Impuesto Sociedades

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  • Modelo 232: plazos, sujetos obligados y sanciones por no presentarlo

    La declaración informativa de operaciones vinculadas es una de las obligaciones fiscales que más pymes descuidan, en muchos casos por desconocimiento de que también les afecta a ellas. Este artículo detalla los modelo 232 plazos sanciones aplicables y quiénes están realmente obligados a presentarlo, con el objetivo de evitar contingencias evitables.

    Qué es el Modelo 232

    El Modelo 232 es la declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, aprobada para dar cumplimiento a las obligaciones de información derivadas del régimen de operaciones vinculadas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

    Quiénes están obligados a presentarlo

    • Entidades que realicen operaciones con la misma persona o entidad vinculada por importe conjunto superior a 250.000 euros de valor de mercado en el periodo impositivo.
    • Entidades que realicen operaciones específicas (transmisión de negocios, de valores no admitidos a negociación, de inmuebles, o de participaciones en fondos propios) por importe superior a 100.000 euros, con independencia del porcentaje de participación en la entidad vinculada.
    • Entidades que apliquen la reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (patent box) en el periodo impositivo.
    • Entidades que mantengan operaciones o tengan valores en países o territorios calificados como paraísos fiscales.

    Cuándo no existe obligación de presentarlo

    Con carácter general, no existe obligación de presentar el Modelo 232 cuando las operaciones del mismo tipo y método de valoración no superen conjuntamente el 50% de la cifra de negocios de la entidad y su importe conjunto no supere los 100.000 euros de valor de mercado, salvo que se trate de alguna de las operaciones específicas mencionadas, que sí deben declararse siempre que superen individualmente los 100.000 euros.

    Plazo de presentación

    El Modelo 232 debe presentarse en el mes siguiente a los diez meses posteriores a la finalización del periodo impositivo al que se refiere la información a suministrar. Para las entidades cuyo ejercicio social coincide con el año natural, el plazo se sitúa habitualmente durante el mes de noviembre del año siguiente al del cierre del ejercicio declarado, es decir, con posterioridad al plazo de presentación del Modelo 200.

    Sanciones por no presentar el Modelo 232 o presentarlo de forma incorrecta

    El incumplimiento de esta obligación informativa constituye una infracción tributaria conforme al régimen general de infracciones y sanciones por incumplimiento de obligaciones de suministro de información previsto en la Ley General Tributaria. Las consecuencias pueden incluir:

    • Sanción pecuniaria fija por cada dato o conjunto de datos omitido, inexacto o falso, en caso de no presentación o presentación incompleta.
    • Sanción específica por presentación fuera de plazo sin requerimiento previo, con importes inferiores a los aplicables en caso de requerimiento posterior de la Administración.
    • Riesgo de que la Administración cuestione en una comprobación posterior la valoración de las operaciones vinculadas no declaradas correctamente, con la consiguiente regularización de la base imponible.

    Relación con la documentación de precios de transferencia

    El Modelo 232 no sustituye a la documentación específica de operaciones vinculadas (documentación del grupo y documentación del contribuyente) que la normativa exige mantener a disposición de la Administración, con un contenido que varía según el tamaño de la entidad. Presentar correctamente el Modelo 232 sin disponer de la documentación de precios de transferencia que la sustente no es suficiente para acreditar que las operaciones se valoraron a precio de mercado.

    Errores frecuentes de las pymes en esta materia

    • No identificar como operación vinculada los préstamos entre la sociedad y sus socios o administradores.
    • Confundir los umbrales de exoneración, aplicándolos de forma incorrecta a las operaciones específicas que deben declararse siempre.
    • No coordinar el plazo del Modelo 232 con el del Modelo 200, presentando ambos en el mismo momento cuando en realidad tienen plazos distintos.
    • No conservar documentación soporte de la valoración a mercado de las operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio.

    Cómo evitar sanciones y contingencias

    Dada la frecuencia con la que las pymes y los grupos familiares realizan operaciones entre sociedades vinculadas —préstamos, arrendamientos, prestación de servicios entre la sociedad operativa y una sociedad patrimonial—, conviene revisar periódicamente si se supera algún umbral que genere la obligación de presentar el Modelo 232. En determinados casos, especialmente cuando el grupo plantea una reorganización societaria más amplia, puede resultar recomendable estudiar una reestructuración acogida al régimen FEAC que simplifique la estructura del grupo y reduzca el número de operaciones vinculadas a documentar y declarar en el futuro, aportando además mayor seguridad jurídica al conjunto de la operativa societaria.

    Conclusión

    Conocer con precisión los modelo 232 plazos sanciones y sujetos obligados es fundamental para cualquier pyme que mantenga relaciones económicas con sus socios, administradores o sociedades del grupo. Revisar anualmente esta obligación, junto con la documentación de precios de transferencia, evita sanciones y refuerza la posición de la empresa ante una eventual comprobación de la Agencia Tributaria.

  • Gastos no deducibles: qué partidas no puedes restar del beneficio

    Tan importante como conocer qué gastos son deducibles es saber identificar con precisión los gastos no deducibles sociedades que la normativa excluye expresamente de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Deducir indebidamente alguna de estas partidas es una de las causas más habituales de regularización en las comprobaciones de la Agencia Tributaria, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de cada cierre de ejercicio.

    El listado legal de gastos no deducibles

    El artículo 15 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades enumera de forma expresa las partidas que no tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, con independencia de que estén contabilizadas.

    El propio Impuesto sobre Sociedades

    La cuota del propio impuesto no es deducible de su propia base imponible, a diferencia de otros tributos (IBI, IAE, tasas municipales) que sí lo son.

    Multas, sanciones y recargos

    Las sanciones penales y administrativas, así como los recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo, no son deducibles en ningún caso.

    Pérdidas del juego

    Las pérdidas derivadas de la participación en juegos de azar no tienen la consideración de gasto deducible.

    Donativos y liberalidades

    Con carácter general, los donativos y liberalidades no son deducibles, si bien la propia ley excepciona determinados supuestos, como los gastos por atenciones a clientes o proveedores (con el límite del 1% de la cifra de negocios), los gastos que se correspondan con usos y costumbres respecto del personal de la empresa, o los realizados para promocionar directa o indirectamente la venta de bienes y prestación de servicios.

    Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil

    Las indemnizaciones por despido o cese que superen determinados importes, cuando estos exceden de un millón de euros por perceptor o de la indemnización obligatoria establecida en el Estatuto de los Trabajadores, según el caso.

    Gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas

    Cuando, como consecuencia de una diferente calificación fiscal, generan un ingreso exento o sujeto a un tipo de gravamen nominal inferior al 10% en la entidad vinculada perceptora.

    Gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo

    Destinados a la adquisición de participaciones en el capital de otras entidades del grupo, o a la realización de aportaciones al capital de otras entidades del grupo, salvo que se acredite la existencia de motivos económicos válidos para la realización de dichas operaciones.

    Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico

    Aquellos gastos derivados de actuaciones que constituyan un delito, así como los correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales, salvo que se pruebe que responden a una operación efectivamente realizada.

    Zonas grises que requieren especial atención

    • Gastos de representación que excedan del límite del 1% de la cifra de negocios.
    • Retribuciones a socios o familiares que no respondan a servicios reales prestados a la sociedad, o que no estén valoradas a precio de mercado.
    • Gastos de vehículos, viajes o dietas sin justificación suficiente de su afectación a la actividad económica.
    • Provisiones dotadas contablemente que no cumplen los requisitos fiscales para su deducción, como determinadas provisiones por riesgos y gastos.
    • Deterioros de valor de participaciones en otras entidades, cuya deducibilidad está sujeta a un régimen específico y restrictivo.

    Consecuencias de deducir indebidamente estos gastos

    Cuando la Agencia Tributaria detecta en una comprobación que se ha deducido un gasto no admitido por la normativa, procede a regularizar la base imponible, lo que además de generar una cuota adicional a ingresar puede dar lugar a intereses de demora y, en función de las circunstancias, a la apertura de un expediente sancionador si se aprecia culpabilidad en la conducta del contribuyente.

    Cómo prevenir contingencias por esta vía

    • Revisar anualmente el listado de gastos contabilizados que puedan encajar en alguno de los supuestos de no deducibilidad.
    • Documentar adecuadamente la naturaleza y finalidad de los gastos que puedan generar dudas, especialmente atenciones a clientes y retribuciones a socios.
    • Analizar con detalle las operaciones con entidades vinculadas para evitar los supuestos de asimetría fiscal expresamente excluidos.
    • Contar con asesoramiento especializado antes de deducir gastos derivados de indemnizaciones o extinciones de relaciones laborales o mercantiles de importe elevado.

    Qué hacer si Hacienda ya ha cuestionado un gasto

    Cuando la Agencia Tributaria inicia una comprobación y cuestiona la deducibilidad de determinados gastos, resulta fundamental disponer de un análisis técnico independiente que acredite, en su caso, la correlación del gasto con la actividad económica y su correcta calificación fiscal. Un informe pericial tributario elaborado por ValiTax puede aportar el rigor necesario para defender ante la Administración o los tribunales que un gasto cuestionado sí cumple los requisitos legales de deducibilidad, evitando así una regularización que en muchos casos resulta discutible.

    Conclusión

    Conocer con precisión qué son los gastos no deducibles sociedades y revisarlos de forma sistemática antes de cada cierre de ejercicio es una de las medidas de prevención fiscal más eficaces para cualquier pyme. Un control riguroso de estas partidas evita regularizaciones y sanciones, y permite a la empresa planificar su fiscalidad con mayor seguridad jurídica.

  • Cierre fiscal y Modelo 200 para concesionarios y automoción

    El cierre del ejercicio en un concesionario de automoción presenta particularidades que no se encuentran en otros sectores: valoración de existencias de vehículos con alta rotación, financiación de stock, rappels de fabricantes pendientes de liquidar y provisiones por garantías postventa. Preparar correctamente el cierre fiscal y modelo 200 para concesionarios y automoción requiere anticipar estos elementos antes de presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades.

    Puntos clave a revisar antes del cierre

    Valoración de existencias

    Los vehículos nuevos, de ocasión y de demostración deben valorarse conforme a los criterios contables aplicables, verificando que no existan existencias obsoletas o de difícil venta que requieran una corrección valorativa, con las correspondientes implicaciones fiscales derivadas de los deterioros de existencias.

    Financiación de stock (floor plan)

    Los intereses derivados de la financiación de existencias deben revisarse a la luz del límite general de deducibilidad de gastos financieros, especialmente en concesionarios con un volumen de financiación elevado en relación con su beneficio operativo.

    Rappels y comisiones de fabricantes

    Es fundamental revisar la correcta imputación temporal de los rappels y bonificaciones por objetivos comerciales pendientes de liquidar al cierre del ejercicio, asegurando que se han reconocido en el periodo que corresponde según el principio de devengo.

    Provisiones por garantías

    Las provisiones dotadas por garantías de vehículos vendidos requieren un análisis específico de su deducibilidad fiscal, dado que la normativa del Impuesto sobre Sociedades limita la deducción de determinadas provisiones no vinculadas a obligaciones ya devengadas y cuantificables de forma fiable.

    Ajustes extracontables habituales

    • Exceso de amortización contable sobre los coeficientes fiscales aplicables a instalaciones de taller y maquinaria de diagnóstico.
    • Gastos de representación en eventos de presentación de nuevos modelos, sujetos al límite del 1% de la cifra de negocios.
    • Retribuciones a administradores en concesionarios familiares, que deben estar debidamente documentadas.
    • Aplicación de la reserva de capitalización cuando se destinan beneficios a reforzar los fondos propios de la sociedad.

    Tipos de gravamen aplicables

    La mayoría de concesionarios tributan al tipo general del 25%, si bien las sociedades de nueva creación (frecuentes cuando un grupo abre un nuevo punto de venta bajo una sociedad independiente) pueden beneficiarse del tipo reducido del 15% durante los dos primeros periodos con base imponible positiva, siempre que se cumplan los requisitos legales relativos a la ausencia de vinculación con actividades previas del grupo.

    Plazo del Modelo 200

    El Modelo 200 debe presentarse en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo, lo que para un ejercicio coincidente con el año natural sitúa el plazo habitual en torno al 25 de julio. Es recomendable que los concesionarios cierren su inventario físico de vehículos y concilien las cuentas de rappels y garantías con suficiente antelación a esta fecha.

