Impuesto Sociedades

Categoría: Inspección, Sanciones y Recursos Tributarios

  • Inspección del Impuesto sobre Sociedades: cómo defenderse

    Inspección del Impuesto sobre Sociedades: cómo defenderse

    La inspección del Impuesto sobre Sociedades se defiende con documentos, coherencia contable y prueba técnica de los criterios aplicados. Cuando Hacienda cuestiona una valoración, un gasto o una operación compleja, aportar un informe pericial de ValiTax, la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal, refuerza la prueba y la defensa de la sociedad. Actualizado en octubre de 2026.

    ¿Qué revisa Hacienda en una inspección del Impuesto sobre Sociedades?

    Según la Agencia Tributaria, el procedimiento inspector de comprobación e investigación se inicia de oficio para verificar que el obligado tributario cumple correctamente sus obligaciones y, si procede, regularizar su situación mediante una o varias liquidaciones. En el Impuesto sobre Sociedades (IS), esa verificación suele recaer sobre el cálculo de la base imponible y sobre las decisiones que la sociedad adoptó al cerrar cada ejercicio.

    ¿Qué diferencia hay entre comprobar e investigar?

    La comprobación se centra en los actos, elementos y valoraciones que el contribuyente declaró. La investigación busca descubrir hechos con relevancia tributaria que no se declararon o que se declararon de forma incorrecta. Esta diferencia importa porque condiciona el tipo de documentación que la inspección pedirá y el modo de responder.

    ¿Qué partidas se examinan con más frecuencia?

    Sin que exista una lista cerrada, la experiencia profesional muestra que los equipos de inspección se detienen en las partidas donde interviene la valoración o la calificación jurídica de los hechos. Son estas:

    • Gastos cuya necesidad, correlación con los ingresos o justificación documental se ponen en duda.
    • Operaciones entre la sociedad y sus socios, administradores o entidades del grupo.
    • Correcciones de valor: amortizaciones, deterioros y provisiones.
    • Compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores.
    • Operaciones de reestructuración acogidas a un régimen especial.
    • Valoraciones de participaciones, inmuebles o activos intangibles.

    En todas ellas, la discusión acaba girando en torno a una cifra o a una calificación que la sociedad debe poder explicar con método y con soporte. Para un análisis más amplio de las actuaciones de Hacienda puede consultarse la página de defensa en comprobaciones e inspecciones tributarias de LRB Tax & Legal.

    ¿Cómo se desarrolla el procedimiento y qué puede hacer la sociedad?

    El procedimiento se regula en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su desarrollo reglamentario. La Agencia Tributaria describe que la Administración instruye el expediente, concede trámite de audiencia y levanta actas, que pueden ser de conformidad, con acuerdo o de disconformidad. Frente a las actas de disconformidad, el contribuyente puede presentar alegaciones.

    El procedimiento termina con un acto de liquidación. Contra él caben el recurso de reposición, de carácter potestativo, o la reclamación económico-administrativa, ambos con plazo de un mes desde la notificación según indica la propia Agencia Tributaria. Después queda la vía contencioso-administrativa. La estrategia de prueba debe pensarse desde el primer requerimiento, porque lo que no se acredita en la inspección resulta más difícil de introducir después. Las fases posteriores se explican en la página sobre recursos tributarios: reposición, reclamación y contencioso.

    ¿Qué se puede hacer en cada fase?

    FaseQué conviene hacer
    Requerimientos y diligenciasOrdenar la documentación y responder de forma coherente y puntual.
    Propuesta de regularizaciónAnalizar los criterios de la inspección y valorar un contrainforme.
    Trámite de audiencia y alegacionesAportar prueba documental y pericial junto a los argumentos jurídicos.
    LiquidaciónDecidir entre reposición y reclamación económico-administrativa.

    ¿Quién debe probar los hechos en la inspección del Impuesto sobre Sociedades?

    La regla general de la Ley General Tributaria es que quien hace valer su derecho debe probar los hechos que lo constituyen. En la práctica, esto significa que la sociedad que quiere deducir un gasto o aplicar un régimen especial debe poder demostrar que concurren los requisitos. La misma ley remite, para los medios y la valoración de la prueba, a las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo que una ley disponga otra cosa. Puede consultarse el texto completo en el BOE, Ley General Tributaria.

    Por tanto, la prueba no se limita a las facturas y contratos. Cuando la discusión versa sobre un valor, un método o una razón económica, el dictamen de un perito es un medio de prueba previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 335 y siguientes) y puede aportarse al expediente para que la Administración y, en su caso, los tribunales lo valoren.

    ¿Cuándo conviene aportar un informe pericial en una inspección?

    Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los que elabora ValiTax, es un medio de prueba que puede aportarse en el trámite de alegaciones o en un posterior recurso. No todas las inspecciones lo requieren, pero hay situaciones en las que suele resultar decisivo:

    • Discrepancia de valoración: la inspección sustituye el valor que la sociedad aplicó a un activo, una participación o una operación.
    • Operaciones con partes vinculadas: hay que acreditar que el precio pactado se corresponde con el de mercado.
    • Calificación económica: la discusión depende de si existió motivo económico, de la realidad de un servicio o de su utilidad para la actividad.
    • Plazo corto: la propuesta de regularización exige una respuesta técnica en pocos días.
    • Segunda opinión: la sociedad desea contrastar con un experto independiente el criterio de su propio asesor o de la inspección.

    La experiencia indica que un informe aportado pronto aporta más que uno improvisado en la última fase. Antes de decidir, es útil revisar el artículo del propio portal sobre el valor probatorio del informe pericial en inspección, que analiza el momento de aportarlo.

    ¿Qué debe contener la prueba pericial para ser útil?

    Un informe que se limita a afirmar una conclusión pesa poco. Para que sea útil debe permitir al lector, y al órgano que lo examine, seguir el razonamiento paso a paso. Conviene que incluya, al menos, los elementos siguientes:

    1. Objeto concreto del dictamen y fecha de referencia de la valoración.
    2. Documentación examinada y limitaciones del análisis.
    3. Metodología elegida, justificada frente a las alternativas razonables.
    4. Datos, hipótesis y cálculos que permitan reproducir el resultado.
    5. Conclusiones claras, separadas de las valoraciones jurídicas.
    6. Declaración de imparcialidad y firma del perito, con visado colegial cuando proceda.

    La ratificación en sala, cuando el procedimiento la exige, requiere además que el perito pueda explicar su trabajo con solvencia. Por eso conviene que el autor del informe sea quien lo defienda.

    ¿Cómo funciona en un caso práctico?

    Ejemplo ilustrativo, con cifras hipotéticas y redondeadas. Una sociedad de servicios deduce 100.000 euros anuales por servicios de gestión prestados por una entidad de su grupo. En la inspección, el actuario sostiene que no se acredita la realidad ni la utilidad de esos servicios y propone eliminar el gasto, con la consiguiente regularización de la cuota.

    La sociedad reúne contratos, correos, entregables y registros de horas. Además, encarga un informe pericial que describe los servicios, cuantifica el esfuerzo asociado y compara su precio con alternativas razonables de mercado. En alegaciones, la sociedad presenta la documentación ordenada junto con el dictamen. Con ello ofrece a la inspección un análisis estructurado en lugar de afirmaciones genéricas. El resultado dependerá de los hechos reales, pero la defensa gana consistencia.

    ¿Cómo puede ayudar un informe pericial de ValiTax?

    ValiTax, la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal, elabora informes periciales jurídicos, empresariales y tributarios visados por ASPEJURE y avalados por Luis Miguel Larriba, perito judicial y Socio Director de LRB Tax & Legal. Su informe pericial analiza la documentación del caso, aplica una metodología explicada y concluye de forma que pueda aportarse como prueba en alegaciones, reposición, TEAR, TEAC y procedimientos judiciales. Más información en la página de defensa ante la inspección de Hacienda con ValiTax.

    Los plazos de referencia son de 10 a 15 días hábiles para un informe estándar, de 20 a 30 para uno complejo y de 3 a 5 días hábiles para uno de urgencia, siempre confirmados en cada encargo. Existe también la modalidad de informe exprés cuando el plazo de alegaciones está próximo a vencer. El detalle de cada fase figura en la metodología y plazos de ValiTax.

