de ellos. Si su autor lo ratifica y se somete a contradicción, el informe adquiere el valor que la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye a la prueba pericial, que el juez valora conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348 LEC).

    Esto es especialmente relevante en una materia como la del Impuesto sobre Sociedades, donde buena parte de los conflictos nacen de conceptos jurídicos indeterminados: «valor normal de mercado», «gasto necesario», «correlación con los ingresos», «motivo económico válido». Todos ellos exigen demostración, y la demostración exige método.

    Cuándo hace falta un informe pericial tributario

    No todas las controversias requieren un dictamen. Conviene encargarlo cuando concurren estas circunstancias:

    • La Administración ha propuesto una regularización basada en una valoración o estimación que la empresa considera errónea.
    • La operación afectada es compleja (operaciones vinculadas, aportaciones no dinerarias, reestructuraciones, cesiones de intangibles) y el soporte documental interno no basta para acreditar su razonabilidad.
    • Se prevé un litigio, en vía económico-administrativa o contenciosa, en el que habrá que probar hechos económicos.
    • Se quiere dejar constancia contemporánea de una decisión empresarial antes de que nadie la cuestione.

    Quien necesite una visión de conjunto sobre este tipo de encargos puede consultar la página dedicada a los informes periciales tributarios, donde se describen los supuestos habituales y la forma de trabajo.

    Situaciones típicas en el Impuesto sobre Sociedades

    Operaciones vinculadas y valor de mercado

    El artículo 18 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades obliga a valorar a precios de mercado las operaciones entre partes vinculadas. Si la Inspección corrige el precio pactado, el contribuyente puede aportar un estudio de comparabilidad que justifique el método elegido y los comparables utilizados. Aquí el informe pericial no se limita a repetir la documentación de precios de transferencia: la contrasta, la depura y, en su caso, la completa.

    Deducibilidad de gastos

    El artículo 15 de la Ley del Impuesto excluye de la deducción determinados gastos y la doctrina administrativa exige además su correlación con los ingresos y su adecuada justificación. Un dictamen puede acreditar la realidad del servicio recibido, la proporcionalidad de su precio o la vinculación de un gasto con la actividad, especialmente cuando faltan facturas detalladas o el proveedor es un tercero vinculado.

    Deterioros, amortizaciones y valoración de activos

    La amortización y el deterioro dependen de estimaciones técnicas (vida útil, importe recuperable, flujos futuros). Cuando la Inspección las cuestiona, el dictamen permite exponer la metodología aplicada y comparar el resultado con alternativas razonables.

    Reestructuraciones y régimen especial

    El régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores se condiciona a que la operación responda a motivos económicos válidos. Un informe elaborado cerca del momento de la decisión resulta mucho más convincente que una explicación reconstruida años después.

    Qué valor probatorio tiene ante la Administración

    Conviene ser realista. La Administración no está obligada a aceptar las conclusiones de un perito de parte, y puede discrepar si motiva su rechazo. Ahora bien, no puede ignorar el informe: debe valorarlo y razonar por qué lo desestima. Una resolución que omite todo análisis de una prueba pericial aportada en plazo es vulnerable en vía de recurso, porque el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes forma parte de las garantías del procedimiento.

    En sede judicial el escenario es más favorable. Si el perito comparece, explica su metodología y responde a las preguntas de las partes y del tribunal, el informe puede ser decisivo, sobre todo si la contraparte (en este caso, la Administración) se apoya solo en criterios internos o en valoraciones genéricas. La Administración es una parte más en el proceso y su informe se valora con la misma vara de medir.

    Contenido mínimo de un buen informe

    Un dictamen útil debe permitir que un tercero reproduzca el razonamiento. En términos generales incluye:

    1. La identificación del perito, su cualificación y la declaración de imparcialidad que exige el artículo 335.2 LEC.
    2. El encargo recibido y las preguntas concretas que se responden.
    3. La documentación examinada y sus limitaciones.
    4. La metodología, con justificación de por qué se elige y se descartan otras.
    5. El análisis y los cálculos, con hipótesis explícitas.
    6. Las conclusiones, redactadas de forma que se puedan citar sin ambigüedad.