    Estructura societaria en grupos de concesionarios

    Cuando el grupo empresarial gestiona varias marcas o varios puntos de venta a través de sociedades distintas, conviene evaluar si la estructura societaria actual es la más eficiente desde el punto de vista fiscal y de gestión del riesgo. En muchos casos resulta recomendable estudiar una estructura de holding fiscal que centralice la propiedad de las distintas sociedades operativas, separe el patrimonio inmobiliario de las instalaciones y facilite la aplicación de la exención en dividendos y plusvalías entre las sociedades del grupo. LRB Tax & Legal analiza en cada caso si esta reorganización resulta ventajosa para el grupo de concesionarios.

    Errores frecuentes en el cierre fiscal del sector

    • No conciliar el inventario físico de vehículos con el registro contable antes del cierre.
    • Imputar rappels de fabricantes en un ejercicio distinto al de su devengo.
    • Deducir provisiones por garantías sin el soporte técnico adecuado.
    • Aplicar coeficientes de amortización incorrectos a instalaciones de taller y maquinaria de diagnóstico especializada.
    • No revisar la obligación de presentar el Modelo 232 cuando existen operaciones relevantes entre sociedades del grupo.

    Conclusión

    El cierre fiscal y Modelo 200 para concesionarios y automoción exige coordinar información contable de alta complejidad (existencias, financiación, rappels y garantías) con la normativa del Impuesto sobre Sociedades. Un cierre bien planificado, con revisión anticipada de estas partidas, permite evitar contingencias y aprovechar todas las oportunidades de optimización fiscal disponibles para el sector.

  • Informe pericial exprés: cuándo se necesita un dictamen en plazos reducidos

    No todos los procedimientos administrativos o judiciales conceden plazos amplios para preparar la defensa técnica de una empresa. En determinadas situaciones —requerimientos con plazos de alegaciones muy ajustados, medidas cautelares, procedimientos urgentes— resulta imprescindible disponer de un informe pericial exprés plazos reducidos, elaborado con la misma solvencia técnica que un informe convencional pero adaptado a la urgencia del caso.

    Situaciones que exigen un informe pericial urgente

    • Requerimientos de la Agencia Tributaria con plazo de alegaciones de diez días hábiles, cuando la complejidad de la cuestión exige un análisis técnico especializado.
    • Medidas cautelares de embargo o de aseguramiento de la deuda tributaria, que requieren una respuesta inmediata para evitar perjuicios irreversibles.
    • Procedimientos judiciales con plazos procesales breves para la aportación de prueba pericial.
    • Negociaciones urgentes de compraventa o reestructuración societaria en las que se necesita una valoración rápida de activos o de una rama de actividad.
    • Situaciones de crisis empresarial en las que se requiere una valoración exprés de la viabilidad económica de la sociedad.

    Cómo se elabora un informe pericial en plazos reducidos sin perder rigor

    La clave de un informe pericial exprés no está en simplificar la metodología, sino en optimizar el proceso de recopilación y análisis de la información disponible, priorizando los aspectos más relevantes para el objeto concreto del encargo. Esto exige, por parte del perito, una experiencia previa muy consolidada en la materia, que le permita identificar rápidamente qué documentación es imprescindible y qué análisis resultan determinantes para el caso, evitando dilatar el proceso con cuestiones accesorias.

    Fases de un encargo pericial urgente

    • Recepción inmediata del encargo y análisis preliminar de la documentación disponible para valorar la viabilidad del plazo solicitado.
    • Solicitud focalizada de información a la empresa, limitada a los documentos estrictamente necesarios para el objeto del informe.
    • Análisis técnico acelerado, priorizando los puntos que resultarán decisivos en el procedimiento administrativo o judicial.
    • Redacción del informe con la misma estructura y rigor metodológico que un informe convencional, evitando cualquier merma en su valor probatorio.
    • Disponibilidad para ratificación ante el órgano administrativo o judicial correspondiente, si el procedimiento lo requiere.

    Riesgos de no contar con un informe a tiempo

    Cuando una empresa deja pasar el plazo de alegaciones sin aportar un informe técnico que respalde su posición, pierde una oportunidad valiosa de influir en la decisión administrativa antes de que esta se consolide, obligando a defender la cuestión en fases posteriores del procedimiento (recurso de reposición, reclamación económico-administrativa, vía judicial), con mayor coste, plazos más largos y, en ocasiones, con la deuda tributaria ya exigible en periodo ejecutivo.

    Casos habituales en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades

    En materia de Impuesto sobre Sociedades, es frecuente necesitar un informe pericial exprés ante requerimientos relacionados con la valoración de operaciones vinculadas, la justificación del motivo económico válido en una reestructuración societaria ya cuestionada por la AEAT, o la acreditación urgente de la correlación entre determinados gastos y la actividad económica de la empresa, cuando el plazo de alegaciones frente a una propuesta de liquidación resulta muy ajustado.

    La ventaja de contar con un equipo especializado y disponible

    La posibilidad de reaccionar con rapidez ante un requerimiento urgente depende, en gran medida, de disponer de un equipo con experiencia previa y capacidad real de movilizar recursos técnicos en un plazo muy breve. Por ello, cuando una empresa se enfrenta a un plazo reducido para aportar un dictamen técnico, resulta fundamental acudir a un informe pericial tributario elaborado por un equipo con capacidad probada de respuesta ágil, como el de ValiTax, que combina la experiencia técnica necesaria con la disponibilidad para atender encargos urgentes sin renunciar al rigor exigible en cualquier procedimiento administrativo o judicial.

    Recomendaciones prácticas ante un plazo ajustado

    • Contactar con el especialista tan pronto se reciba el requerimiento, sin esperar a los últimos días del plazo.
    • Reunir de forma inmediata toda la documentación contable y fiscal disponible relacionada con el objeto del requerimiento.
    • Valorar, si el plazo resulta insuficiente, la posibilidad de solicitar una ampliación motivada del mismo.
    • Priorizar los argumentos más sólidos, evitando dispersar el informe en cuestiones secundarias que resten claridad al dictamen.

    Conclusión

    Un informe pericial exprés plazos ajustados no debe implicar renunciar a la calidad ni al rigor técnico del dictamen. Contar con especialistas que sepan trabajar bajo presión de tiempo, sin perder de vista la solidez metodológica del informe, marca la diferencia entre poder defender adecuadamente a la empresa dentro de plazo o perder una oportunidad valiosa de influir en el resultado del procedimiento.