    AspectoInforme interno o de parteInforme pericial visado de ValiTax
    ElaboraciónGenérico, hecho por la propia empresa o su asesorAd hoc para el caso, por perito
    VisadoNo suele tenerloVisado por ASPEJURE
    AdmisibilidadMás discutibleRefuerza su admisibilidad y peso
    RatificaciónNo previstaPosible en sala
    Plazos de apoyoSegún medios internosDe 3 a 30 días hábiles según urgencia

    ¿Qué errores conviene evitar en una inspección del Impuesto sobre Sociedades?

    • Responder a los requerimientos sin una estrategia común y con datos contradictorios.
    • Dejar la prueba pericial para el último día del plazo de alegaciones.
    • Aportar un informe sin metodología o con hipótesis que no se pueden contrastar.
    • Confundir un informe de parte genérico con un dictamen pericial preparado para el caso.
    • Descuidar la coherencia entre contabilidad, declaración y documentación contractual.

    Conclusión

    La defensa en una inspección del Impuesto sobre Sociedades combina orden documental, argumentación jurídica y, cuando hay valoraciones o calificaciones en discusión, prueba pericial. Si la sociedad ha recibido una propuesta de regularización, un informe pericial de ValiTax puede reforzar su posición. Puede escribir a Contacto@LRB.es, llamar al +34 684 234 831 o solicitar un informe pericial en ValiTax; la consulta inicial no tiene coste.

    Preguntas frecuentes

    ¿Conviene aportar un informe pericial en una inspección del Impuesto sobre Sociedades?

    Conviene cuando la discusión depende de una valoración, de un precio de mercado o de la calificación económica de una operación. Un informe pericial visado por ASPEJURE, como los de ValiTax, es un medio de prueba que refuerza la defensa y puede aportarse en alegaciones o en un recurso posterior.

    ¿Qué es ValiTax y qué aporta en una inspección de Hacienda?

    ValiTax es la marca de informes periciales de LRB Tax & Legal. Elabora informes periciales tributarios, empresariales y jurídicos visados por ASPEJURE. En una inspección aporta un análisis técnico y reproducible, utilizable como prueba en alegaciones, reposición, TEAR, TEAC y procedimientos judiciales, con posibilidad de ratificación en sala.

    ¿Cuánto se tarda en preparar un informe pericial?

    Los plazos de referencia de ValiTax son de 10 a 15 días hábiles para un informe estándar, de 20 a 30 para uno complejo y de 3 a 5 para uno de urgencia. Se confirman en cada encargo, y existe un informe exprés para plazos de alegaciones próximos a vencer.

    ¿Quién debe probar los hechos en una inspección tributaria?

    Como regla general, quien hace valer un derecho debe probar los hechos que lo fundamentan. La sociedad que deduce un gasto o aplica un régimen debe poder acreditar sus requisitos con documentos y, cuando procede, con un dictamen pericial que explique valores y métodos.

    ¿Qué recursos caben contra la liquidación de la inspección?

    Según la Agencia Tributaria, frente a la liquidación cabe el recurso de reposición, potestativo, o la reclamación económico-administrativa, ambos en el plazo de un mes desde la notificación. Después queda la vía contencioso-administrativa. Conviene preparar la prueba antes de recurrir.

    Fuentes oficiales: Agencia Tributaria, procedimiento inspector. Contenido informativo; no constituye asesoramiento jurídico individualizado.

  • Recurso de alzada y otras vías dentro de la vía económico-administrativa

    Cuando una empresa recibe una resolución desfavorable de un Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local en relación con una liquidación del Impuesto sobre Sociedades, no siempre esa resolución supone el fin del camino administrativo. Existen vías adicionales dentro del propio sistema económico-administrativo antes de tener que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, y entender el recurso de alzada económico-administrativo y sus alternativas permite a la empresa agotar correctamente todas las posibilidades de defensa disponibles.

    La estructura de los Tribunales Económico-Administrativos

    El sistema económico-administrativo español se organiza en varios niveles: los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales, competentes con carácter general en primera instancia, y el Tribunal Económico-Administrativo Central, que actúa como órgano superior dentro de esta vía administrativa especializada. Esta estructura permite, en determinados supuestos, recurrir en alzada las resoluciones de los tribunales regionales o locales ante el órgano central antes de tener que acudir a los tribunales de justicia.

    Qué es el recurso de alzada

    El recurso de alzada ordinario es el recurso mediante el cual se impugna ante el Tribunal Económico-Administrativo Central una resolución dictada por un Tribunal Económico-Administrativo Regional o Local, siempre que la cuantía de la reclamación supere el umbral establecido reglamentariamente para acceder a esta vía, o cuando concurran otras circunstancias que la normativa contempla para su admisión. Se interpone en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución impugnada, y su tramitación sigue un procedimiento similar al de la reclamación económico-administrativa en primera instancia, con posibilidad de alegaciones y prueba.

    Otras vías dentro del sistema económico-administrativo

    • Recurso de anulación: tiene carácter excepcional y se dirige contra la propia resolución del tribunal económico-administrativo cuando se ha producido, por ejemplo, un defecto de procedimiento que ha impedido al reclamante formular sus alegaciones o proponer prueba, o cuando la resolución incurre en incongruencia respecto de lo planteado.
    • Recurso extraordinario de revisión: permite impugnar resoluciones firmes en supuestos tasados y excepcionales, como la aparición de documentos de valor esencial desconocidos al dictarse la resolución, o cuando la resolución se ha basado en documentos declarados falsos.
    • Recurso extraordinario para la unificación de criterio: mecanismo específico dirigido a unificar la doctrina de los tribunales económico-administrativos regionales o locales cuando se aprecian criterios discrepantes en resoluciones no susceptibles de recurso de alzada ordinario.
    • Recurso contencioso-administrativo: una vez agotada la vía económico-administrativa, queda abierta la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia para una revisión judicial plena de la controversia.

    Cuándo tiene sentido acudir al recurso de alzada

    El recurso de alzada resulta especialmente relevante cuando la cuantía de la controversia es elevada y existe la convicción, respaldada por un análisis técnico sólido, de que el criterio aplicado por el tribunal regional o local es erróneo o contrario a la doctrina consolidada del Tribunal Económico-Administrativo Central. Acudir a esta vía permite obtener una revisión adicional dentro del sistema administrativo antes de asumir el coste y la duración, generalmente mayor, de un procedimiento contencioso-administrativo ante los tribunales de justicia.

    Aspectos a valorar antes de recurrir

    Antes de decidir si interponer un recurso de alzada o acudir directamente a la vía judicial una vez agotada la instancia regional, conviene analizar la solidez jurídica de los argumentos disponibles, la existencia de doctrina previa del Tribunal Económico-Administrativo Central favorable o desfavorable a la posición del contribuyente, y el coste económico y temporal de cada alternativa. Esta decisión estratégica debe tomarse con una visión de conjunto del procedimiento, considerando también la posibilidad de que la controversia acabe finalmente en sede judicial con independencia de la vía elegida en esta fase.

    La importancia de una defensa técnica sólida en cada instancia

    Cada fase del procedimiento económico-administrativo exige una argumentación cuidadosamente construida, apoyada en la documentación y en los criterios jurisprudenciales más favorables a la posición del contribuyente. Contar con defensa ante inspección de la AEAT de ValiTax desde el inicio del procedimiento, y mantener esa misma estrategia coherente a lo largo de las distintas instancias, incluido el recurso de alzada cuando resulte procedente, aumenta significativamente las probabilidades de obtener un resultado favorable.

    Conclusión

    El recurso de alzada económico-administrativo y las demás vías extraordinarias dentro del sistema económico-administrativo ofrecen a las empresas oportunidades adicionales de defensa antes de tener que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Conocer cuándo resulta procedente cada una de estas vías, y construir una estrategia de defensa coherente desde el inicio del procedimiento, es esencial para agotar correctamente todas las posibilidades de éxito frente a una liquidación tributaria cuestionable.

  • Segunda opinión pericial sobre una propuesta de regularización: cuándo y cómo pedirla

    Segunda opinión pericial sobre una propuesta de regularización: cuándo y cómo pedirla

    Una segunda opinión pericial es el análisis independiente que un perito realiza sobre una propuesta de liquidación o de regularización ya formulada por la Administración, con el fin de comprobar si las cifras, los criterios de valoración y la motivación que la sustentan resisten un examen técnico. No es un recurso ni un trámite obligatorio: es una herramienta que el contribuyente puede utilizar, sobre todo en los días posteriores a recibir la propuesta, para decidir con fundamento si conviene aceptarla, negociarla o discutirla.