    Un informe que se limita a afirmar conclusiones sin mostrar cómo se alcanzan tiene muy poco recorrido. Y uno que oculta la documentación desfavorable pierde credibilidad en cuanto la contraparte la aporte.

    Cuándo no hace falta

    Hay controversias estrictamente jurídicas en las que un dictamen económico aporta poco: la interpretación de un precepto, la aplicación de un criterio vinculante o un defecto de procedimiento. También puede ser innecesario cuando la prueba documental ordinaria (contratos, facturas, contabilidad coherente) ya acredita los hechos. Encargar un informe por inercia encarece el procedimiento sin mejorar la defensa. La decisión debe tomarse sobre la base de una pregunta sencilla: ¿hay un hecho económico discutido que solo un especialista puede acreditar?

    El momento: antes es casi siempre mejor

    El informe pericial tributario cumple mejor su función cuando se incorpora pronto. En la fase de comprobación, aportarlo con las alegaciones permite que el actuario lo examine antes de proponer la regularización. En la fase de recurso sigue siendo útil, pero algunos tribunales económico-administrativos son reacios a admitir pruebas que pudieron aportarse antes. Y, por encima de todo, un dictamen preventivo, elaborado cuando se toma una decisión de cierta entidad, evita discusiones posteriores sobre la fiabilidad de una justificación sobrevenida.

    Cómo coordinarlo con la defensa jurídica

    El perito no define la estrategia procesal, pero su trabajo debe encajar en ella. Por eso resulta aconsejable que el equipo que defiende al contribuyente conozca desde el inicio el alcance del informe, las preguntas que se formulan al perito y los plazos de cada trámite. Un servicio de defensa fiscal con LRB permite coordinar la estrategia jurídica con la prueba técnica. Para ampliar la visión de cómo se estructura el análisis de un dictamen, resulta útil la lectura de nuestro artículo sobre informes periciales tributarios: qué son y cuándo se necesitan.

    También conviene recordar que el perito debe poder trabajar con libertad. La empresa tiene que facilitarle toda la información relevante, incluida la que no le favorece, y aceptar que sus conclusiones pueden no coincidir con la tesis inicial. Esa independencia es lo que da valor al dictamen.

    Una referencia para la valoración del riesgo

    Piénsese, a modo de ejemplo hipotético, en una sociedad que presta servicios de gestión a otra del mismo grupo por una remuneración fijada sin estudio previo. La Inspección propone un ajuste por considerar que el precio no es de mercado. Un informe que analice las funciones desempeñadas, los riesgos asumidos y los márgenes de empresas comparables puede reducir o eliminar el ajuste y, además, ofrece base para discutir la sanción. Sin ese estudio, la empresa debatiría únicamente con afirmaciones.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puede presentarse un informe pericial en cualquier fase del procedimiento?

    Puede aportarse en la fase de comprobación, en el trámite de alegaciones, en el recurso de reposición, en la reclamación económico-administrativa y en el proceso contencioso-administrativo. Cuanto antes se aporte, más probable es que sea tenido en cuenta con plenitud.

    ¿El informe garantiza que Hacienda cambie su criterio?

    No. Es un medio de prueba, no una resolución. Su eficacia depende de la solidez de la metodología, de la calidad de la documentación y de que se aporte en el momento adecuado.

    ¿Quién debe firmar el informe?

    Un profesional con cualificación acreditada en la materia, que declare su imparcialidad y que esté dispuesto a ratificar el dictamen ante el órgano que lo solicite.

    ¿Se puede aportar un informe elaborado años antes?

    Sí, y puede ser incluso más valioso si se redactó cuando se tomó la decisión. Debe constar la fecha y poder acreditarse que no se modificó con posterioridad.

    Conclusión

    El informe pericial tributario es una herramienta de prueba: útil cuando la controversia gira en torno a hechos y cifras, prescindible cuando es puramente jurídica. Su eficacia depende de la independencia del perito, del rigor del método y de que se aporte a tiempo. Para el contribuyente, supone la posibilidad de discutir con datos verificables en lugar de con meras manifestaciones, y de que la Administración, que es una parte más, tenga que razonar su rechazo. Quien actúe con anticipación y documente con método sus decisiones fiscales estará mejor posicionado si algún día debe defenderlas.