  • Luis Miguel Larriba, elegido Mejor Profesional Fiscal de España y Portugal en los Iberian Lawyer Awards 2026

    Un reconocimiento que consolida a LRB Tax & Legal como referencia fiscal en España

    Para cualquier empresa sujeta al Impuesto sobre Sociedades, la calidad del asesoramiento fiscal recibido en materia de liquidación, deducciones e inspecciones puede suponer una diferencia de miles de euros; por eso este reconocimiento sectorial interesa directamente a los departamentos financieros de las empresas. La noche del 24 de septiembre de 2026, en el Palacio de la Prensa de Madrid, la 14ª edición de los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards distinguió a Luis Miguel Larriba, Socio Director de mejor abogado fiscalista, como Mejor Profesional Fiscal del Año de España y Portugal. El galardón, organizado por Iberian Legal Group, reconoce cada año a los profesionales jurídicos y fiscales menores de 40 años que más han destacado en la península ibérica, y este año ha situado a un despacho con sede en Madrid y delegación en Mallorca en lo más alto de la categoría fiscal.

    El jurado de los Iberian Lawyer Awards, formado por profesionales independientes del sector legal, valora tres criterios fundamentales para otorgar sus premios: el impacto real del trabajo desarrollado, la complejidad de los asuntos gestionados y la contribución del profesional a su área de práctica. En los tres apartados, la trayectoria de Luis Miguel Larriba al frente de LRB Tax & Legal ha sido determinante para inclinar la balanza a su favor, en una edición especialmente competida en la categoría fiscal.

    El equipo fiscal de LRB, finalista frente a EY y KPMG

    El reconocimiento no se quedó en lo individual. El Equipo Fiscal de LRB Tax & Legal, representado en la gala por Álvaro Quer, llegó como finalista a la categoría «Mejor Equipo Fiscal» (Best Tax Team), compitiendo con los departamentos fiscales de firmas de la envergadura de EY y KPMG, además de despachos como Abreu Advogados o Dower. Que un equipo fiscal boutique como el de LRB llegue a la fase final de unos premios donde compiten las Big Four del asesoramiento fiscal es, en sí mismo, un indicador del nivel técnico alcanzado por la firma en los últimos años.

    Como declaró el propio Luis Miguel Larriba tras recoger el galardón: «Este reconocimiento no es solo personal: es el resultado del trabajo de todo el equipo de LRB durante los últimos años.» Una frase que resume bien la filosofía de una firma que ha crecido apostando por la especialización en defensa ante inspecciones tributarias, reestructuraciones empresariales bajo el régimen FEAC e informes periciales judiciales, más que por el volumen.

    Quién es Luis Miguel Larriba y qué hace especial a LRB Tax & Legal

    Luis Miguel Larriba es Socio Director de LRB Tax & Legal, firma de asesoramiento fiscal para empresas y particulares con sede en el Paseo de la Castellana 194 de Madrid, oficina adicional en San Sebastián de los Reyes y delegación en Parc Bit, Palma de Mallorca. Acreditado como Perito Judicial y con tres carreras universitarias y cuatro másteres de especialización, ha combinado desde el inicio de su carrera el ejercicio profesional con la docencia, impartiendo formación fiscal y legal en la CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares) durante más de seis años, así como en universidades y escuelas de negocio nacionales e internacionales.

    Bajo su dirección, LRB Tax & Legal se ha especializado en tres grandes áreas: la defensa de empresas y particulares frente a inspecciones tributarias, la reestructuración societaria a través del régimen FEAC (fusiones, escisiones y aportaciones de rama de actividad con neutralidad fiscal), y la elaboración de informes periciales judiciales tributarios, un servicio que la firma presta también a través de su marca especializada ValiTax, con informes periciales tributarios firmados por peritos judiciales acreditados. A esto se suma un profundo conocimiento del régimen fiscal especial de Baleares (RIB/RIIB), fruto de la implantación de la firma en Mallorca, donde asesora a grupos turísticos, hoteles, empresas de software turístico y compañías del sector agroalimentario.

    Por qué importa elegir un buen abogado fiscalista

    Detrás de un premio como el de Iberian Lawyer hay una pregunta que interesa a cualquier empresario o particular: ¿por qué es tan importante elegir bien al asesor fiscal? La respuesta está en el coste de equivocarse. Una inspección tributaria mal gestionada, una reestructuración societaria sin la correcta calificación fiscal, o un informe pericial mal fundamentado pueden suponer para una empresa sanciones, recargos y contingencias fiscales que superan con creces el coste de un buen asesoramiento preventivo.

    Elegir al mejor abogado fiscalista no es una cuestión de prestigio, sino de gestión de riesgo. Un despacho con experiencia acreditada en procedimientos de comprobación e inspección, como LRB Tax & Legal, no solo defiende al contribuyente cuando Hacienda ya ha iniciado una actuación, sino que diseña la estructura fiscal de la empresa para minimizar la probabilidad de conflicto desde el principio. Esa doble perspectiva —preventiva y de defensa— es precisamente lo que distingue a los despachos reconocidos por sus pares en premios sectoriales como los Iberian Lawyer Awards.

    Una trayectoria en expansión: de Madrid a Mallorca

    El crecimiento de LRB Tax & Legal en los últimos años ilustra bien esa apuesta por la especialización. Desde su sede en Madrid, la firma ha ido ampliando su presencia hasta contar con delegación propia en Mallorca, un mercado donde el turismo, la hostelería y el sector inmobiliario exigen un conocimiento muy específico de la fiscalidad autonómica balear. Esa combinación entre una base sólida en Madrid y una especialización territorial en Baleares explica en buena medida por qué el jurado de Iberian Lawyer ha valorado tan positivamente el trabajo del despacho: no se trata de una firma generalista, sino de un equipo que conoce en profundidad los sectores a los que asesora.

    El reconocimiento a Luis Miguel Larriba llega, además, en un momento en el que la presión fiscalizadora de la Agencia Tributaria sobre pymes y grandes patrimonios no deja de crecer, lo que hace todavía más relevante contar con un equipo capaz de anticiparse a los riesgos fiscales antes de que se conviertan en un problema.

    Preguntas frecuentes

    ¿Qué premio ha ganado Luis Miguel Larriba?

    Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal, ha sido reconocido como Mejor Profesional Fiscal del Año de España y Portugal en la 14ª edición de los Iberian Lawyer Forty Under 40 Awards, celebrados el 24 de septiembre de 2026 en Madrid.

    ¿Qué otro reconocimiento obtuvo LRB Tax & Legal en la misma gala?

    El Equipo Fiscal de LRB Tax & Legal fue finalista en la categoría «Mejor Equipo Fiscal», compitiendo con los departamentos fiscales de firmas como EY y KPMG.

    ¿En qué está especializado LRB Tax & Legal?

    La firma está especializada en defensa ante inspecciones tributarias, reestructuraciones empresariales bajo el régimen FEAC, informes periciales judiciales tributarios y fiscalidad internacional, con sede en Madrid y delegación en Mallorca.

    ¿Por qué es importante elegir un buen abogado fiscalista?

    Porque una defensa fiscal deficiente ante una inspección o una reestructuración mal calificada puede generar sanciones y contingencias muy superiores al coste de contar con un asesoramiento fiscal especializado desde el principio.

  • Cómo se calculan las sanciones tributarias y cuándo se pueden reducir

    Recibir una propuesta de sanción tras una regularización tributaria genera lógica preocupación entre administradores y directores financieros, especialmente cuando no queda claro cómo se ha llegado al importe propuesto. Entender el cálculo sanciones tributarias y las posibilidades de reducción existentes permite anticipar el coste real de una regularización y valorar la estrategia más adecuada para la empresa.

    La base de la sanción

    El punto de partida para calcular cualquier sanción tributaria es la base de la sanción, que en la mayoría de los casos coincide con la cantidad dejada de ingresar, la cantidad indebidamente devuelta o el importe del beneficio fiscal indebidamente obtenido, según el tipo de infracción de que se trate. A partir de esta base, la Ley General Tributaria aplica un porcentaje que varía según la calificación de la infracción.

    Porcentajes aplicables según la calificación

    • Infracción leve: sanción del 50% de la base.
    • Infracción grave: sanción de entre el 50% y el 100% de la base, en función de los criterios de graduación aplicables.
    • Infracción muy grave: sanción de entre el 100% y el 150% de la base.

    Criterios de graduación que incrementan la sanción

    • Comisión repetida de infracciones tributarias: incrementa la sanción entre 5 y 25 puntos porcentuales según la gravedad de las infracciones previas cometidas en los cuatro años anteriores.
    • Perjuicio económico para la Hacienda Pública: se gradúa en función del porcentaje que representa la base de la sanción sobre la cuantía total que debió ingresarse, con incrementos de entre 10 y 25 puntos porcentuales.
    • Incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación: incremento de 10 puntos porcentuales cuando concurra este supuesto.

    Reducciones que rebajan el importe final

    Una vez calculada la sanción conforme a los criterios anteriores, la normativa prevé varias reducciones que pueden aplicarse de forma acumulativa:

    • Reducción del 65% cuando el contribuyente presta su conformidad con la propuesta de regularización en las actas con acuerdo, o del 30% en caso de conformidad con la propuesta en actas de conformidad.
    • Reducción adicional del 40% por pronto pago, aplicable cuando se ingresa el importe de la sanción dentro del periodo voluntario y no se interpone recurso o reclamación contra la liquidación o la sanción.

    Estas reducciones pueden combinarse, de manera que una sanción inicialmente calculada al 100% de la base puede terminar reduciéndose de forma muy significativa si el contribuyente opta por la conformidad y el pronto pago, aunque ello implica renunciar a recurrir tanto la liquidación como la sanción.

    Ejemplo ilustrativo del cálculo

    Supongamos una regularización con una base de sanción de 40.000 euros, calificada como infracción grave con un porcentaje del 60% por aplicación de los criterios de graduación correspondientes. La sanción inicial ascendería a 24.000 euros. Si la empresa presta conformidad con la propuesta de regularización, se aplicaría una reducción del 30%, quedando la sanción en 16.800 euros; si además opta por el pronto pago sin recurrir, se aplicaría una reducción adicional del 40% sobre esa cifra, resultando una sanción final de 10.080 euros. Este ejemplo, meramente ilustrativo, muestra la relevancia de valorar adecuadamente si conviene o no prestar conformidad en cada caso concreto.

    Cuándo no conviene prestar conformidad

    Aunque las reducciones son un incentivo importante, no siempre resulta aconsejable prestar conformidad de forma automática. Cuando existen argumentos sólidos para cuestionar la propia regularización tributaria (por ejemplo, una interpretación razonable de la norma, errores en la valoración de operaciones o falta de motivación de la culpabilidad), puede ser preferible recurrir la liquidación y la sanción, asumiendo el riesgo de no beneficiarse de las reducciones, pero con la posibilidad de anular total o parcialmente la deuda.

    La importancia de una defensa técnica antes de decidir

    Decidir si conviene prestar conformidad, recurrir parcialmente o defender íntegramente el expediente ante los tribunales requiere un análisis previo riguroso de las posibilidades reales de éxito del recurso, ponderando el coste de renunciar a las reducciones frente al beneficio potencial de anular la sanción. Ante una propuesta de sanción tributaria de cierta cuantía, resulta muy recomendable acudir a una defensa ante inspección de la AEAT especializada, que analice en detalle el expediente y determine la estrategia más adecuada para minimizar el impacto económico y reputacional de la sanción.

    Conclusión

    Comprender cómo funciona el cálculo sanciones tributarias, los criterios de graduación que pueden incrementar el importe y las reducciones disponibles por conformidad y pronto pago es esencial para tomar decisiones informadas cuando la empresa recibe una propuesta sancionadora de la Agencia Tributaria. Un análisis técnico previo, caso por caso, permite decidir con criterio si conviene aceptar la reducción o defender el expediente hasta sus últimas consecuencias.

  • Operaciones vinculadas y Modelo 232: obligación de declarar

    Las relaciones económicas entre una sociedad y sus socios, administradores o entidades del mismo grupo generan obligaciones fiscales específicas que muchas pymes desconocen o subestiman. Entender bien cuándo surgen las operaciones vinculadas modelo 232 y cómo cumplir correctamente con esta obligación informativa es fundamental para evitar sanciones y contingencias en futuras inspecciones.