    Respuesta directa: cuándo tiene sentido pedirla

    Tiene sentido cuando la propuesta descansa en estimaciones, valoraciones o criterios técnicos que la empresa no comparte y el plazo para reaccionar es corto. En el Impuesto sobre Sociedades esto ocurre con frecuencia: precios de operaciones vinculadas, correlación de gastos, deterioros, valoración de aportaciones o de activos. Una segunda opinión permite saber, antes de contestar, si el argumento de la Administración es sólido, si existen errores de cálculo o de hecho, y qué prueba convendría aportar. La página sobre segunda opinión experta describe cómo se plantea este tipo de revisión y qué entregables incluye.

    En qué momento del procedimiento suele pedirse

    La propuesta de regularización puede aparecer en distintos procedimientos, y cada uno marca un calendario diferente. Como orientación general:

    • Comprobación limitada. Antes de dictar la liquidación, la Administración notifica una propuesta y concede un trámite de alegaciones (artículo 156 de la LGT).
    • Inspección. En las actas de disconformidad, el obligado puede presentar alegaciones en el plazo que fija el reglamento de gestión e inspección tributaria, que es breve. En las actas de conformidad o con acuerdo, la decisión de firmar debe tomarse con información completa.
    • Procedimiento sancionador. Tras la regularización puede iniciarse un expediente para imponer sanciones, con su propio trámite de alegaciones.
    • Fase de recurso. La reposición o la reclamación económico-administrativa permiten aportar pruebas que demuestren por qué la liquidación es incorrecta.

    Los plazos varían según el procedimiento y se computan con reglas específicas, de modo que es imprescindible comprobar en cada notificación cuánto tiempo hay para responder. Si el plazo es de días, la segunda opinión debe encargarse de inmediato.

    Qué analiza una segunda opinión pericial

    Los hechos que sirven de base

    El primer control consiste en verificar si los hechos que menciona la propuesta son correctos: fechas, importes, partes, contratos, cuentas contables. Un error en un dato de partida contamina todo el razonamiento posterior.

    Los criterios de valoración

    Si la propuesta incluye una valoración —de una operación vinculada, de un activo, de unas participaciones—, el perito examina el método empleado, los comparables, las hipótesis y las fuentes. Se pregunta si la elección del método es coherente con la naturaleza del bien o de la operación y si el resultado se ha obtenido de forma reproducible.

    Los cálculos

    Se revisan las operaciones aritméticas, la aplicación de tipos, la imputación temporal y la determinación de intereses y recargos. Los errores de cálculo son más frecuentes de lo que parece, sobre todo en regularizaciones que afectan a varios ejercicios.

    La motivación

    Aunque la valoración jurídica corresponde al abogado, el perito puede señalar si la propuesta explica de forma suficiente por qué descarta la documentación aportada por la empresa o si se limita a afirmar conclusiones sin argumentarlas. Esta observación es útil para construir alegaciones.

    Las alternativas

    Un análisis completo no se limita a criticar. Muestra qué cifra resultaría de aplicar otro método razonable o de corregir el error detectado, de modo que la empresa pueda cuantificar el riesgo y decidir si negocia o litiga.

    Qué se obtiene: del dictamen a la estrategia

    1. Un diagnóstico claro de la solidez de la propuesta: qué puntos son defendibles, cuáles son débiles y cuáles pueden aceptarse.
    2. Una cuantificación del impacto de las discrepancias, útil para valorar si compensa el coste de discutirlas.
    3. Un listado de documentación adicional que conviene aportar para reforzar la posición.
    4. Un texto utilizable en las alegaciones o, si procede, un informe formal para incorporar al expediente.
    5. Un criterio para decidir sobre la conformidad o la disconformidad, y sobre las reducciones de la sanción previstas en el artículo 188 de la LGT.

    No se trata de una garantía de éxito, sino de reducir la incertidumbre. En algunos casos, la segunda opinión concluye que la propuesta es razonable y que conviene aceptarla para beneficiarse de las reducciones previstas; esa es también una conclusión valiosa.

    Segunda opinión frente a informe pericial completo

    Conviene distinguir ambas figuras. La segunda opinión suele ser una revisión rápida y acotada, pensada para decidir en un plazo corto; el informe pericial completo es un dictamen formal, con metodología desarrollada y destinado a ser aportado como prueba y, si hace falta, ratificado en juicio. Muchas veces el primero es el paso previo al segundo: si la revisión revela que la posición del contribuyente es defendible, se procede a elaborar el informe completo. Sobre el contenido que se espera de un dictamen formal puede consultarse la página sobre finalidades de los informes periciales.

    Un ejemplo hipotético

    Una sociedad recibe una propuesta de regularización por la que la Administración rechaza la deducibilidad de 150.000 euros pagados a una entidad vinculada por servicios de gestión, alegando que no se acredita su necesidad ni su valor de mercado. La empresa dispone de diez días para alegar. Encarga una segunda opinión pericial que revisa los contratos, la documentación de los servicios y los precios de mercado, y detecta que la propuesta ha tomado como referencia una tarifa que no corresponde al tipo de servicio prestado y que no ha valorado los entregables aportados. Con ese análisis, la defensa redacta unas alegaciones concretas y acompaña un breve informe técnico. Los importes y plazos del ejemplo son ficticios; solo ilustran el modo de trabajar.

    Cómo organizar el trabajo cuando el plazo es corto

    • Enviar la notificación completa al perito el mismo día. Propuesta, anexos, diligencias y requerimientos previos.
    • Reunir la documentación de soporte. Contratos, facturas, correos, contabilidad y justificantes de pago.
    • Definir el alcance. Qué puntos se revisan y cuáles quedan fuera, para ajustar tiempos y costes.
    • Coordinar con la defensa jurídica. El perito aporta el análisis técnico, y el abogado decide cómo incorporarlo a las alegaciones.
    • Solicitar ampliación de plazo cuando proceda. Si la complejidad lo justifica y la norma lo permite, conviene pedirlo en tiempo.

    Para esta coordinación resulta útil contar con un servicio de defensa fiscal con LRB, en el que la estrategia jurídica y el análisis técnico avanzan juntos desde el primer día. Y cuando el expediente está ya en fase inspectora, la página sobre defensa ante la inspección de la AEAT explica cómo se encaja la prueba pericial en esa fase.

    Si quiere profundizar en la fase de actas, puede leer nuestro artículo sobre actas de inspección: qué son y cómo se firman con o sin conformidad.

    Errores frecuentes

    • Esperar al último día para buscar un perito y limitarse a un informe superficial.
    • Pedir la segunda opinión al mismo profesional que preparó las cuentas o la operación discutida, con el consiguiente riesgo de falta de distancia.
    • Entregar documentación incompleta, de modo que el análisis queda condicionado por supuestos.
    • Confundir la revisión técnica con un dictamen de parte listo para aportar sin más al expediente.
    • Olvidar que la Administración es una parte más: su propuesta merece análisis, no deferencia automática.

    Preguntas frecuentes

    ¿La segunda opinión suspende los plazos?

    No. Encargarla no interrumpe ni amplía ningún plazo. Por eso conviene hacerlo en cuanto se recibe la notificación y, en su caso, solicitar formalmente la ampliación que la norma permita.

    ¿Se puede aportar la segunda opinión como prueba?

    Puede servir de base para las alegaciones y, si el perito lo formaliza, convertirse en informe aportable al expediente. Si se prevé litigar, suele ser preferible un dictamen completo, con declaración de imparcialidad y metodología detallada.

    ¿Qué ocurre si concluye que la propuesta es correcta?

    Es una información útil: permite valorar la conformidad y las reducciones de sanción que la ley contempla, y evitar un conflicto con pocas posibilidades de éxito.

    ¿Es lo mismo que contratar a otro asesor?

    No necesariamente. El perito aporta una revisión técnica y neutral de cifras y criterios; el asesor define la estrategia jurídica. Son funciones complementarias.