    Si el asunto afecta a una valoración concreta, la página sobre valoración de empresas y activos detalla cómo se plantea ese tipo de encargo, y la referida a la prueba pericial judicial explica las particularidades de la ratificación en juicio.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Correlación de ingresos y gastos: el criterio que más discute Hacienda

    Entre todos los requisitos que debe cumplir un gasto para resultar fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades, hay uno que genera más discrepancias con la Agencia Tributaria que ningún otro: la necesidad de que el gasto esté relacionado con la obtención de ingresos. La correlación de ingresos y gastos es, en la práctica, el terreno donde más se libran las batallas entre contribuyentes e inspectores, precisamente porque no siempre es fácil demostrar de forma objetiva que un determinado gasto contribuyó, directa o indirectamente, a generar ingresos para la sociedad.

    Qué exige la normativa

    La Ley 27/2014 no exige expresamente en su articulado que todo gasto genere un ingreso inmediato y cuantificable, pero sí establece como requisito general que los gastos deducibles deben estar vinculados a la actividad económica de la entidad. De ahí se deriva el principio de correlación de ingresos y gastos, que los tribunales y la propia Administración han ido perfilando: un gasto es deducible cuando existe una relación, aunque sea indirecta o de carácter estratégico, con la actividad generadora de ingresos de la empresa, sin que sea necesario acreditar que ese gasto concreto produjo un ingreso específico y rastreable.

    Por qué es el criterio más controvertido

    La dificultad surge porque muchos gastos empresariales legítimos no generan un ingreso directo e inmediato, sino que responden a decisiones estratégicas, de representación, de formación o de expansión cuyo retorno es difuso o se produce a largo plazo. Los inspectores tienden a cuestionar especialmente:

    • Gastos de representación y atenciones a clientes: comidas, regalos corporativos o eventos cuya vinculación con la actividad puede parecer razonable para la empresa, pero difícil de acreditar documentalmente ante Hacienda.
    • Gastos de viaje y desplazamiento: especialmente cuando no existe una agenda detallada que justifique el propósito empresarial del viaje.
    • Servicios de consultoría o asesoramiento estratégico: cuyo resultado tangible puede no materializarse en el mismo ejercicio, o incluso no materializarse nunca si el proyecto se descarta.
    • Gastos de marketing y publicidad de largo recorrido: acciones de branding cuyo impacto en las ventas es difícil de cuantificar en el corto plazo.

    Cómo reforzar la correlación de ingresos y gastos ante una comprobación

    La mejor defensa frente a este tipo de cuestionamientos es la trazabilidad documental. No basta con contabilizar correctamente el gasto y disponer de la factura: conviene conservar toda evidencia adicional que acredite la conexión con la actividad económica, como correos electrónicos relacionados con la operación, actas de reuniones, informes de resultado de las acciones comerciales, contratos con clientes derivados de esas gestiones o cualquier documento que sitúe el gasto dentro de la estrategia empresarial de la sociedad. Cuanto más completo sea el expediente que respalda cada gasto relevante, menor será el riesgo de que Hacienda lo considere no deducible por falta de correlación.

    La diferencia entre gasto necesario y gasto conveniente

    Un matiz importante que conviene tener presente es que la jurisprudencia ha ido flexibilizando el criterio de «necesidad» del gasto, sustituyéndolo por uno más amplio de «conveniencia» o «utilidad» para la actividad. Esto significa que no es imprescindible demostrar que el gasto era estrictamente indispensable, sino que resultaba razonable dentro de la gestión ordinaria del negocio. Aun así, la Administración sigue exigiendo que exista una lógica empresarial clara detrás de cada partida relevante, especialmente cuando los importes son significativos o los gastos presentan alguna singularidad que llame la atención en una comprobación.