    Qué se considera operación vinculada

    El artículo 18 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades define un amplio catálogo de supuestos de vinculación: una sociedad y sus socios cuando la participación sea igual o superior al 25%, una sociedad y sus consejeros o administradores, una sociedad y los cónyuges o familiares hasta el tercer grado de socios o administradores, dos sociedades que pertenezcan al mismo grupo mercantil, o una sociedad y otra participada indirectamente en al menos el 25% del capital. Cualquier operación económica realizada entre partes vinculadas (compraventa de bienes, prestación de servicios, préstamos, arrendamientos, cesión de uso de marca) debe valorarse a precio de mercado, conforme al principio de plena competencia.

    El Modelo 232: qué es y quién está obligado a presentarlo

    El Modelo 232 es la declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. Deben presentarlo, con carácter general, las entidades que realicen operaciones con la misma persona o entidad vinculada por importe superior a 250.000 euros de valor de mercado en el conjunto del periodo impositivo, así como aquellas que realicen operaciones específicas (con personas físicas en régimen de módulos, con participaciones en fondos propios) por importe superior a 100.000 euros, con independencia del porcentaje de participación.

    Supuestos de exoneración

    No existe obligación de declarar cuando el conjunto de operaciones del mismo tipo y método de valoración no supera el 50% de la cifra de negocios de la entidad y, además, el importe conjunto de estas operaciones no supera los 100.000 euros de valor de mercado, salvo que se trate de alguna de las operaciones específicas mencionadas anteriormente, que deben declararse siempre que superen los 100.000 euros con independencia de este límite conjunto.

    Plazo de presentación

    El Modelo 232 se presenta en el mes siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Para una sociedad cuyo ejercicio coincide con el año natural, el plazo se sitúa habitualmente durante el mes de noviembre, es decir, con posterioridad a la presentación del Modelo 200, lo que exige mantener actualizada durante todo el año la documentación relativa a estas operaciones.

    Documentación exigida en materia de precios de transferencia

    Además de la obligación informativa del Modelo 232, las entidades deben disponer de documentación específica que justifique que las operaciones vinculadas se han valorado a precio de mercado, con un contenido que varía en función del tamaño de la empresa: documentación simplificada para entidades de reducida dimensión y documentación completa (master file y local file) para grupos de mayor tamaño. Esta documentación debe estar disponible en el momento en que la Administración la requiera, no siendo suficiente elaborarla a posteriori; cuando el valor pactado se discute, un informe pericial sobre el valor de mercado aporta soporte técnico independiente.

    Sanciones por incumplimiento

    La falta de presentación del Modelo 232, su presentación fuera de plazo o con datos incompletos, inexactos o falsos, puede dar lugar a sanciones específicas, así como a la posible pérdida de la deducibilidad de los gastos derivados de las operaciones no declaradas correctamente, además de las sanciones generales por incumplimiento de obligaciones formales previstas en la Ley General Tributaria.

    Operaciones vinculadas habituales en pymes

    • Préstamos entre la sociedad y sus socios, que deben pactarse a un tipo de interés de mercado.
    • Arrendamiento de un inmueble propiedad de un socio a la sociedad, o viceversa.
    • Retribuciones a administradores por servicios prestados a la sociedad.
    • Prestación de servicios entre sociedades del mismo grupo familiar (por ejemplo, servicios de gestión de una holding a sus filiales).
    • Cesión de uso de marca o de activos intangibles entre sociedades vinculadas.

    Cómo prevenir contingencias en esta materia

    Muchos grupos empresariales que operan a través de una estructura de holding con varias sociedades filiales concentran un número relevante de operaciones vinculadas entre las distintas entidades del grupo, lo que hace especialmente recomendable diseñar desde el inicio una estructura de holding que facilite la correcta valoración y documentación de estas operaciones, evitando así discrepancias con la Agencia Tributaria en el momento de la comprobación. LRB Tax & Legal asesora a pymes y grupos familiares en el diseño de esta documentación y en la correcta cumplimentación del Modelo 232.

    Conclusión

    Cumplir correctamente con la obligación de operaciones vinculadas modelo 232 exige un seguimiento continuo de las relaciones económicas entre la sociedad y sus partes vinculadas, así como mantener actualizada la documentación de precios de transferencia exigida por la normativa. Anticiparse a esta obligación evita sanciones y refuerza la posición de la empresa ante cualquier comprobación futura de la Agencia Tributaria.

  • Gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades: guía completa

    Determinar qué partidas pueden restarse del resultado contable para calcular la base imponible es una de las cuestiones más consultadas por administradores y directores financieros de pymes. Esta guía completa sobre gastos deducibles impuesto sociedades repasa los requisitos generales, las categorías de gasto más habituales y los límites que establece la normativa vigente.

    Requisitos generales para la deducibilidad de un gasto

    Para que un gasto sea fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades debe cumplir, con carácter general, tres requisitos: estar contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas conforme al Plan General de Contabilidad, estar justificado documentalmente mediante factura u otro documento probatorio, y estar correlacionado con la obtención de ingresos, es decir, guardar relación con la actividad económica de la empresa. Además, el gasto debe imputarse en el ejercicio en que se devenga, salvo determinadas excepciones admitidas por la normativa.

    Principales categorías de gastos deducibles

    Gastos de personal

    Sueldos, salarios, cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, indemnizaciones por despido dentro de los límites legales y retribuciones a administradores que ejerzan funciones ejecutivas, siempre que estén correctamente documentadas en los estatutos sociales o en el contrato correspondiente.

    Amortizaciones

    La depreciación efectiva del inmovilizado material e intangible, aplicando los coeficientes de las tablas oficiales o los métodos alternativos admitidos por la normativa, incluyendo los supuestos de libertad de amortización y la amortización acelerada para empresas de reducida dimensión.

    Gastos financieros

    Los intereses de préstamos y otras fuentes de financiación son deducibles, si bien están sujetos a un límite general del 30% del beneficio operativo del ejercicio, con un mínimo de un millón de euros deducible en todo caso, y con posibilidad de trasladar a ejercicios futuros el exceso no deducido.

    Tributos y tasas

    Los tributos distintos del propio Impuesto sobre Sociedades (IBI, IAE, tasas municipales) son deducibles, salvo las sanciones y recargos, que expresamente no tienen la consideración de gasto deducible.

    Servicios exteriores

    Alquileres, suministros, servicios profesionales, seguros, publicidad y demás gastos de explotación necesarios para el desarrollo de la actividad.