    Conclusión

    Recibir una propuesta de regularización genera presión y poco margen de tiempo. La segunda opinión pericial ayuda a convertir esa presión en una decisión informada: permite comprobar los hechos, auditar los criterios de valoración, cuantificar el riesgo y planificar las alegaciones con datos. Es una forma sensata de ejercer con base legal los derechos del contribuyente, recordando que la Administración es una parte más y que su propuesta debe estar suficientemente motivada para prosperar.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Recurso de reposición vs reclamación económico-administrativa: cuál elegir

    Cuando una empresa recibe una liquidación del Impuesto sobre Sociedades que considera incorrecta, tiene que decidir cómo impugnarla, y en ese momento surge una de las dudas más habituales en la práctica tributaria: elegir entre el recurso reposición vs reclamación económico-administrativa. Ambas vías tienen la misma finalidad —revisar el acto administrativo antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa— pero presentan diferencias procesales relevantes que conviene conocer antes de decidir cuál interponer.

    Qué es el recurso de reposición

    El recurso de reposición es un recurso administrativo potestativo que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado, dándole la oportunidad de revisar su propia decisión antes de que el asunto llegue a un órgano revisor independiente. Se presenta en el plazo de un mes desde la notificación del acto, y su resolución también corresponde, con carácter general, a un plazo de un mes desde su interposición, transcurrido el cual sin resolución expresa se entiende desestimado por silencio administrativo.

    Qué es la reclamación económico-administrativa

    La reclamación económico-administrativa se presenta ante los Tribunales Económico-Administrativos, órganos especializados e independientes del órgano que dictó el acto, encargados de revisar la legalidad de las actuaciones tributarias. También se interpone en el plazo de un mes desde la notificación, pero su tramitación es distinta: implica un procedimiento más formal, con posibilidad de alegaciones, prueba y, en su caso, vista, y su resolución puede demorarse considerablemente más que la del recurso de reposición, aunque ofrece un análisis técnico más especializado del caso.

    Diferencias clave entre ambas vías

    • Órgano competente: el recurso de reposición lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto; la reclamación económico-administrativa la resuelve un tribunal independiente especializado en materia tributaria.
    • Carácter: el recurso de reposición es potestativo y previo, mientras que la reclamación económico-administrativa puede interponerse directamente sin necesidad de agotar antes el recurso de reposición.
    • Incompatibilidad simultánea: no pueden interponerse ambos recursos a la vez contra el mismo acto; hay que optar por uno de ellos, aunque si se desestima el recurso de reposición, cabe posteriormente la reclamación económico-administrativa contra esa resolución desestimatoria.
    • Plazos de resolución: el recurso de reposición suele resolverse en plazos más breves que la reclamación económico-administrativa, cuya tramitación puede extenderse considerablemente en función de la carga de trabajo del tribunal correspondiente.
    • Suspensión de la ejecución: en ambas vías es posible solicitar la suspensión de la deuda tributaria mientras se resuelve el recurso, generalmente aportando garantía suficiente, aunque existen matices en los requisitos exigidos según la vía elegida.

    Cuándo conviene el recurso de reposición

    El recurso de reposición puede resultar más adecuado cuando existe un error material, de hecho o aritmético evidente en la liquidación, susceptible de ser corregido rápidamente por el propio órgano gestor sin necesidad de un análisis jurídico complejo. También puede ser útil cuando se busca ganar tiempo antes de preparar una defensa más elaborada, aprovechando el plazo adicional que supone esta primera vía antes de acudir, en su caso, a la reclamación económico-administrativa.

    Cuándo conviene ir directamente a la reclamación económico-administrativa

    Cuando la controversia plantea cuestiones jurídicas de fondo, interpretaciones normativas complejas o discrepancias técnicas relevantes, suele ser más eficiente acudir directamente a la reclamación económico-administrativa, evitando el trámite adicional del recurso de reposición ante un órgano que, en la práctica, raramente revoca sus propias decisiones en asuntos de cierta complejidad técnica. Esta vía permite además preparar con mayor detenimiento la argumentación jurídica y técnica del caso.

    La importancia de una estrategia de defensa bien planteada

    Elegir la vía de impugnación adecuada, y construir desde el primer momento una argumentación sólida respaldada por la documentación pertinente, resulta determinante para el éxito de cualquier controversia tributaria. Ante una liquidación cuestionable derivada de una inspección, contar con ley de segunda oportunidad como recurso adicional para situaciones de dificultad económica sobrevenida, junto con un análisis experto de la vía de impugnación más adecuada, ayuda a definir la estrategia global de defensa más eficaz para cada caso concreto.

    Conclusión

    La elección entre recurso de reposición y reclamación económico-administrativa no es una cuestión meramente formal, sino una decisión estratégica que debe basarse en la naturaleza de la controversia, la complejidad jurídica del asunto y los plazos disponibles. Analizar con cuidado ambas alternativas antes de presentar cualquier recurso permite optimizar las probabilidades de éxito y evitar dilaciones innecesarias en la defensa de los derechos del contribuyente.

  • Tasación pericial contradictoria: cómo impugnar una comprobación de valores

    Tasación pericial contradictoria: cómo impugnar una comprobación de valores

    La tasación pericial contradictoria es el instrumento que la Ley General Tributaria pone a disposición del contribuyente para discutir el valor que la Administración ha asignado a un bien, un derecho o una participación tras una comprobación de valores. En lugar de limitarse a recurrir la liquidación con argumentos jurídicos, el interesado designa a un perito propio que tasa el bien, se compara su valoración con la de la Administración y, si la diferencia es relevante, interviene un tercer perito que decide. Es una vía poco utilizada y, sin embargo, muy eficaz cuando la discrepancia es una cifra y no una norma.

    Respuesta directa: qué es y cuándo se puede pedir

    El artículo 135 de la Ley 58/2003 permite promover la tasación pericial contradictoria, en corrección de los medios de comprobación del artículo 57, dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación. Su solicitud suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para interponer el recurso o la reclamación, de manera que el contribuyente no pierde su derecho a impugnar mientras se tramita la tasación. Quien necesite una visión general del tipo de informe técnico que respalda esta vía puede consultar la página sobre informes periciales tributarios, donde se describen los supuestos en los que un dictamen es la mejor prueba disponible.

    Qué es una comprobación de valores y por qué se discute

    La Administración puede comprobar el valor declarado de bienes y derechos cuando éste determina la base imponible de un impuesto: transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, operaciones societarias o determinadas ganancias en el IRPF. Para hacerlo, el artículo 57 de la LGT enumera medios como la estimación por referencia a los valores que figuren en registros oficiales, los precios medios de mercado, la capitalización o imputación de rendimientos, el dictamen de peritos de la Administración o la valoración de los bienes por el valor asignado en pólizas de seguros y en otras transacciones.

    El conflicto aparece cuando el valor que resulta de aplicar uno de esos métodos —a menudo estandarizado— se aleja del valor real del bien en el caso concreto: un inmueble en mal estado, una participación en una sociedad con deudas ocultas, un local con una limitación de uso, una empresa cuya rentabilidad no se parece a la media. En esas situaciones, discutir solo con argumentos jurídicos no basta; hay que probar que la cifra es otra.

    Cómo funciona el procedimiento paso a paso

    1. Notificación de la liquidación. La Administración comunica el valor comprobado y la liquidación resultante.
    2. Solicitud. El interesado presenta, dentro del plazo previsto, la solicitud de tasación pericial contradictoria, con la designación de su perito. Éste debe contar con titulación adecuada para la materia de que se trate.
    3. Suspensión. La presentación suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para recurrir o reclamar.
    4. Tasación del perito del interesado. Se emite el dictamen y se aporta a la Administración con la documentación en que se basa.
    5. Comparación de valores. Se contrasta la tasación del perito del interesado con la de la Administración.
    6. Perito tercero. Si la diferencia es igual o superior a 120.000 euros y al 10 % de la tasación de la Administración, se designa un tercer perito. Si es inferior, la base se fija atendiendo a las dos tasaciones conforme a lo previsto en la ley.
    7. Nueva liquidación. Con el resultado, la Administración practica la liquidación definitiva, que a su vez puede ser objeto de recurso.

    Conviene verificar siempre el texto vigente del artículo 135 y la normativa propia del impuesto afectado, ya que algunos tributos cedidos a las comunidades autónomas tienen reglas procedimentales específicas.

    Qué aporta la tasación frente a un recurso ordinario

    • Debate técnico. Permite discutir el valor con métodos de valoración, comparables, hipótesis y datos, y no solo con alegaciones jurídicas.
    • Peritaje independiente. El perito tercero no depende ni de la Administración ni del contribuyente.
    • Suspensión. Evita tener que pagar o garantizar la deuda mientras se tramita la tasación.
    • Salida intermedia. Si el resultado no satisface, se conservan los recursos ordinarios contra la nueva liquidación.