    Consecuencias de no acreditar la correlación

    Cuando la Agencia Tributaria concluye que un gasto no guarda relación con la actividad, procede a su regularización, lo que implica el incremento de la base imponible, la correspondiente cuota adicional a ingresar, los intereses de demora devengados desde el vencimiento del plazo voluntario, y, en función de la conducta del contribuyente, una posible sanción. Por eso, ante gastos de cierta relevancia cuya conexión con la actividad no sea evidente a simple vista, es recomendable anticiparse documentando con detalle el porqué de cada decisión.

    El valor de contar con asesoramiento especializado

    Dado que la correlación de ingresos y gastos es un criterio interpretativo y no una regla matemática, contar con un buen asesoramiento resulta determinante tanto para diseñar correctamente la política de gastos de la empresa como para defenderla ante una eventual comprobación. Una asesoría fiscal para pymes como la de LRB Tax & Legal puede ayudar a establecer protocolos internos de documentación que refuercen la deducibilidad de los gastos desde el momento en que se generan, evitando así discusiones costosas años después.

    Conclusión

    La correlación de ingresos y gastos seguirá siendo, previsiblemente, uno de los focos principales de discusión entre contribuyentes y Hacienda, precisamente porque exige un juicio de valor sobre la conexión entre cada gasto y la actividad empresarial. Documentar adecuadamente esa conexión desde el origen, sin esperar a que llegue una comprobación, es la mejor estrategia para que la empresa pueda defender con solidez la deducibilidad de sus gastos.

  • IVA intracomunitario: cómo recuperar el IVA soportado por tu empresa en otros países de la UE

    El IVA intracomunitario que las empresas suelen dejar sin reclamar

    Las empresas que revisan con detalle su base imponible del Impuesto sobre Sociedades rara vez incorporan en ese mismo ejercicio de revisión el IVA soportado en otros países de la Unión Europea, que sigue un cauce de recuperación completamente distinto. Cuando una empresa española empieza a operar de forma habitual con otros países de la Unión Europea —comprando servicios, participando en ferias, desplazando personal o contratando logística transfronteriza— es prácticamente inevitable que acumule IVA soportado en esos países que, salvo que se gestione activamente, queda sin recuperar. A este fenómeno se le suele llamar de forma genérica «IVA intracomunitario», aunque técnicamente conviene distinguirlo del régimen de operaciones intracomunitarias de bienes: aquí hablamos del IVA que la empresa paga como consumidor final de un gasto en otro Estado miembro, y que puede recuperar mediante el procedimiento de Devolución de IVA nacional y extranjero previsto en la normativa comunitaria.

    La magnitud del problema suele sorprender a los propios departamentos financieros cuando se revisa por primera vez: basta con un volumen moderado de viajes de negocio o participación en eventos internacionales para acumular, en pocos ejercicios, cantidades significativas de IVA extranjero no reclamado.

    Cómo funciona el mecanismo de devolución según la Directiva 2008/9/CE

    La Directiva 2008/9/CE estableció un procedimiento armonizado para que las empresas establecidas en un Estado miembro de la UE puedan solicitar la devolución del IVA soportado en otro Estado miembro sin tener que registrarse como sujeto pasivo en ese segundo país. La solicitud no se presenta directamente ante la Administración tributaria extranjera, sino ante la Administración del Estado miembro donde está establecida la empresa solicitante, que actúa como punto de entrada y remite electrónicamente la solicitud al Estado miembro de devolución. En España, este trámite se formaliza mediante el Modelo 360, presentado ante la AEAT.

    Una vez recibida la solicitud, el Estado miembro de devolución dispone de un plazo general de cuatro meses para resolver, que se amplía si solicita información adicional al contribuyente —algo bastante habitual cuando la documentación aportada es incompleta o no se ajusta a los requisitos formales de ese país—.

    Requisitos que suelen pasarse por alto

    Más allá del plazo de presentación, hay varios requisitos que generan rechazos frecuentes si no se revisan con cuidado: el importe mínimo de solicitud (que varía según se trate de una solicitud anual o de un periodo inferior al año); la necesidad de que las facturas cumplan los requisitos formales del país donde se soportó el IVA, que no siempre coinciden con los exigidos en España; la correcta codificación de cada gasto según los códigos armonizados de la UE para este procedimiento; y la justificación de que el gasto está vinculado a la actividad económica de la empresa solicitante.