    Gastos de representación y atenciones a clientes

    Deducibles con el límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo, debiendo estar debidamente documentados y justificada su finalidad comercial.

    Partidas que la ley excluye expresamente de la deducibilidad

    • El propio Impuesto sobre Sociedades.
    • Las multas, sanciones y recargos, tanto administrativos como penales.
    • Las liberalidades, salvo excepciones como determinados gastos de atención a clientes o de promoción.
    • Los donativos y liberalidades no vinculados a la actividad económica.
    • Los gastos derivados de la extinción de la relación laboral o mercantil que superen determinados límites indemnizatorios.
    • Los gastos correspondientes a operaciones con paraísos fiscales que no cumplan los requisitos exigidos.

    Incentivos fiscales que reducen la base imponible

    • Reserva de capitalización: reducción de la base imponible en un porcentaje sobre el incremento de fondos propios, cuando se mantiene durante el plazo exigido.
    • Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, con los límites cuantitativos aplicables.
    • Deducciones por I+D+i, por creación de empleo o por inversiones en producciones cinematográficas, entre otras específicas de la normativa.

    Errores frecuentes en la calificación de gastos deducibles

    • Deducir gastos personales de los socios o administradores sin relación con la actividad empresarial.
    • No conservar la documentación justificativa suficiente ante una eventual comprobación.
    • Confundir gastos de reparación (deducibles en el ejercicio) con mejoras que deben activarse y amortizarse.
    • Aplicar de forma incorrecta el límite de gastos financieros o de atenciones a clientes.
    • Deducir gastos correspondientes a ejercicios distintos al de su devengo sin cumplir los requisitos para ello.

    Por qué conviene una revisión profesional periódica

    La correcta calificación de los gastos deducibles impuesto sociedades es una de las áreas donde más frecuentemente se producen discrepancias con la Agencia Tributaria en las comprobaciones e inspecciones. Una revisión periódica de la contabilidad y de los criterios fiscales aplicados, realizada por profesionales especializados, permite anticipar contingencias y asegurar que la empresa aprovecha todas las deducciones a las que tiene derecho sin asumir riesgos innecesarios. Contar con una asesoría fiscal para pymes como la de LRB Tax & Legal facilita este seguimiento continuo, adaptando los criterios fiscales a la realidad concreta de cada negocio y a los cambios normativos que se producen año tras año.

    Conclusión

    Conocer en profundidad qué son los gastos deducibles impuesto sociedades, sus requisitos y sus límites es imprescindible para liquidar correctamente el Impuesto sobre Sociedades y evitar contingencias fiscales. Una gestión ordenada de la documentación soporte y una revisión periódica de los criterios aplicados son la mejor garantía frente a una futura comprobación de la Agencia Tributaria.

  • Tipos de gravamen y particularidades del Impuesto sobre Sociedades en concesionarios y automoción

    El sector de la automoción y los concesionarios tiene características fiscales muy particulares: márgenes ajustados en la venta de vehículos, financiación de existencias, comisiones de intermediación con fabricantes y una intensa relación con operaciones vinculadas dentro de los grupos de concesionarios. Conocer bien los tipos de gravamen y particularidades del Impuesto sobre Sociedades en concesionarios y automoción resulta esencial para gestionar correctamente la fiscalidad de estas empresas.

    El tipo general y los tipos reducidos aplicables

    Con carácter general, las sociedades dedicadas a la venta y reparación de vehículos tributan al tipo general del Impuesto sobre Sociedades, actualmente fijado en el 25%. Las entidades de nueva creación pueden beneficiarse del tipo reducido del 15% durante el primer periodo impositivo en que la base imponible resulte positiva y el siguiente, siempre que la actividad no se haya desarrollado previamente por otra persona o entidad vinculada y no formen parte de un grupo mercantil. Este supuesto es relativamente frecuente en la apertura de nuevos puntos de venta por parte de grupos de concesionarios que constituyen sociedades independientes para cada localización.

    Particularidades contables y fiscales del negocio de concesionarios

    Existencias de vehículos: financiación y valoración

    Los concesionarios mantienen un volumen elevado de existencias (vehículos nuevos, de ocasión y de demostración) financiadas habitualmente mediante líneas de financiación de stock (floor plan). Los intereses derivados de esta financiación son deducibles conforme a las reglas generales de limitación de gastos financieros, debiendo prestarse atención al límite del 30% del beneficio operativo cuando el volumen de financiación sea elevado.

    Vehículos de demostración y cortesía

    Los vehículos destinados a demostración, pruebas de clientes o sustitución durante reparaciones plantean cuestiones específicas en cuanto a su calificación como existencias o inmovilizado, con implicaciones directas en su tratamiento de amortización y en el momento de su posterior venta.

    Comisiones y rappels de fabricantes

    Los concesionarios reciben habitualmente comisiones, bonificaciones por objetivos y rappels de los fabricantes, cuya correcta imputación temporal (devengo) resulta relevante para determinar el resultado fiscal del ejercicio en que deben reconocerse.

    Garantías y servicio postventa

    Las provisiones por garantías de vehículos vendidos y los gastos de servicio postventa requieren un análisis cuidadoso de su deducibilidad fiscal, especialmente cuando se dota una provisión contable cuya deducción fiscal puede estar sujeta a límites específicos.

    Grupos de concesionarios y operaciones vinculadas

    Es habitual que un mismo grupo empresarial opere varios concesionarios de distintas marcas a través de sociedades separadas, compartiendo servicios centrales (administración, marketing, financiación) prestados por una sociedad matriz o de servicios. Estas operaciones intragrupo deben valorarse a precio de mercado y documentarse adecuadamente conforme a las obligaciones de operaciones vinculadas, pudiendo generar obligación de presentar el Modelo 232 cuando se superen los umbrales legales establecidos.

    Deducciones de interés para el sector

    • Deducción por inversión en instalaciones de recarga de vehículos eléctricos, cada vez más relevante en concesionarios que apuestan por la movilidad eléctrica.
    • Reserva de capitalización, que permite reducir la base imponible cuando se destinan beneficios a incrementar los fondos propios, especialmente interesante en un sector con necesidades de financiación de circulante elevadas.
    • Libertad de amortización en determinados elementos vinculados a la actividad de reparación y mantenimiento.