    También tiene límites. Es útil únicamente para discutir valores, no para cuestionar la procedencia del hecho imponible ni la interpretación de una norma. Y exige una tasación bien hecha: si el dictamen del interesado no está fundado o se apoya en datos que no resisten un contraste, el resultado puede no mejorar la posición de partida.

    Cómo se prepara una tasación sólida

    Analizar la motivación de la comprobación

    La primera pregunta es qué medio del artículo 57 se ha empleado y si está motivado. La Administración debe justificar el método y los datos que utiliza; una comprobación que se limita a aplicar un coeficiente sin explicar por qué es representativo del caso es vulnerable. Este análisis puede abrir, además, la vía de impugnar la propia comprobación.

    Elegir el método de valoración adecuado

    Para un inmueble suelen emplearse el método de comparación y, en su caso, el de actualización de rentas o el residual; para participaciones y empresas, el descuento de flujos, los múltiplos o el método patrimonial ajustado. El método debe justificarse por su adecuación, no por su resultado.

    Documentar los datos

    Superficies, estado, cargas, contratos de arrendamiento, cuentas anuales, previsiones, comparables y fuentes deben quedar reflejados. Un informe sin soporte documental es fácilmente discutible. La metodología que se sigue en estos trabajos se detalla en la página de metodología de ValiTax.

    Coordinar el calendario

    El plazo para promover la tasación es breve. Si el perito tarda semanas en reunir la información, el contribuyente puede perder la oportunidad. Lo prudente es identificar al profesional antes de recibir la liquidación cuando se prevé una comprobación.

    Un ejemplo numérico hipotético

    Supongamos que una persona adquiere por herencia el 40 % de una sociedad y declara un valor total de 1.000.000 de euros para sus participaciones. La Administración comprueba el valor mediante un dictamen propio y lo fija en 1.600.000 euros. El contribuyente encarga una tasación que, con un descuento de flujos documentado, concluye en 1.150.000 euros. La diferencia entre ambas tasaciones es de 450.000 euros, que supera tanto los 120.000 euros como el 10 % de la tasación de la Administración (160.000 euros), de modo que procede designar un perito tercero. Los números son inventados y solo muestran cómo se aplican los umbrales; en un caso real hay que comprobar la normativa vigente y las circunstancias del impuesto.

    Cuándo conviene y cuándo no

    La tasación pericial contradictoria suele compensar cuando la diferencia entre el valor declarado y el comprobado es significativa, cuando existen argumentos técnicos sólidos para sostener otro valor y cuando el coste del perito es proporcionado a la cuota en juego. Puede no ser aconsejable si la diferencia es pequeña, si el contribuyente carece de la documentación necesaria o si lo que se discute es una cuestión estrictamente jurídica. En esos casos, el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa pueden ser el cauce adecuado, sin perjuicio de aportar un dictamen como prueba.

    Para decidir con criterio, un servicio de defensa fiscal con LRB permite analizar el expediente, valorar si la comprobación está motivada y coordinar la estrategia entre la vía de la tasación y los recursos ordinarios. Si el conflicto ya se plantea dentro de una inspección, la página sobre defensa ante inspecciones de la AEAT explica cómo se integra el dictamen en esa fase.

    Sobre las vías de impugnación disponibles contra una comprobación de valores, puede ampliarse con nuestro artículo sobre comprobación de valores: cuándo y cómo puede recurrirse.

    Errores habituales

    • Dejar pasar el plazo y quedar solo con la vía de recurso ordinario.
    • Designar a un perito sin la titulación adecuada o sin experiencia en la clase de bien valorado.
    • Presentar una tasación que no explica el método ni cita comparables.
    • Olvidar que la Administración es una parte más y que su valoración también debe justificarse con datos.
    • No calcular de antemano si los umbrales de diferencia harían intervenir al perito tercero.

    Preguntas frecuentes

    ¿Se puede pedir la tasación si ya he presentado un recurso?

    Depende del momento y del tipo de recurso. La ley la vincula al primer recurso o reclamación contra la liquidación, por lo que conviene plantearla en ese plazo y no esperar a instancias posteriores.

    ¿Quién paga al perito tercero?

    La normativa regula quién abona los honorarios del perito tercero y en qué supuestos. Conviene consultar la regulación vigente y el acuerdo de designación para conocer el importe y quién lo adelanta.

    ¿Se puede acudir a los tribunales después?

    Sí. La liquidación resultante puede recurrirse por las vías ordinarias. El resultado de la tasación no impide discutir otros aspectos del acto ni su motivación.

    ¿Sirve para cualquier impuesto?

    Es una vía general de la LGT para las comprobaciones de valores, pero cada tributo tiene su propia regulación. Es especialmente frecuente en Sucesiones y Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales, y puede intervenir en operaciones societarias.

    Conclusión

    La tasación pericial contradictoria convierte una discusión sobre cifras en un debate técnico con un árbitro independiente. Exige actuar con rapidez, contar con un perito cualificado y aportar un informe bien documentado, pero ofrece al contribuyente la posibilidad de contrastar con datos el valor que la Administración le ha atribuido. Es una forma de ejercer con base legal los derechos del obligado tributario, recordando que la Administración es una parte más y que su valoración debe estar motivada.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Cómo se calcula el recargo por declaración extemporánea

    Presentar una autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades fuera de plazo, sin que medie requerimiento previo de la Administración, tiene consecuencias económicas que conviene conocer con precisión antes de decidir regularizar voluntariamente una situación tributaria pendiente. El recargo declaración extemporánea regulado en la Ley General Tributaria es sensiblemente menos gravoso que una sanción, pero su cálculo tiene matices que pueden marcar una diferencia económica importante según el tiempo transcurrido.

    La diferencia esencial: recargo frente a sanción

    Cuando un contribuyente presenta una autoliquidación fuera de plazo por iniciativa propia, sin que la Administración le haya requerido previamente, se aplica un recargo por declaración extemporánea en lugar de una sanción. Esta distinción es fundamental porque el recargo tiene una naturaleza indemnizatoria por el retraso, mientras que la sanción tiene carácter punitivo y presupone una infracción tributaria. Por eso, regularizar voluntariamente antes de recibir cualquier notificación de la Administración resulta siempre más favorable que esperar a que sea Hacienda quien detecte el incumplimiento.

    Cómo se escalona el recargo

    El artículo 27 de la Ley General Tributaria establece un sistema de recargos crecientes en función del tiempo transcurrido desde la finalización del plazo voluntario de presentación:

    • Hasta tres meses de retraso: recargo del 1%, más un 1% adicional por cada mes completo de retraso.
    • Más de tres y hasta seis meses: recargo del 4%, calculado con el mismo esquema de incremento mensual.
    • Más de seis y hasta nueve meses: recargo del 7%.
    • Más de nueve y hasta doce meses: recargo del 10%.
    • Más de doce meses de retraso: recargo del 15%, al que además se suman los intereses de demora devengados desde el día siguiente al término de los doce meses posteriores a la finalización del plazo voluntario de presentación.

    Este sistema progresivo busca incentivar que el contribuyente regularice su situación cuanto antes, ya que el coste del retraso se incrementa de forma continua a medida que pasa el tiempo.

    La reducción del 25% por pago inmediato

    La normativa prevé un incentivo adicional: los recargos pueden reducirse en un 25% si el importe restante del recargo se ingresa en el plazo establecido para las deudas tributarias tras la notificación de la liquidación del recargo, y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea en el momento de su presentación, o se solicite y obtenga un aplazamiento o fraccionamiento con garantía suficiente. Este beneficio incentiva no solo la regularización rápida, sino también el pago inmediato de la deuda principal, evitando dilatar aún más el proceso.

    Diferencia con la exigencia de intereses de demora

    Es importante no confundir el recargo por declaración extemporánea con los intereses de demora. Durante los primeros doce meses de retraso, el recargo sustituye a los intereses de demora y a cualquier sanción; solo a partir del mes trece se exigen, además del recargo del 15%, los intereses de demora correspondientes al periodo transcurrido desde ese momento. Esta distinción explica por qué cuanto antes se regularice la situación, menor será el coste financiero total de la operación.

    Qué ocurre si ya existe requerimiento previo

    Todo este régimen de recargos deja de aplicarse en el momento en que la Administración ha iniciado formalmente actuaciones de comprobación o ha requerido al contribuyente. A partir de ese momento, la regularización ya no se considera espontánea, y el procedimiento pasa a tramitarse conforme al régimen sancionador ordinario, con consecuencias económicas notablemente más gravosas que las de un simple recargo por extemporaneidad.