    Un error habitual es asumir que, si una factura es válida en España a efectos de IVA, automáticamente lo será también para la Administración tributaria del país donde se soportó el gasto. No es así: cada Estado miembro mantiene cierto margen de interpretación sobre qué documentación acepta, y eso explica buena parte de los rechazos que se producen cuando el trámite se gestiona sin experiencia previa.

    Sectores que acumulan más IVA intracomunitario sin reclamar

    Por la naturaleza de su actividad, hay sectores especialmente expuestos a acumular IVA intracomunitario no recuperado: empresas de transporte y logística, que operan de forma constante en varios países de la UE; compañías del sector turístico y hotelero, con proveedores y colaboradores en distintos Estados miembros; empresas tecnológicas y de servicios profesionales que desplazan equipos a clientes internacionales; y compañías industriales que participan habitualmente en ferias sectoriales europeas. En todos estos casos, el volumen de IVA extranjero recuperable suele ser proporcional a la intensidad de la actividad internacional de la empresa, lo que convierte la gestión sistemática de este procedimiento en una fuente de ahorro recurrente, no en un trámite puntual.

    Un asesoramiento fiscal para empresas con actividad internacional que incorpore de forma habitual la revisión de IVA intracomunitario dentro del cierre fiscal periódico de la empresa evita que estas cantidades se acumulen ejercicio tras ejercicio sin recuperarse.

    Cómo organizar internamente la recuperación de IVA intracomunitario

    La forma más eficaz de no perder este derecho de devolución es incorporar, dentro de los procesos administrativos de la empresa, un control sistemático de los gastos soportados en otros países de la UE: identificar en el momento de registrar cada factura si corresponde a un gasto susceptible de devolución, conservar los originales o copias digitales válidas, y revisar periódicamente (al menos una vez al año, antes del plazo límite del 30 de septiembre) el volumen acumulado susceptible de reclamación. Externalizar esta revisión en un despacho especializado permite, además, beneficiarse de su conocimiento actualizado sobre las particularidades de cada Estado miembro, que cambian con cierta frecuencia.

    Cuánto puede estar perdiendo su empresa sin un control sistemático

    Para hacerse una idea del impacto real, basta pensar en una empresa que envía a dos comerciales a ferias internacionales tres o cuatro veces al año, con gastos de hotel, restauración y transporte en cada desplazamiento: el IVA soportado en esos gastos, acumulado durante varios ejercicios sin reclamarse, puede alcanzar fácilmente varios miles de euros que terminan contabilizados como coste cuando en realidad eran recuperables mediante el procedimiento de Devolución de IVA nacional y extranjero. La diferencia entre gestionar este trámite de forma sistemática o no hacerlo en absoluto puede suponer, en empresas con actividad internacional recurrente, una cantidad nada despreciable en la cuenta de resultados cada año, simplemente por recuperar un IVA que ya se pagó y al que la empresa tenía derecho desde el primer momento.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué es el IVA intracomunitario a efectos de devolución?

    Es el IVA que una empresa soporta como consumidor de un gasto en otro Estado miembro de la UE y que puede recuperar mediante el procedimiento armonizado de la Directiva 2008/9/CE, sin necesidad de registrarse como sujeto pasivo en ese país.

    ¿Cómo se presenta la solicitud desde España?

    Mediante el Modelo 360, presentado electrónicamente ante la AEAT, que actúa como intermediaria y remite la solicitud al Estado miembro donde se soportó el IVA.

    ¿Qué sectores suelen acumular más IVA intracomunitario sin reclamar?

    Transporte y logística, turismo y hostelería, servicios profesionales con desplazamientos internacionales, y empresas industriales que participan en ferias europeas.

    ¿Por qué se rechazan muchas solicitudes de devolución?

    Principalmente por facturas que no cumplen los requisitos formales del país de destino, codificación incorrecta de los gastos o falta de justificación de la vinculación del gasto con la actividad económica de la empresa.