    Cierre fiscal y Modelo 200 en concesionarios

    Al preparar el Modelo 200, los concesionarios deben revisar con especial atención la valoración de existencias a cierre de ejercicio, la correcta imputación de comisiones y rappels pendientes de cobro, la deducibilidad de provisiones por garantías y la aplicación de la reserva de capitalización si procede. Dada la complejidad de estas partidas, conviene contar con un asesoramiento fiscal específico para el sector.

    La importancia de un asesoramiento especializado

    El negocio de concesionarios combina elementos de comercio minorista, financiación, servicio técnico y relaciones comerciales con fabricantes internacionales, lo que exige un conocimiento fiscal muy específico para evitar contingencias y aprovechar todas las oportunidades de optimización disponibles. Contar con un asesoramiento fiscal para empresas especializado en el sector de automoción permite anticipar los riesgos propios de este negocio y planificar adecuadamente el cierre fiscal de cada ejercicio, así como la estructura societaria más eficiente para los grupos de concesionarios en expansión.

    Conclusión

    Los tipos de gravamen y particularidades del Impuesto sobre Sociedades en concesionarios y automoción exigen un tratamiento fiscal específico, adaptado a un negocio con márgenes ajustados, alta rotación de existencias y frecuentes relaciones intragrupo. Un seguimiento fiscal continuado durante todo el ejercicio, y no solo en el cierre, es la mejor garantía para optimizar la carga tributaria del concesionario dentro de la legalidad.

  • Informe pericial sobre la reestructuración FEAC: el informe de motivo económico válido

    Una de las mayores incertidumbres a las que se enfrentan las empresas que ejecutan fusiones, escisiones o aportaciones de rama de actividad acogidas al régimen especial de neutralidad fiscal es demostrar, años después, que la operación respondía a un motivo económico válido FEAC informe pericial que lo respalde adecuadamente. La Agencia Tributaria dispone de amplios plazos de comprobación, y una reestructuración que en su momento pareció evidente puede resultar difícil de justificar sin el soporte documental adecuado.

    Por qué el motivo económico válido es la clave del régimen FEAC

    El régimen FEAC, regulado en la Ley 27/2014, permite diferir la tributación de las plusvalías generadas en operaciones de reestructuración societaria, pero condiciona su aplicación a que la operación tenga un motivo económico válido, distinto de la mera obtención de una ventaja fiscal. Cuando la Administración considera que el objetivo principal de la operación fue fiscal, puede negar la aplicación del régimen especial y liquidar la operación como si se hubiera realizado bajo el régimen general, con el consiguiente coste tributario, intereses de demora e incluso sanciones.

    Qué es un informe pericial de motivo económico válido

    Se trata de un documento técnico elaborado por un experto independiente, normalmente en el ámbito económico-financiero, que analiza y documenta de forma objetiva las razones empresariales, organizativas o estratégicas que justifican la operación de reestructuración, más allá del efecto fiscal que esta pueda tener. Este informe se convierte en una prueba esencial si, con posterioridad, la Agencia Tributaria cuestiona la operación en el marco de una comprobación.

    Contenido habitual del informe

    • Descripción del contexto empresarial previo a la operación (estructura societaria, problemas de gestión, riesgos identificados).
    • Análisis de las alternativas consideradas y motivos por los que se optó por la fusión, escisión o aportación concreta.
    • Objetivos empresariales perseguidos: simplificación organizativa, separación de riesgos, preparación de la sucesión, entrada de inversores, mejora de la eficiencia operativa.
    • Valoración de los activos y ramas de actividad afectados por la operación, tal como se desarrolla en los informes periciales para reestructuraciones FEAC.
    • Análisis comparativo de la carga fiscal con y sin la operación, para acreditar que el ahorro fiscal no fue el motivo principal sino, en su caso, una consecuencia accesoria.

    Ejemplos de motivos económicos válidos habitualmente aceptados

    • Separación de la rama inmobiliaria de la actividad operativa para proteger el patrimonio frente a riesgos empresariales.
    • Concentración de varias sociedades familiares dispersas en una única estructura para reducir costes administrativos.
    • Preparación de la entrada de un socio industrial o financiero en una parte concreta del negocio.
    • Reorganización previa a un proceso de sucesión generacional, facilitando el reparto ordenado de la actividad entre herederos.
    • Reestructuración de la deuda del grupo, concentrando activos y pasivos en la sociedad más adecuada.

    Cuándo conviene encargar este informe

    Lo ideal es elaborar el informe de motivo económico válido de forma simultánea o incluso previa a la ejecución de la operación, de manera que quede constancia documental del razonamiento empresarial en el momento en que se tomó la decisión, y no como una justificación elaborada a posteriori cuando ya se ha iniciado una comprobación tributaria. No obstante, también es posible y recomendable encargar el informe una vez iniciado un procedimiento de comprobación, para reforzar la defensa de la operación ante la Administración o los tribunales.

    El papel del perito judicial tributario

    Cuando la discrepancia con la Agencia Tributaria sobre la validez del motivo económico llega a la vía de recurso o a los tribunales, la intervención de un perito especializado resulta determinante para trasladar al órgano decisor, con el rigor técnico necesario, los argumentos económicos y empresariales que sustentaron la operación. Contar con un perito judicial tributario con experiencia específica en operaciones de reestructuración FEAC permite reforzar de manera muy significativa la posición de la empresa, tanto en la fase de alegaciones administrativas como, si fuera necesario, en el correspondiente procedimiento judicial.

    Consecuencias de no disponer de este informe

    La falta de documentación contemporánea sobre el motivo económico de la operación coloca a la empresa en una posición muy débil frente a una comprobación, obligando a reconstruir años después las razones que motivaron la reestructuración, en muchos casos con menor credibilidad ante la Administración. Esta situación puede derivar en la pérdida del diferimiento fiscal aplicado, con el correspondiente coste de regularización, recargos e intereses de demora acumulados durante todo el periodo transcurrido.

    Conclusión

    Disponer de un informe pericial sobre la reestructuración FEAC que documente adecuadamente el motivo económico válido FEAC informe tras informe, operación tras operación, es una de las medidas de prevención fiscal más eficaces para las empresas que reorganizan su estructura societaria. Anticiparse a una posible comprobación futura, documentando desde el primer momento las razones empresariales de la operación, reduce de forma muy notable el riesgo de que el régimen especial sea cuestionado con éxito por la Agencia Tributaria.