    Cuándo conviene actuar con rapidez

    Si su empresa detecta un error en una autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades ya presentada, o directamente ha dejado de presentar una declaración dentro de plazo, actuar cuanto antes reduce sensiblemente el coste económico de la regularización y evita el riesgo de que la situación derive en un procedimiento sancionador más gravoso. Ante cualquier duda sobre cómo proceder o sobre el cálculo exacto del recargo aplicable, contar con defensa fiscal especializada de LRB Tax & Legal ayuda a diseñar la estrategia de regularización más eficiente para cada situación concreta.

    Conclusión

    El recargo declaración extemporánea es un mecanismo diseñado para incentivar la regularización voluntaria, con un coste creciente en función del tiempo transcurrido y con reducciones adicionales por pago inmediato. Conocer con precisión cómo se calcula, y actuar antes de que la Administración inicie cualquier actuación de comprobación, permite a las empresas corregir errores pasados minimizando el impacto económico de la regularización.

  • Informe pericial en una inspección tributaria del Impuesto sobre Sociedades: valor probatorio y momento de aportarlo

    Informe pericial en una inspección tributaria del Impuesto sobre Sociedades: valor probatorio y momento de aportarlo

    Un informe pericial en una inspección tributaria tiene el valor de cualquier otro medio de prueba: la Administración debe examinarlo y motivar si lo acepta o lo rechaza, pero no está obligada a asumir sus conclusiones. Su eficacia depende de tres factores: que aborde un hecho económico realmente discutido, que esté bien fundamentado y que se aporte cuando todavía puede influir en la propuesta de regularización. En el Impuesto sobre Sociedades, ese momento suele ser el de las alegaciones al acta o, mejor aún, el de la fase de comprobación previa a ella.

    Respuesta directa: qué puede esperar el contribuyente

    La Ley General Tributaria reconoce al obligado tributario el derecho a aportar la documentación y los elementos de prueba que estime necesarios, y a que se tengan en cuenta al redactar la propuesta de resolución (artículos 34.1 y 99 LGT, y el régimen general de prueba del artículo 106). Un dictamen pericial es uno de esos elementos. No vincula al actuario, pero si queda incorporado al expediente, el órgano que liquide debe valorarlo. Si la liquidación ignora una prueba pericial relevante sin argumentar, el vicio de motivación puede ser invocado después en el recurso.

    Para entender cómo se organiza este tipo de defensa, puede consultarse la página de defensa en la inspección de la AEAT, que describe el papel del perito en cada fase del procedimiento.

    Cómo se desarrolla una inspección y dónde encaja el dictamen

    Inicio y requerimientos

    La inspección comienza con una comunicación y la formulación de requerimientos de información. En esta fase la empresa ya está construyendo el relato de los hechos. Si se anticipa que habrá una discusión sobre valores o sobre la razonabilidad de una operación, es el momento de decidir si conviene encargar un análisis técnico, aunque todavía no se aporte.

    Trámite de audiencia y acta

    Antes de formalizar el acta, el inspector debe conceder trámite de audiencia. Si el contribuyente firma el acta de conformidad o con acuerdo, la discusión técnica queda cerrada en gran medida. Si se firma en disconformidad, se abre el plazo de alegaciones de quince días hábiles que establece el procedimiento. Es el momento natural para aportar el informe pericial, junto con un escrito jurídico que lo conecte con las pretensiones.

    Liquidación y sanción

    Con el acta y las alegaciones, el órgano competente dicta el acuerdo de liquidación. Si se tramita procedimiento sancionador, el dictamen puede ser relevante también para acreditar que la interpretación del contribuyente era razonable, lo que afecta al elemento subjetivo de la infracción.

    Recurso

    El informe sigue siendo aprovechable en reposición, en reclamación económico-administrativa y en el proceso contencioso. En esas fases hay que cuidar la admisión de la prueba: los órganos de revisión pueden resistirse a admitir pruebas que se pudieron aportar antes sin causa justificada.

    Valor probatorio de un informe pericial en una inspección tributaria

    Nada obliga a un órgano administrativo a dar por buena una conclusión por el hecho de venir firmada por un técnico. Lo que cuenta es la calidad del razonamiento. Los criterios de valoración suelen coincidir con los que aplica la jurisdicción civil conforme al artículo 348 LEC (sana crítica) y la contenciosa:

    • Cualificación e imparcialidad del perito, que debe declarar que ha actuado con objetividad.
    • Método explicitado y repetible por un tercero.
    • Coherencia con la documentación contable, contractual y fiscal de la empresa.
    • Tratamiento de las objeciones previsibles: un informe que no se enfrenta a los argumentos de la Inspección parece incompleto.
    • Contemporaneidad: los dictámenes elaborados cerca de la operación tienen más peso que los fabricados al recibir el acta.

    Merece subrayar otro aspecto. La Administración es una parte más: sus propios informes de valoración o de comparabilidad también son prueba de parte y deben someterse a contradicción. Si el contribuyente puede demostrar que el análisis de la Inspección utiliza comparables inadecuados o ignora una circunstancia relevante, tiene derecho a que se le conteste en la resolución.

    Cuándo es aconsejable aportarlo

    La regla práctica es sencilla: aportar el informe antes de que la tesis de la Inspección se cristalice. Una vez extendida el acta con una propuesta concreta, modificar el criterio resulta más costoso para el actuario y más difícil para el contribuyente. Hay, sin embargo, tres escenarios que justifican esperar o adaptar el calendario:

    1. Cuando la documentación todavía está en elaboración y presentar un dictamen incompleto sería contraproducente.
    2. Cuando la estrategia aconseja no adelantar argumentos en fase de requerimientos para no condicionar el rumbo de la comprobación.
    3. Cuando la Administración aún no ha concretado qué partida discute, de modo que el dictamen debe responder a una pregunta que todavía no está formulada.

    En todos los casos, el control del calendario es esencial. La duración general de las actuaciones inspectoras está sujeta a plazo (con carácter general, dieciocho meses, ampliables a veintisiete en los supuestos legales) y los periodos de alegaciones son breves. Quien deje para el último día el encargo del informe corre el riesgo de aportar un documento apresurado.

    Materias habituales en Sociedades

    Los informes periciales se concentran en unas pocas áreas:

    • Operaciones vinculadas: comparabilidad y método de valoración (artículo 18 de la Ley 27/2014).
    • Gastos deducibles: realidad del servicio, necesidad y correlación con los ingresos.
    • Deterioros y provisiones: razonabilidad de las estimaciones.
    • Reestructuraciones y régimen especial: motivo económico válido.
    • Reducciones y deducciones que dependen de datos técnicos (I+D+i, por ejemplo).

    El artículo de este mismo sitio sobre la defensa pericial ante la inspección de la AEAT desarrolla con más detalle la actuación del perito durante el procedimiento.

    Cómo integrarlo en la defensa

    El informe pericial no sustituye al escrito de alegaciones. Funciona mejor cuando el escrito jurídico lo cita, extrae sus conclusiones y las vincula a los preceptos aplicables. Esa coordinación es una de las razones para plantear la defensa de forma integral: la asesoría legal y fiscal que dirige el procedimiento y el perito trabajan sobre los mismos hechos, pero con funciones distintas. Conviene que el perito conozca los argumentos de la Inspección, y que los abogados entiendan las limitaciones del dictamen para no pedirle más de lo que puede ofrecer.

    Si el asunto exige valorar un activo o una participación, la página sobre valoración de empresas y activos describe el enfoque habitual. Y si se prevé que el conflicto termine en tribunales, es útil conocer desde el principio cómo funciona la prueba pericial judicial.

    Un caso ilustrativo (hipotético)

    Una sociedad adquirió un inmueble a un socio por un precio que la Inspección considera superior al de mercado. Propone un ajuste al amparo de las reglas de operaciones vinculadas. La empresa aporta, con las alegaciones al acta, un informe que justifica el precio con la valoración de un experto independiente realizada en la fecha de la compra, un análisis de transacciones comparables de la zona y una explicación de las características singulares del inmueble. La Inspección debe pronunciarse sobre esos elementos; si se limita a reiterar su tasación sin responderlos, la motivación de la liquidación será discutible. Los datos son ficticios, pero ilustran el modo de trabajar: aportar hechos verificables en el momento oportuno.

    Preguntas frecuentes

    ¿Puede la Inspección rechazar el informe sin más?

    Puede discrepar, pero debe motivar su decisión. Una desestimación genérica o la omisión del informe son argumentos que el contribuyente puede esgrimir en el recurso.

    ¿Hace falta que el perito firme el acta o acuda a la sede de la Inspección?

    No. El perito no firma el acta. Su informe se incorpora al expediente y, si es necesario, podrá ratificarlo más tarde ante el órgano de revisión o el tribunal.

    ¿Qué ocurre si se aporta el informe tarde?

    No se pierde necesariamente su utilidad, pero puede reducirse su eficacia. En vía de recurso, algunos órganos exigen justificar por qué no se aportó antes.

    ¿Sirve un informe elaborado para otro fin?

    Puede servir como indicio si cumple los requisitos de independencia y contemporaneidad, pero normalmente conviene actualizarlo o complementarlo para responder a las preguntas concretas de la comprobación.

    Conclusión

    Aportar un informe pericial en una inspección tributaria es una decisión de oportunidad y de método. Su valor no depende de quién lo firma, sino de lo que demuestra y de cuándo llega al expediente. Un dictamen bien fundado, coordinado con una defensa jurídica coherente y presentado antes de que la propuesta se consolide permite que la discusión se produzca sobre datos y que la Administración, como parte del procedimiento, deba razonar su posición.

    Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado

  • Plazos de prescripción tributaria: cuándo caduca el derecho de Hacienda

    Muchos empresarios viven con la sensación de que Hacienda puede revisar sus cuentas indefinidamente, pero eso no es así: la Ley General Tributaria establece plazos concretos a partir de los cuales la Administración pierde su derecho a comprobar, liquidar o exigir el pago de determinadas deudas. Conocer los prescripción tributaria plazos aplicables es fundamental para saber a qué ejercicios puede alcanzar realmente una inspección y cuándo una deuda antigua ha dejado de ser exigible.

    El plazo general de cuatro años

    El artículo 66 de la Ley General Tributaria fija en cuatro años el plazo de prescripción para varios derechos clave: el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante liquidación, el derecho a exigir el pago de deudas ya liquidadas, el derecho del contribuyente a solicitar devoluciones, y el derecho a obtener las devoluciones ya reconocidas. Este plazo de cuatro años comienza a contar, con carácter general, desde el día siguiente a aquel en que finalizó el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

    Cómo se interrumpe la prescripción

    El plazo de prescripción no corre de forma ininterrumpida en todos los casos: determinadas actuaciones tienen la capacidad de interrumpirlo, reiniciando el cómputo desde cero. Entre las causas de interrupción más habituales se encuentran:

    • El inicio de un procedimiento de comprobación o inspección notificado formalmente al contribuyente.
    • La interposición de reclamaciones o recursos por parte del contribuyente, ya sea en vía administrativa o judicial.
    • Cualquier actuación fehaciente del contribuyente dirigida al pago o liquidación de la deuda, como el reconocimiento expreso de la misma.
    • Las actuaciones de la Administración dirigidas de forma efectiva a la regularización de la situación tributaria, siempre que se realicen con conocimiento formal del interesado.

    Esta posibilidad de interrupción explica por qué, en la práctica, algunos procedimientos tributarios pueden extenderse mucho más allá de los cuatro años iniciales, especialmente cuando existen recursos sucesivos en distintas instancias.

    El derecho a comprobar frente al derecho a liquidar

    Una distinción técnica relevante, incorporada tras la reforma de la Ley General Tributaria, es que el derecho de la Administración a comprobar e investigar hechos, actos, negocios y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria no prescribe, salvo que expresamente se establezca otro plazo. Esto significa que Hacienda puede comprobar operaciones realizadas en ejercicios ya prescritos si esas operaciones tienen efectos fiscales en ejercicios no prescritos, como ocurre típicamente con las bases imponibles negativas o las deducciones pendientes de aplicación, cuyo derecho a comprobar se extiende, con ciertos límites, hasta diez años.

    Plazos especiales que conviene conocer

    Además del plazo general de cuatro años, existen algunos plazos específicos relevantes en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades:

    • Diez años para comprobar bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar o aplicar, contados desde el día siguiente a aquel en que finalizó el plazo para presentar la declaración del ejercicio en que se generaron.
    • Diez años para el delito fiscal, dado su carácter de delito grave, un plazo muy superior al de la infracción tributaria administrativa.
    • Interrupción por declaración de concurso, que también afecta al cómputo de los plazos de prescripción de las deudas del concursado.

    Por qué es importante vigilar estos plazos

    Conocer con precisión los prescripción tributaria plazos aplicables permite a la empresa defender adecuadamente sus derechos ante actuaciones de la Administración que pretendan revisar ejercicios ya prescritos, así como planificar la conservación de documentación con criterio: no tiene sentido destruir soportes documentales de ejercicios cuyo derecho a comprobar aún no ha prescrito, especialmente cuando existen bases imponibles negativas o deducciones generadas en esos años que se están aplicando en la actualidad.

    Qué hacer ante una actuación que pueda estar prescrita

    Si la Agencia Tributaria inicia actuaciones sobre un ejercicio que el contribuyente considera prescrito, es fundamental analizar con detalle si realmente se ha producido la prescripción o si, por el contrario, existió alguna causa de interrupción que reabrió el cómputo del plazo. Este análisis requiere revisar todo el historial de actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con la deuda, tarea en la que resulta muy valioso contar con defensa ante inspección de la AEAT de ValiTax, especializada en analizar estos plazos y en articular la defensa técnica correspondiente cuando la Administración pretende actuar fuera de plazo.

    Conclusión

    Los plazos de prescripción tributaria no son un mero tecnicismo, sino una garantía esencial de seguridad jurídica para el contribuyente. Conocer el plazo general de cuatro años, las causas que pueden interrumpirlo y los plazos especiales aplicables a bases imponibles negativas o deducciones pendientes permite a la empresa anticiparse a las actuaciones de la Administración y defender con solidez que un derecho ya ha caducado cuando corresponda.

  • Por qué elegir un buen abogado fiscalista es clave ante una inspección de Hacienda: el caso LRB Tax & Legal

    Un premio que pone el foco en la defensa fiscal de calidad

    En el Impuesto sobre Sociedades, pocas situaciones generan tanta incertidumbre como una inspección tributaria sobre la base imponible o las deducciones aplicadas, lo que convierte este reconocimiento en una referencia útil para cualquier empresa. Cuando la Agencia Tributaria inicia un procedimiento de comprobación o inspección, la diferencia entre una regularización asumible y una contingencia fiscal grave suele estar en la calidad del asesoramiento recibido desde el primer día. Esa es, precisamente, la especialidad que ha llevado a Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal, a ser reconocido como Mejor Profesional Fiscal del Año de España y Portugal en los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards 2026, celebrados el 24 de septiembre en Madrid, donde además el equipo fiscal de la firma fue finalista a Mejor Equipo Fiscal frente a EY y KPMG.

    El reconocimiento es una buena excusa para explicar por qué, ante una inspección tributaria, elegir bien al abogado fiscalista no es un lujo, sino una decisión que puede condicionar el patrimonio y la viabilidad de una empresa.

    Qué ocurre quiere una inspección tributaria mal gestionada

    Un procedimiento de inspección no es un simple trámite administrativo: es un proceso en el que la Administración tributaria revisa, con capacidad de acceso a toda la documentación contable y fiscal del contribuyente, si las autoliquidaciones presentadas reflejan correctamente su situación tributaria. Cuando el contribuyente no cuenta con un asesoramiento técnico sólido desde el inicio de las actuaciones, es habitual que se acaben firmando actas de conformidad que después resultan muy difíciles de recurrir, o que se pierdan plazos procesales clave para presentar alegaciones o recursos.

    Un despacho especializado en defensa ante inspecciones tributarias, como LRB Tax & Legal, aporta justamente eso: conocimiento profundo del procedimiento inspector, capacidad para anticipar los criterios que va a aplicar la Inspección y experiencia acreditada en la redacción de alegaciones y recursos que resistan un control judicial posterior si es necesario.

    El valor de la experiencia acreditada: por qué importa un premio como este

    Los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards no son un premio comercial, sino un reconocimiento otorgado por un jurado independiente del sector legal, que valora el impacto real del trabajo desarrollado por cada profesional o equipo, la complejidad de los asuntos gestionados y su contribución a su área de práctica. Que Luis Miguel Larriba haya sido distinguido como mejor abogado fiscalista de España y Portugal en la categoría fiscal, y que el equipo de LRB haya llegado a la final frente a EY y KPMG en la categoría de mejor equipo, es una validación externa —no autoproclamada— de la calidad técnica del despacho en materia de inspecciones y procedimientos tributarios.

    Como declaró el propio Larriba tras recoger el premio: «Este reconocimiento no es solo personal: es el resultado del trabajo de todo el equipo de LRB durante los últimos años.» Una afirmación que cobra especial sentido en un área como la defensa tributaria, donde el trabajo en equipo —economistas, abogados y peritos judiciales trabajando de forma coordinada— resulta determinante para el resultado final de cada expediente.

    Cinco señales de que necesitas un abogado fiscalista especializado

    No todas las situaciones fiscales requieren el mismo nivel de especialización, pero hay señales claras de que conviene contar con un despacho experimentado en defensa tributaria: haber recibido un requerimiento o una comunicación de inicio de actuaciones de comprobación; operar en sectores especialmente fiscalizados como el turístico, el inmobiliario o el de servicios profesionales; haber realizado operaciones de reestructuración societaria recientes; contar con patrimonio o rentas en el extranjero; o simplemente gestionar un volumen de facturación que hace que cualquier ajuste fiscal tenga un impacto económico relevante.

    En todos estos casos, la diferencia entre un asesor generalista y un despacho especializado como LRB Tax & Legal —con sede en Madrid y delegación en Mallorca— puede traducirse en miles o incluso millones de euros de contingencia fiscal evitada.

    Reestructuración empresarial: otro terreno donde el buen asesoramiento es decisivo

    La misma lógica se aplica a las operaciones de reestructuración empresarial. El régimen FEAC (fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores) permite realizar estas operaciones con neutralidad fiscal, pero exige acreditar motivos económicos válidos ante Hacienda. Un asesoramiento deficiente en esta fase puede convertir una operación pensada para optimizar la estructura del grupo en una contingencia fiscal de gran magnitud si la Inspección considera que la operación tuvo como finalidad principal el fraude o la evasión fiscal.

    Precisamente por eso, los despachos que —como LRB Tax & Legal— combinan experiencia en reestructuraciones FEAC con experiencia en defensa ante inspecciones tienen una ventaja comparativa: conocen de primera mano los criterios que aplicará la Inspección años después de cerrada la operación, y diseñan la reestructuración pensando en esa revisión futura.

    Preguntas frecuentes

    ¿Por qué es importante el asesoramiento fiscal ante una inspección tributaria?

    Porque un procedimiento mal gestionado puede derivar en sanciones, recargos y contingencias fiscales muy superiores al coste de contar con un abogado fiscalista especializado desde el inicio de las actuaciones.

    ¿Qué avala la calidad de LRB Tax & Legal en materia de inspecciones tributarias?

    El reconocimiento de Luis Miguel Larriba como Mejor Profesional Fiscal de España y Portugal, y la condición de finalista de su equipo fiscal frente a EY y KPMG, en los Iberian Lawyer Awards 2026.

    ¿Qué es el régimen FEAC y por qué requiere asesoramiento especializado?

    Es el régimen de neutralidad fiscal para fusiones, escisiones y aportaciones de activos, que exige acreditar motivos económicos válidos; un mal asesoramiento puede convertirlo en una contingencia fiscal grave.

  • Delito fiscal: umbral cuantitativo y diferencias con la infracción tributaria

    No todo error o incumplimiento tributario tiene la misma gravedad, y confundir una infracción administrativa con un delito fiscal puede generar una angustia innecesaria en el empresario, o peor aún, subestimar un riesgo penal real. El ordenamiento español distingue con nitidez ambos escenarios, y comprender el delito fiscal umbral que marca la frontera entre uno y otro es esencial para cualquier administrador que quiera anticiparse a las consecuencias de una deuda tributaria elevada o de una comprobación complicada.

    El umbral de los 120.000 euros

    El artículo 305 del Código Penal tipifica el delito contra la Hacienda Pública cuando la cuota defraudada, en relación con un mismo impuesto y periodo impositivo, supera los 120.000 euros. Por debajo de esa cifra, el incumplimiento se tramita exclusivamente por la vía administrativa, como infracción tributaria sancionable conforme a la Ley General Tributaria. Este umbral cuantitativo no es simplemente una cifra técnica: marca la línea que separa un procedimiento sancionador administrativo, con plazos y garantías propias, de un proceso penal con consecuencias mucho más severas, incluida la posibilidad de pena de prisión.

    Elementos que configuran el delito fiscal

    Superar el umbral cuantitativo es condición necesaria pero no suficiente. El delito fiscal exige además la concurrencia de dolo, es decir, una voluntad deliberada de defraudar mediante ocultación de rentas, uso de facturas falsas, interposición de sociedades instrumentales o maniobras similares. Un error de interpretación normativa, una discrepancia de criterio razonable o un simple descuido contable, aunque generen una regularización cuantiosa, no constituyen por sí solos delito fiscal si no existe esa intención defraudatoria. Esta distinción resulta clave en la práctica, porque la Fiscalía y los tribunales analizan caso por caso el elemento subjetivo antes de calificar los hechos como delictivos.

    Diferencias prácticas con la infracción tributaria

    • Cuantía: por debajo de 120.000 euros de cuota defraudada, infracción administrativa; por encima, posible delito fiscal.
    • Órgano competente: la infracción la sanciona la propia AEAT; el delito lo enjuician los tribunales penales, previo traslado del expediente al Ministerio Fiscal.
    • Sanción: las infracciones tributarias se castigan con multas pecuniarias; el delito fiscal puede conllevar pena de prisión de uno a cinco años, además de multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada.
    • Prescripción: la infracción tributaria prescribe a los cuatro años; el delito fiscal, al ser un delito grave, prescribe a los diez años.
    • Regularización voluntaria: presentar una autoliquidación complementaria antes de que se inicie actuación de comprobación puede excluir la responsabilidad penal, aunque se supere el umbral, si se regulariza la situación tributaria de forma completa y veraz.

    Qué ocurre cuando la AEAT aprecia indicios de delito

    Si durante una inspección los actuarios detectan indicios de delito fiscal, deben paralizar el procedimiento administrativo y remitir el expediente al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que la Administración pueda seguir liquidando y recaudando la deuda tributaria no vinculada al delito. Esta dualidad de vías genera situaciones complejas en las que el contribuyente se enfrenta simultáneamente a una liquidación administrativa y a un proceso penal, con estrategias de defensa que deben coordinarse cuidadosamente entre ambos frentes.

    Consecuencias que van más allá de lo penal

    Cuando la situación patrimonial de la empresa o del administrador se ve comprometida por una deuda tributaria de esta magnitud, y existe riesgo de insolvencia derivada del procedimiento, puede resultar necesario explorar mecanismos de reestructuración de deudas. En estos casos conviene informarse sobre la ley de segunda oportunidad que ofrece ValiTax, un mecanismo legal que permite a personas físicas y autónomos, bajo determinadas condiciones, liberarse de parte de sus deudas cuando la situación económica se ha vuelto insostenible tras un procedimiento tributario o mercantil complejo.

    Cómo prevenir el riesgo de delito fiscal

    La mejor defensa frente a un posible delito fiscal es la prevención: mantener una contabilidad rigurosa, documentar adecuadamente las operaciones con trascendencia tributaria, no forzar interpretaciones normativas sin soporte técnico sólido y, ante cualquier duda relevante, solicitar asesoramiento especializado antes de presentar las declaraciones. Cuando se detecta un error tras la presentación, actuar con rapidez mediante una complementaria voluntaria puede marcar la diferencia entre una simple regularización administrativa y un proceso penal de consecuencias mucho más graves.

    Conclusión

    El umbral de 120.000 euros de cuota defraudada es la referencia cuantitativa que separa el delito fiscal de la infracción tributaria, pero la calificación definitiva depende también de la existencia de dolo defraudatorio. Conocer esta frontera, actuar con diligencia en la gestión fiscal y contar con asesoramiento especializado ante cualquier señal de alerta son las mejores garantías para que una empresa no cruce, ni siquiera de forma involuntaria, la línea que separa lo administrativo de lo penal.